A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se activó el denominado Plan Guacurarí. Los detalles de la iniciativa que incluye la Creación de un Comando Unificado y se extenderá por un plazo de 180. El anuncio se produce en medio de la tensión recurrente con la administración de Lula.
La medida quedó establecida a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial
Con el objetivo de continuar abordando la seguridad en la región fronteriza del país, el Ministerio de Seguridad Nacional reforzó la acción coordinada de las fuerzas federales y provinciales en el límite comprendido entre el este de Misiones y la zona sur de Brasil.
El nuevo operativo se hizo efectiva mediante la publicación de la resolución 626/2025 en el Boletín Oficial. La normativa lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Así, el Gobierno incrementa los esfuerzos para combatir delitos federales y coordinar los recursos de seguridad tanto a nivel federal como provincial, a través del Plan Guacurarí.
De acuerdo con el documento, se trata de “una parte de una frontera seca de difícil acceso, que abarca 25 kilómetros lineales, presenta múltiples retos para el control efectivo de las actividades ilícitas, como el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero”.
Puntualmente, el texto refiere a la ciudad de Bernardo de Irigoyen, en donde el tramo señalado está delimitado por avenidas de aproximación asfaltadas en ambos márgenes, por donde ”existen varios pasos clandestinos donde la inexistencia de barreras naturales facilita su utilización para cometer ilícitos". Entre los problemas detectados, señalaron que “la idiosincrasia local se ha entrelazado con la actividad de bandas criminales que operan en la zona, algunos de los cuales ofician de intermediarios y se encuentran influidos por los grupos criminales brasileños como el Primer Comando Capital Bala na cara y, en menor medida, el Comando Vermelho”.
En este contexto, el Plan Guacurarí surge como respuesta a desafíos vinculados con actividades ilícitas. “Bandas criminales locales e internacionales han intensificado su actividad en esta zona estratégica debido a su proximidad con la República Federativa de Brasil (Municipio Dionisio Cerqueira) que incluyen grupos como el Primer Comando Capital (PCC) y otras organizaciones menores que operan como intermediarios”, sostiene el texto.
Para la implementación del operativo, crearon el Comando Unificado Guacurarí, encargado de coordinar los despliegues de interfuerzas en la región. Estará compuesto por representantes de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Además, la Policía de la Provincia de Misiones podrá designar representantes como enlaces.
Su rol principal será supervisar la ejecución de operaciones específicas para restablecer el control territorial en la frontera. Esta operación inicial se llevará a cabo durante un período de 180 días, aunque existe la posibilidad de extender este plazo si se considera necesario.
Esta nueva iniciativa se suma al Plan Güemes, que está siendo ejecutado desde diciembre del año pasado en las zonas de Aguas Blancas y Puerto Chalanas, en la provincia de Salta. Lo mismo sucede en Tartagal y Salvador Mazza; y el Plan Roca, en la frontera con Bolivia. A principios de mayo un total de1.900 efectivos del Ejército Argentino se sumaron a la operación para reforzar el control fronterizo en el norte provincial, buscando operar contra el crimen organizado.
Para el gobierno de Salta, este operativo servirá para reforzar las acciones de las fuerzas federales y provinciales, pero además tiene el objetivo específico de mejorar la vigilancia en los pasos fronterizos. El secretario de Seguridad salteño, Nicolás Avellaneda, destacó el despliegue asegurando que “se está dando un golpe muy fuerte al narcotráfico. Todos los delitos vinculados a la narcocriminalidad disminuyeron en este primer cuatrimestre”. “Tenemos una frontera muy extensa y creemos que este aporte realmente va a colaborar”, añadió.
A su vez, coincide con las medidas de inmigración impuestas por el Gobierno. La iniciativa propone incrementar las exigencias para conceder la residencia a extranjeros y establecer tarifas para ciertos servicios. Asimismo, tiene como objetivo ampliar las estrategias para deportar a extranjeros del país. “Argentina fue demasiada permisiva para quienes ingresan de forma irregular”, resumió el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante el anuncio.
