El ajuste promedio será del 36%. Es una porción de la tarifa final, por lo que el impacto en las boletas hogareñas será menor a esa cifra.
El Gobierno autorizó incrementos del 36% en el valor del gas en la porción correspondiente a las distribuidoras y del 60% para las transportadoras a partir de marzo, que en conjunto tendrán un impacto menor en la tarifa final que los usuarios pagarán a partir de abril.
Es uno de los componentes del precio final de la factura, con lo cual el aumento que sufrirán los usuarios estará por debajo de esa cifra. En tal sentido, el impacto promedio será del 17% para los usuarios residenciales y del 14% para las pequeñas y medianas empresas.
La medida se dispuso mediante el decreto 91/2022 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, luego de las audiencias públicas llevadas a cabo el 19 y el 31 de enero.
En el decreto se ratifican las adendas a los acuerdos transitorios de renegociación entre las compañías distribuidoras y transportadoras, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ministerio de Economía, suscriptas el 18 de febrero.
Los incrementos regirán a partir del martes 1 de marzo para las compañías transportadoras TGN (Transportadora de Gas del Norte) y TGS (Transportadora de Gas del Sur) y para las distribuidoras Metrogas, Naturgy Ban, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Distribuidora de Gas Cuyana (Ecogas), Distribuidora de Gas del Centro, Litoral Gas, Gas Nor y Gas NEA.
El impacto en la tarifa final será variable para cada distribuidora, teniendo en cuenta que en el precio de la factura se tienen en cuenta cuatro factores: el precio del gas en boca de pozo, el transporte, la distribución y la carga tributaria, compuesta a su vez de impuestos nacionales y provinciales y tasas y contribuciones municipales.
En la audiencia pública del 19 de enero, Ecogas había solicitado un incremento promedio del 24% en las facturas de los usuarios residenciales mendocinos.
Los ajustes tarifarios que resulten de la combinación de esos cuatro factores se aplicarán luego de un virtual congelamiento de casi tres años, período en el que solamente hubo un aumento de 6% en mayo de 2021.
Como la evolución de la tarifa no acompañó a la inflación ni a las variaciones de costos, el Estado debió hacerse cargo de la diferencia a través de un incremento en los subsidios.
Al respecto, en la audiencia del 31 de enero la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, indicó que si se mantuvieran las tarifas de 2021, haría falta un desembolso adicional de $81.000 millones para este año, ya que el Estado cubre el 70,9% del costo total de la demanda prioritaria.
De acuerdo con estimaciones de la Subsecretaría, ese 70,9% representaría este año un monto total de $ 216.365 millones, y como el proyecto de Presupuesto que no fue aprobado asignaba una partida de $ 135 mil millones, se necesitaría una erogación adicional de $ 81.000 millones.
En cambio, si el Estado cubriera el 44,4% en vez del 70,9%, no harían falta partidas adicionales, de acuerdo con los distintos escenarios presentados en la audiencia.
Videla precisó que el costo impositivo representa el 24% de la tarifa final, en tanto el costo del gas en promedio representa el 60%.
