El oficialismo y los diputados dialoguistas consensuaron un texto común. La sesión será este jueves y estiman que durará al menos 14 horas.
Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas avanzó con la firma de un dictamen unificado de mayoría del paquete fiscal que se debatirá el próximo jueves en la Cámara de Diputados junto con la Ley Bases.
Como parte del acuerdo entre el oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista (PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal) se resolvió -con 27 firmas y 4 disidencias parciales- aceptar todas las modificaciones que hicieron los senadores a excepción de tres puntos.
La restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias sigue siendo la cuestión más problemática. Justamente por eso los gobernadores de Juntos por el Cambio también se involucraron personalmente en las negociaciones y hoy se reunieron con referentes de diferentes bloques para dejar en claro su interés en que se insista con la versión del proyecto que salió de Diputados.
Ese artículo fue rechazado en el Senado por 41 votos en contra contra 31 a favor. La versión de Diputados proponía subir el mínimo no imponible a $1.800.000 brutos para los solteros y a $2.200.000 para los casados con hijos. Así, volverían a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores con alícuotas que van del 5% al 35%.
En caso de ser ratificada la versión original, por Ganancias el Estado recaudará el equivalente a 0,16 del PBI que irá al Tesoro y el equivalente al 0,24 del PBI que será coparticipable con las provincias.
La restitución del impuesto a las Ganancias es rechazada de forma enfática por los gobernadores patagónicos ya que quedarían alcanzados gran parte de sus trabajadores del ámbito privado y estatal debido a que tienen sueldos altos por el régimen salarial de las zonas desfavorables y las actividades que realizan (por ejemplo, los petroleros y los trabajadores de los puertos).
Al mismo tiempo, algunos diputados dialoguistas de provincias gobernadas por el peronismo manifestaron algunos reparos porque entienden que “pagarán el costo político” de subir el impuesto mientras que beneficiarán a gobernadores con los que compiten en el territorio y que encima mandan a sus legisladores a votar en contra.
