Por presión de la CGT, el Gobierno creará una instancia administrativa previa y obligatoria para aplicar un freno a los despidos. Se trata de un proyecto de decreto complementario al del bono de hasta $5.000 en dos cuotas de $2.500 con los salarios de noviembre y enero.
El nuevo requisito para las cesantías, de acuerdo a lo negociado hasta ahora, será para todas las desvinculaciones sin causa en el sector privado. Así lo resolvieron tras el acuerdo alcanzado este martes en una mesa de diálogo con la CGT y las principales cámaras empresarias con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, a la cabeza.
Según publica ámbito.com, la "mesa chica" de la central impuso su implementación para no llamar a un nuevo paro nacional.
La nueva instancia a cumplir por parte de una empresa antes de efectuar un despido funcionará en paralelo con el Procedimiento Preventivo de Crisis, un mecanismo que tiene el mismo propósito pero que, en los papeles, sólo opera ante casos de cesantías masivas o cierres de unidades productivas. Para los técnicos de la CGT el nuevo esquema deberá ser de cumplimiento obligatorio para todo tipo de despidos, incluso los individuales.
En uno de los borradores de decreto que Gobierno, CGT y empresarios cruzaron se establecía que ante la determinación de echar a un trabajador sin causa justificada la empresa deberá, antes, comunicarlo a la Secretaría de Trabajo y al sindicato correspondiente.
Una vez notificadas las partes se impulsará la apertura de una mesa de diálogo para sondear opciones menos drásticas como suspensiones, reducción de horas o de sueldo o cambio de tareas, explicaron los responsables de la redacción.
Los empleadores temen que la nueva instancia termine por asentarse de manera definitiva y convertirse en una traba burocrática para cualquier reorganización interna.
