El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, criticó la “corrupción” de la “gestión anterior” en torno a los resarcimientos económicos a las víctimas del terrorismo de Estado, por los cuales, según estimó, se dieron 30.000 millones de pesos. Asimismo, reveló que el Gobierno prepara una ley reparatoria para las fuerzas de seguridad que cayeron ante las guerrillas.
“El tema de las indemnizaciones despierta curiosidad en muchos y, obviamente, sospechas en el marco de todo el universo de corrupción que día tras día se va despertando o conociendo de la gestión anterior. Este es un tema tan sensible, en el que se manejó muchísimo dinero y con un universo de beneficiarios muy alto“, arrancó el funcionario en una entrevista a Clarín.
Polarizando las posturas, reveló: “En este momento tenemos una denuncia formal presentada ante la Justicia por Jovina Luna (hermana de un muerto en un ataque de Montoneros, en Formosa). Ella exige una ley reparatoria hacia los familiares de los soldados y reclama por qué se les pagó indemnización a aquellos que se levantaron contra el orden institucional”.
Ante esto, el presidente honorario del Museo del Holocausto de Buenos Aires opinó: “Creo que es legítimo el reclamo de que aquellos que murieron defendiendo la Patria, estando bajo el régimen de la ley obligatoria del servicio militar, debían recibir una reparación del Estado. Y es legítimo, más aún, cuando los que recibieron sumas cuantiosas se levantaron contra el orden constitucional“.
“Se levantaron contra el Gobierno de Isabel Perón, en democracia y contra el orden constitucional. No fue durante la dictadura”, enfatizó Avurj. Entonces, el secretario de DD.HH. confesó: “Estamos trabajando para que haya una ley reparatoria, hay un proyecto del diputado (Mario) Arce. Con el aval de Mauricio Macri, se está trabajando para consensuarlo”.
Por su parte, estimó que se otorgaron “cerca de 30.000 millones de pesos” en indemnizaciones a las víctimas de terrorismo de Estado y acusó una “exageración” de Cristina Kirchner tras sancionar una ley que “habilitó a tener un resarcimiento económico a todos aquellos que demuestren haber sido privados de libertad desde 1975 hasta 1983, por cualquier causa política”.
“Eso abrió un universo gigantesco”, sostuvo, y agregó: “Todavía tenemos en carpetas de investigación más de 27.000 expedientes en solicitudes al Ejecutivo, habiendo nosotros procesado ya 12.000 en nuestros cuatro años, que de esas muy pocas se pagaron. Eso hace un número de casi 40 mil“, detalló el presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.
En tanto a los organismos de Derechos Humanos, muchos de los cuales se pronunciaron en contra de las medidas de Macri, manifestó que están “alineados a definiciones partidarias e ideológicas” y que “se sienten los dueños de la temática”. Asimismo, develó que los casos de Milagro Sala y Santiago Maldonado están “absolutamente cerrados” ante las denuncias en la ONU.
Por último, destacó las resoluciones que fueron llevadas a cabo por el Gobierno por el 25 aniversario de la AMIA. “Creo que es importante cuando se determinan. La denuncia del embajador de Israel es clara: cualquiera podía enarbolar una bandera de Hezbollah acá en Argentina y podía enviar plata libremente a Hezbollah para financiarlo. Tiene que ver con un tema de educación cívica”.
Fuente El Intransigente
