Las autoridades nacionales desestimaron en todo momento el impacto de la medida de fuerza convocada por la CGT y el Gabinete se mostró trabajando. Sin embargo, reconocen que el cese de actividades produjo una pérdida económica de casi 900 millones de dólares.
El Gobierno minimizó el impacto del paro general que protagonizó este jueves la CGT al considerar que “fue un fracaso” y tuvo el rechazo de “la gran mayoría de la población”, aunque reconoció que la medida de fuerza generó una pérdida económica para el país de casi 900 millones de dólares.
Desde la mañana, las autoridades nacionales desestimaron el efecto del cese de actividades e incluso el propio presidente Javier Milei se mostró trabajando en la Casa Rosada junto a su Gabinete.
Por su parte, el vocero Manuel Adorni difundió temprano un mensaje a través de su cuenta de Whatsapp, en el que recordó que estaba disponible la línea de teléfono 134 para denunciar amenazas por no adherir a la protesta.
Además, en esa comunicación el funcionario remarcó que “este es el paro de la casta sindical kirchnerista de los Moyano, que por tercera vez dejan sin trabajar a millones de argentinos”.
“Dejan al trabajador sin tren ni subte mientas ellos se mueven en autos importados. Hablan de ‘justicia social’ y viven en los barrios privados más caros. Están atrincherados en el poder político-sindical, enquistados en el nido de la casta. El avance de la libertad implica el fin de sus negocios y, como los animales salvajes cuando están acorralados, contraatacan para sobrevivir”, agregó.
En tanto, Milei retuiteó un posteo del diputado Damián Arabia, cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el que se criticó la medida: “Buen jueves para todos menos para los muchachos que organizan el tercer paro general en un año, pero que mientras se choreaban un PBI y arruinaban el país estaban calladitos, estafando a sus afiliados y haciéndose millonarios”.
Ya en la previa de la huelga, las autoridades nacionales insistían con que la decisión de la CGT beneficiaba al oficialismo “porque la mayoría de la gente quiere ir a trabajar y está cansada de esto”.
Ya por la noche del jueves, luego de una jornada en la que varios comercios estuvieron abiertos y la protesta tuvo poca adhesión, en la Casa Rosada consideraban que la medida fue encabezada “por el tren fantasma”.
En este sentido, en Balcarce 50 aseguran que el paro no tuvo gran acatamiento, además de por el servicio de colectivos, que no se vio afectado, por la poca representación de los líderes sindicales.
“Tuvo un 95% de rechazo, la gran mayoría de la población está en contra de ellos”, argumentó una fuente cercana a Milei, poco antes de que finalizara el día.
Esta cifra se basa, principalmente, en que fue el porcentaje de negocios que estuvieron abiertos en la ciudad de Buenos Aires, según la Federación de Comercio e Industria (Fecoba).
No obstante, en el Poder Ejecutivo había cierto malestar con la cúpula cegetista, ya que entendían que “no había ningún motivo para parar” y fue “una decisión política”.
En pleno cese de actividades, de hecho, el oficialismo impulsó en el Congreso la modificación de las leyes que regulan la denominada “cuota solidaria”, un descuento aplicado a los salarios de los trabajadores para financiar actividades sindicales.
Durante una reunión de la Comisión de Legislación Laboral, la diputada Romina Diez, que responde directamente a Karina Milei, también presentó una propuesta de desregulación significativa en el ámbito del trabajo.
La santafecina plantea cambios en las modalidades de trabajo, siempre que no se alteren elementos esenciales del contrato, y elimina el aporte solidario. También introduce medidas como la creación de un banco de horas y otras reformas similares a las establecidas en el Decreto 70/2023, cuya implementación está actualmente paralizada por la Justicia.
Contrario a la posición del Gobierno, durante una conferencia de prensa, el co-secretario general de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, opinó que el paro fue “un éxito” y sostuvo que “no puede existir una Argentina con precios libres y salarios pisados”, porque tal escenario “no tiene sustentabilidad social”.
