Lo anunció el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel. Hasta que se defina la nueva licitación del servicio, será operado por la CABA. Una investigación reveló el mes pasado que las empresas pagaban un canon de sólo $ 55.000 por mes.
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tomó el control del sistema de acarreo de vehículos en infracción hasta que se defina una nueva licitación del servicio. La decisión fue confirmada por el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, en una conferencia de prensa.
La decisión llega después de que el partido de Elisa Carrió, la Coalición Cívica, confirmara anoche que estaba a favor de ponerle fin a esa polémica concesión, en sintonía con lo que reclamaban todos los bloques de la oposición.
El final de ese opaco negocio de la ciudad de Buenos Aires se produce a un mes exacto de que una investigación revelara los detalles y protagonistas de ese servicio: las dos empresas que operaban el sistema recaudaban millones de pesos por día y sólo pagaban de canon 55 mil pesos por mes, bajo un contrato que estaba vencido hace más de 20 años.
Tal como adelantó este medio, Miguel anunció este mediodía que el sistema pasará a ser operado por la ciudad de Buenos Aires de manera inmediata hasta que se defina los nuevos operadores. “Ya estamos trabajando en la implementación de la transición”, dijo el funcionario durante el acto.
Así, la administración de Rodríguez Larreta anunció la estatización temporaria de un servicio que estuvo signado por la polémica. En la investigación que realizaron Iván Ruíz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli, se realizó un pormenorizado detalle de cómo empezó ese negocio, en los tiempos de la intendencia de Carlos Grosso, atravesó las gestiones de Fernando De la Rúa, Aníbal Ibarra, Jorge Telerman, Mauricio Macri y la actual administración.
El antecedente inmediato fue la presión que significó, anoche, el anuncio de Carrió de que su partido se plegaría a la ofensiva de la oposición para terminar con ese negocio leonino, que perjudicaba al fisco porteño y era uno de los focos de quejas y malestar de los vecinos. El kirchnerismo, los libertarios y el trotskismo se unieron en un autodenominado “Frente Anti Grúas”: tenían una masa crítica de 28 legisladores, apenas tres menos que los necesarios para imponer su mayoría.
Con los 4 de la Coalición Cívica ya quedaba superado ese umbral, por lo que esta mañana el jefe de Gobierno porteño decidió desactivar un foco de conflicto -que tiene la interna de Juntos por el Cambio como telón de fondo- y ordenar un contrato que seguía vigente a fuerza de acuerdos políticos sotto voce y decisiones judiciales.
Un negocio opaco
En la investigación publicada el 17 de julio pasado, se detalló que la concesión del acarreo en la Ciudad de Buenos Aires estaba hasta hoy en manos de Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI).
Según el informe periodístico, “Dakota tiene como presidente y cara visible a Marcelo Violante, que se hizo cargo de la empresa que manejaba su tío, el empresario Reinaldo Niella. Violante además está relacionado a otras dos empresas que ganaron en los últimos tres años otras concesiones del gobierno porteño”.
“BRD, en tanto, es presidida hoy por Bernardo Marcelo Pérez y tiene a Ricardo Chiantore como vicepresidente. Ambos tomaron la posta de sus padres, José Ricardo Chiantore y Bernardo Manuel Pérez, que conservan el cargo de directores, junto a Carlos Alberto Tomé”, indicaron los periodistas que realizaron la investigación que precipitó el final de un negocio signado por la polémica y las sospechas.
Repercusiones políticas
El diputado porteño por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, tras el anuncio de la estatización temporaria de las grúas manifestó: “Larreta anunciaría la estatización del servicio de acarreo. Es una respuesta de emergencia ante el escandalo que generó el negociado con empresas amigas que pagan un canon absurdo de $ 55.000. Pero ojo, que ahora quieren extender el acarreo a toda la Ciudad”.
Por su parte, Facundo Del Gaiso, el legislador que responde a Elisa Carrió afirmó: “Hoy se terminan 21 años de la licitación más irregular de la Ciudad . Desde la Coalición Cívica las hemos denunciado en muchas oportunidades, sería bueno que la sociedad sepa por que cada vez q se estaban por adjudicar el proceso se judicializaba”.
Por su parte, el diputado porteño por el kirchnerismo Juan Manuel Valdés, tras conocerse la decisión de Larreta aseguró: “Es un logro de la oposición que constituyendo el Frente Anti Grúas puso sobre la mesa este negociado que recauda a expensas de los contribuyentes. Esperamos un sistema de tránsito que priorice el derecho a la circulación y no el lucro de unos vivos”.
