Tras un fallo de la Justicia federal, el Ejecutivo publicó el decreto que pone en vigencia la norma y define el nuevo régimen de pensiones no contributivas. También designó autoridades clave en el área.
El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, luego de un fallo judicial que ordenó su aplicación inmediata y la puesta en marcha del nuevo régimen de pensiones.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y fijó como fecha límite el 4 de febrero para su implementación plena.
El conflicto se originó tras la sanción de la norma por el Congreso, en septiembre de 2025. El Poder Ejecutivo intentó impedir su aplicación mediante un veto, argumentando la falta de recursos para financiar las nuevas prestaciones. Si bien la Cámara de Diputados insistió en la promulgación y la ley fue formalmente publicada, el Gobierno suspendió su aplicación a la espera de que se definiera la fuente de financiamiento.
La controversia llegó a la Justicia a partir de un amparo colectivo presentado por O. G. J. en representación de sus hijos. El juez interviniente falló a favor de los demandantes, anuló la suspensión y ordenó la aplicación inmediata de la Ley N.° 27.793. Aunque el Ministerio de Salud y otras áreas del Ejecutivo presentaron recursos en contra, el magistrado fijó un plazo máximo de 30 días para que la normativa fuera reglamentada.
La reglamentación se concretó sobre el límite de ese plazo. El decreto establece los criterios del nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, incluyendo requisitos de acceso, procedimientos de evaluación socioeconómica e incompatibilidades con otras prestaciones. El texto sostiene que la aplicación de la ley requiere una reglamentación formal para definir procedimientos y mecanismos de control, funciones que quedan bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud.
La normativa también obliga a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica y a presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo máximo de 30 días. Además, prevé la articulación entre organismos estatales y entidades de la sociedad civil, como el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, con el objetivo de garantizar la participación federal y del sector.
El decreto reconoce la preocupación fiscal y presupuestaria, por lo que establece que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias de cada jurisdicción.
Entre los puntos centrales figura la conversión automática de las pensiones no contributivas vigentes al nuevo esquema, que pasarán a denominarse Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social. La Secretaría deberá identificar y verificar miles de beneficios para concretar esa transición.
En materia institucional, la norma centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, con el acompañamiento permanente del Consejo Federal de Discapacidad en la evaluación, implementación y control de la ley. También establece la necesidad de evitar superposiciones con otros beneficios previsionales, coordinar con políticas de inclusión laboral y realizar auditorías periódicas.
El decreto fue rubricado por Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger. En su texto, el Ejecutivo aclara que su dictado no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial: “Sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos, se propicia el dictado del decreto reglamentario”. La norma entró en vigencia con su publicación.
En paralelo a la reglamentación, el Gobierno formalizó la designación de tres nuevos funcionarios en el área de discapacidad del Ministerio de Salud, según se publicó también este miércoles en el Boletín Oficial.
El médico Alejandro Alberto Vilches fue nombrado secretario Nacional de Discapacidad. La secretaría tiene a su cargo la coordinación de las políticas públicas vinculadas a personas con discapacidad, desde la regulación de certificados hasta el diseño de apoyos específicos.
Como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos fue designado el licenciado Gianfranco Scigliano, responsable de la implementación normativa, la validación de certificaciones y la supervisión de los procesos vinculados al sector.
En tanto, el abogado Esteban Rafael Giler asumió como subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, con la función de facilitar el acceso a herramientas de apoyo social, laboral y educativo, en articulación con organismos públicos y privados.
Vilches se desempeñaba desde agosto de 2025 como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la salida de Diego Spagnuolo en el marco de una investigación por sobreprecios. Su primera tarea fue encabezar una auditoría del área para revisar el otorgamiento de beneficios.
El nuevo secretario cuenta con trayectoria en gestión sanitaria, docencia y dirección en el sistema solidario de salud. Fue secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud y tuvo a su cargo la supervisión del examen unificado para el ingreso a residencias médicas. Además, ocupó cargos en organismos estatales, obras sociales y ámbitos académicos, con actividad docente de posgrado en auditoría médica y gestión de salud.
