La tensión entre el Gobierno y la Iglesia, con cruces sobre la situación social como el que sucedió en Mar del Plata y el malestar de fondo por la despenalización del aborto, genera a su vez complicaciones en el objetivo trazado por Mauricio Macri para intentar bajar la conflictividad. Con un discurso compartido con los obispos cercanos al Papa Francisco, los movimientos sociales anunciaron que el jueves irían a los hipermercados a pedir alimentos. Carolina Stanley -ministra de Desarrollo Social- convocó para esta semana a una reunión de la mesa de diálogo, cortada desde diciembre. A diferencia del año pasado, de entrada no hubo invitación para los representantes de la Iglesia, aunque hoy se confirmaría la participación.
La Semana Social organizada por la Iglesia en Mar del Plata funcionó como un nuevo reflejo de la relación tirante. En la Casa Rosada cayó pésimo el discurso de monseñor Jorge Lugones, en presencia de María Eugenia Vidal y Stanley. El presidente de la Pastoral Social sugirió que el oficialismo abrió el debate sobre el aborto para tapar la complicada situación social y cruzó a Vidal -había dicho que gobernar es “hacer y estar”- de manera directa: “Están bien los verbos estar y hacer pero hace falta el sentir, la sensibilidad social”. Lugones forma parte de la nueva cúpula de la Iglesia en línea con el Papa. Oscar Ojea -titular del Episcopado- pidió que el ajuste “no lo paguen los más pobres”, en un discurso más medido. Unos días después Vidal anunció el adelanto del medio aguinaldo a los estatales bonaerenses, una suba en la jubilación mínima y un aumento en el alcance y la cifra de las asignaciones familiares.
“Por momentos directamente fue de mala educación. La Iglesia siempre mostró preocupación por la situación social, pero esto fue un mensaje por el aborto. ¿Para que nos invitan?”, dijo a Clarín un alto funcionario con relación con ese sector. Habrá intentos de acercar posiciones, aun con la tensión por la despenalización del aborto con el tratamiento en el Senado. Macri insistió en la “libertad de conciencia” más allá de su postura personal en contra del proyecto, aunque en Diputados hubo empuje para que se aprobara. Santiago de Estrada -secretario de Culto- viajó al Vaticano a reunirse con el Papa para tratar de recomponer. Vidal y Stanley habían visitado a Francisco hace tres semanas.
Con el objetivo de bajar la conflictividad ante la perspectiva económica sombría-, Macri ordenó explorar negociaciones en varios frentes: firmó el decreto para agregar un 5% de aumento a las paritarias ya cerradas y delegó en Jorge Triaca -ministro de Trabajo- los contactos con los gremios, luego del paro general; Rogelio Frigerio -Interior- buscó calmar los reclamos de cámaras y sindicalistas de la construcción por el recorte en la obra pública y acercar posiciones con los gobernadores para el Presupuesto 2019.
Stanley tenía previsto convocar a la mesa de diálogo con los movimientos sociales y la Iglesia para fines de junio, y ante la demora Barrios de Pie, CTEP y la CCC -el llamado trío de San Cayetano, con vínculos con la Iglesia- anunciaron protestas en las puertas de los hipermercados. "El Gobierno no comprende la gravedad de la situación. No vamos a permitir que el ajuste recaiga principalmente sobre los pobres", cuestionó Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, y se apoyó en estimaciones de la UCA para reforzar el reclamo: la pobreza en niños alcanza el 48,1% y el 33,8% depende de los comedores.
El Gobierno convocó para el miércoles, por el momento sin invitación a la Iglesia como sucedía hasta diciembre. "Las organizaciones quedaron en responder el lunes (hoy) si viene alguien de la Iglesia", contó un funcionario. "Vamos a ir con la Pastoral Social o algún otro obispo. Si ellos lo vetan, no aceptamos la reunión", advirtió Menéndez. Fernando Maletti podría asistir a la mesa. Un factor de distensión: ese mismo día se tratará en Diputados el proyecto de expropiación de terrenos para barrios populares, uno de los pedidos de los movimientos.
El Gobierno planea usar la “salvaguarda” de hasta $13.500 millones incluida en el Memorándum del acuerdo con el FMI para un gasto adicional “en la protección de los más vulnerables” si empeoran las condiciones sociales. “Va a ir a la Asignación por Hijo y por embarazo. Es la manera más efectiva para llegar a cuatro millones de chicos”, estimaron en la Casa Rosada. Las organizaciones pidieron 35% de aumento de la AUH (desde junio $1.577) y del salario social complementario, (en $5.000 a partir de julio), el tratamiento de tres proyectos (leyes de Emergencia Alimentaria, Adicciones y Agricultura Familiar) y un cupo de trabajo en la obra pública para las cooperativas.
