El Gobierno dispuso la emergencia en materia penitenciaria por tres años a raíz de la sobrepoblación carcelaria, déficit habitacional, cantidad de detenidos sin sentencia. También emitió duras críticas al Poder Judicial, por la escasa utilización del sistema de videoconferencias y la limitación de las audiencias solo a los horarios de atención al público.
“El déficit habitacional persiste y, según lo señalado por el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia intracarcelaria”, advirtió el Ministro de Justicia Germán Garavano en la resolución.
También se dispuso la creación de una comisión de emergencia en materia penitenciaria que deberá resolver el déficit habitacional, mejorar las condiciones de privación de la libertad y promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables.
Según datos emanados del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274, mientras que el Servicio Penitenciario Federal ha informado que los internos alojados al 13 de marzo de 2019 ascienden a 13.773.
En la misma resolución informó que capacidad operativa de alojamiento ideal a esa última fecha alcanza las 12.235 plazas, lo cual determina una sobrepoblación superior al 12%.
El Ministerio añadió que “mientras no pueda concretarse el traspaso de los aludidos órganos judiciales al ámbito de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, el alojamiento y la custodia de las personas privadas de libertad por disposición de los tribunales nacionales en lo criminal y correccional con asiento en dicha Ciudad continúa a cargo del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, hecho que también resiente las capacidades físicas de alojamiento de personas con las que cuenta dicho organismo”.
