El cuerpo abarca a diferentes ámbitos políticos, a los sindicatos y al empresariado. Buscan acordar la reforma previsional, laboral y otras más que impulsa la Casa Rosada. La próxima reunión será el 20 de julio
La primera foto del Consejo de Mayo. Gerardo Martínez, Carolina Losada, Federico Sturzenegger, Guillermo Francos, Alfredo Cornejo, Cristian Ritondo y Martín Rappallini.
Después de más de un año de haber sido anunciado, el Gobierno finalmente dio inicio este martes por la mañana al Consejo de Mayo, el cual busca acordar reformas estructurales y proyectos de ley acordes con lo firmado por el presidente Javier Milei y 19 gobernadores en el Pacto de Mayo.
Este cuerpo multisectorial fue inaugurado en un encuentro realizado en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, el cual duró una hora y media y estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su carácter de presidente del Consejo.
Allí lo acompañaron los seis consejeros designados por decreto: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.
La reunión de esta mañana tuvo un carácter inaugural y no se profundizó sobre ninguna de las reformas que busca implementar el Gobierno Nacional. En tanto, sí se acordó que en diciembre se pueda finalizar un documento final que contenga las reformas detalladas en el Pacto de Mayo.
El Consejo de Mayo fue anunciado por Milei el 25 de mayo del año pasado. Allí detalló que tendría la responsabilidad de trabajar en proyectos de ley que materialicen los principios adoptados en el Pacto de Mayo, el cual consta de 10 cláusulas adheridas por 19 gobernadores (menos Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego):
- inviolabilidad de la propiedad privada,
- equilibrio fiscal innegociable,
- reducción del gasto público,
- educación con alfabetización plena y sin abandono escolar,
- reforma tributaria,
- rediscusión de la coparticipación federal,
- explotación de los recursos naturales del país,
- reforma laboral moderna,
- reforma previsional
- y apertura al comercio internacional.
Los miembros del Consejo se reunirán una vez por mes, siendo el 20 de julio el próximo encuentro. Se espera que para entonces cada uno de los integrantes vuelva con una devolución y una lista de prioridades sobre qué temas comenzar a tratar primero.
Uno de los puntos que podría generar tensión es la reforma laboral que quiere impulsar el Gobierno, así como los diferentes sectores políticos y empresarios. Al respecto, Gerardo Martínez, el representante de la CGT, afirmó que no avala de manera directa una reforma, pero que se puede conversar una suerte de “modernización” que cuente con el aval de la central obrera.
Los integrantes del Gobierno son todos referentes -de diferentes sectores- con los que el Gobierno tiene buen vínculo.
La elección de Martínez como representante de los gremios no es casual. Es uno de quienes mejor diálogo tiene con el Gobierno, que se inspiró en el modelo de cese de la UOCRA para la modernización laboral que impulsó la Casa Rosada el año pasado. Al llegar a la reunión, el sindicalista indicó que iba a las mismas consignas que viene impulsando la CGT y que dijo en la OIT, donde repudió la “imposición de un techo a la negociación salarial” y la “criminalización de la protesta”. Rappallini, en tanto, fue escueto y habló de que, además de la laboral, “son muchas las reformas que hay que abarcar para transformar la Argentina”.
En cuanto al ámbito estrictamente político, Cornejo es uno de los gobernadores que tiene más diálogo fluido con la Casa de Gobierno, aunque por estas semanas se está terminando de negociar si es viable una alianza política en Mendoza, algo que parece probable, pero que no está exenta de tensiones relativas.
En tanto, Losada es una de las legisladoras con las que más dialogan los interlocutores de La Libertad Avanza, mientras que Ritondo es el alfil del PRO en Diputados con el que el Gobierno negoció las diferentes estrategias legislativas a lo largo de la Presidencia de Javier Milei. Estas tratativas ahora se trasladaron al ámbito electoral, donde el diputado es el principal responsable de conversar de la alianza con LLA-PRO con el armador libertario Sebastián Pareja.
Al momento de la firma, muchos gobernadores estaban convencidos de que la firma del Pacto, convertida en una ampulosa ceremonia en Tucumán, iba a tener una escueta implementación en los meses posteriores. Efectivamente, aquello fue lo que sucedió. Incluso fuentes del Gobierno admitían que no iban a llamar a la concreción de ese Consejo si es que no tenían los incentivos para hacerlo.
Pero en los últimos meses cambió el panorama. La relación de la Casa Rosada con los gobernadores se deterioró producto de que estos últimos reclaman de que Nación no está girando los fondos suficientes que precisan las provincias y que no se ocupa de cuestiones fundamentales como obras de infraestructura.
Lo mismo sucede en el ámbito legislativo. El oficialismo de La Libertad Avanza vio mermar su esquema de alianzas que durante casi un año le permitió rechazar cualquier iniciativa de la oposición no-dialoguista. Que algunos de los aliados circunstanciales del Gobierno apoyaran (o que contribuyeran con su abstención) la media sanción del aumento para las jubilaciones y de fondos por discapacidad, las cuales son iniciativas de alto costo fiscal, resultaron una primera alerta para el Gobierno. Algunas relaciones se deterioraron tanto que el Gobierno percibe que no tiene completamente asegurados los votos para sostener los vetos que va a firmar Milei.
