La Justicia le prohibió al Gobierno entregar un bono de $5.000 a los jóvenes antes de las elecciones. La jueza María Servini hizo lugar a una medida cautelar y le ordenó al ministro de Cultura que se abstenga de disponer de los fondos hasta después del 14 de noviembre.
La jueza federal María Servini hizo lugar a una medida cautelar y frenó el lanzamiento de un bono de $5000 denominado “Más Cultura Joven” hasta después de las elecciones del 14 de noviembre.
El Programa, a cargo del Ministerio de Cultura que dirige Tristán Bauer, estaba destinado a jóvenes entre 18 y 24 años y busca “reducir la brecha económica existente en el acceso a los bienes y servicios culturales”. Según se informó oficialmente, otorga un monto de $5.000 a cada beneficiario/a, que podría ser utilizado entre el 1° de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022 en consumo de bienes y/o servicios culturales.
Por las restricciones que impone el Código Electoral, y ante la denuncia de un ciudadano, la jueza Servini dispuso una orden de restricción al ministro de Cultura Tristán Bauer “al sólo efecto de que se abstenga de disponer de los fondos de dicho Ministerio, para dar cumplimiento con la Resolución N° 1499/21, hasta pasadas las elecciones generales previstas para el día 14 de noviembre próximo”.
El denunciante sostuvo que la entrega de los bonos durante el proceso electoral viola el artículo 64 quáter del Código Electoral Nacional. “La decisión política aquí atacada ha sido tomada en el marco de un avanzado cronograma electoral”, dice la presentación. Y agrega que “la entrega de la suma de $5000 a cada persona, encubierta bajo el programa que pretende materializar a 13 (trece) días de las elecciones del día 14 de noviembre, es un acto ilegítimo que ponen en tela de juicio la garantía que el Estado nacional debe asegurar a los electores”.
Teniendo en cuenta que el Programa ya fue lanzado y de hecho esta semana comenzó la inscripción on line, el denunciante pidió que se dicte una medida cautelar con carácter urgente de no innovar contra el Ministro de Cultura de la Nación.
Servini hizo lugar a ese pedido teniendo en cuenta que quedan pocos días para las elecciones: “Entiendo que se encuentran reunidos los requisitos legales previstos por el artículo 230 del C.P.C.C.N. y, en consecuencia, la medida cautelar requerida se determinará en estas actuaciones, en base a la urgencia del caso y con el único fin de proteger adecuadamente el derecho al voto de todos los ciudadanos”.
El programa lanzo por Bauer está dirigido a beneficiarios de todos los niveles del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) que funciona en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación y a titulares de la Asignación Universal por Hijo/a (AUH). Según el anuncio oficial, el crédito de $5000 era para utilizar en cines, teatros, espectáculos musicales, ferias y festivales, librerías, entre otros lugares.
El “plan platita” que bautizó el candidato bonaerense Daniel Gollan se instaló en el escenario electoral para graficar las medidas del oficialismo que apuntan a retener y recuperar votos que no los acompañaron el pasado 12 de septiembre.
Ese plan del Gobierno nacional se extendió a varias provincias. En San Luis, la administración provincial lanzó un plan en donde estableció que el piso salarial para los trabajadores de la provincia tiene que ser $ 70.000 de bolsillo, por lo que en el caso de los empleados del sector privado que no lleguen a esa cifra será el Estado provincial quien cubrirá la diferencia. Otro gobernador que apunta a obtener una victoria el próximo 14 de noviembre y que pone en juego su cargo es el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Por eso anunció un bono récord de $90.000 para todos los agentes de la administración pública provincial y un aumento del sueldo básico del 57 por ciento.
En ese contexto, la Cámara Nacional Electoral creó a principio de mes una Secretaría especial que se encargará de tramitar las causas por delitos, faltas o infracciones que se cometen en los contextos de comicios. Son los delitos electorales que van desde falsificar documentos oficiales de una elección, incumplir con las funciones de ser autoridad de mesa o hacer fraude.
