Tanto Cancillería como el Ministerio de Seguridad exploran alternativas para que Venezuela deje en libertad a Nahuel Agustín Gallo, el suboficial que había viajado para visitar a su pareja y a su hijo de dos años y fue apresado por Migraciones al ingresar al país caribeño.
Por distintas vías, el Gobierno argentino trabaja para lograr la liberación de Agustín Naguel Gallo, el gendarme detenido por el régimen de Nicolás Maduro cuando había llegado a Venezuela para visitar a su familia.
Según confirmaron fuentes oficiales, Cancillería explora alternativas con los gobiernos de Colombia y Brasil para que intercedan ante las autoridades venezolanas. La situación es aún más compleja, afirmaron, tras la detención de un empleado local de la Embajada argentina en Caracas.
De todas formas, aclararon que la principal alternativa de negociación es Colombia, ya que el gobierno brasileño también pasa por un momento complicado en la relación con el régimen venezolano.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich trabaja para recolectar todos los papeles que demuestran que el gendarme viajó porque tiene su familia en Venezuela. Según informaron, la pareja de Gallo viajó a Caracas hace aproximadamente 7 meses junto a su hijo de 2 años porque tiene a su madre enferma y tenía que atenderla. El gendarme viajó por primera vez días atrás, pero fue detenido por Migraciones.
“Estamos conversando con la madre para darle tranquilidad y viendo los mecanismos para que lo devuelvan”, explicaron las fuentes.
El hecho trascendió este viernes cuando se supo de la detención de Gallo luego de que viajara a ese país para visitar a su pareja y su hijo, quienes tienen nacionalidad venezolana. Lo acusan de ejercer tareas de espionaje. “Es una locura”, respondieron automáticamente desde el gobierno de Javier Milei, desterrando de plano esta posibilidad.
El gendarme, oriundo de Catamarca, había sido designado a una misión en Colombia y decidió viajar al país que está bajo el régimen de Nicolás Maduro para visitar a su familia. El hecho habría sido informado el pasado martes por lo que las autoridades argentinas trabajan para resolver el caso.
“La Argentina no tolerará actos de esta naturaleza contra sus ciudadanos”, reclamaron en un comunicado difundido por la Cancillería Argentina y el Ministerio de Seguridad. Según explicaron, Agustín Nahuel Gallo ingresó el pasado 8 de diciembre “al territorio de la República Bolivariana de Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, cruzando el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, para dirigirse a la localidad venezolana de Táchira, con el único propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común”.
Desde el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) emitieron un comunicado en el que denunciaron la detención del gendarme argentino y agregaron: “A una semana de su secuestro, no se tiene información oficial sobre su paradero ni sobre su estado, lo que constituye una grave violación a los derechos humanos y a las normas internacionales”.
“Este acto se suma a las tácticas de terrorismo de Estado del régimen venezolano, que utiliza el secuestro y la intimidación como herramientas para presionar a Gobiernos democráticos y perpetuar su dictadura. Exigimos la inmediata liberación de Nahuel Agustín Gallo y reiteramos nuestro compromiso de luchar por la democracia, los derechos humanos y la justicia en nuestra región. No más atropellos. No más dictaduras en América Latina”, concluyeron.
También la ministra Bullrich se expresó a través de las redes sociales para exigir la liberación de Gallo. “Maduro, cada minuto que lo retengas va a ser un paso más hacia tu propio fin”, advirtió.
Desde Gendarmería Nacional Argentina informaron que “Gallo se encontraba en Venezuela con licencia anual ordinaria, autorizada por la GNA, lo que sugiere que su presencia en el país no tenía relación directa con operaciones oficiales”.
La ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina se profundizó con las acusaciones de fraude electoral en las últimas presidenciales. Desde agosto, la Embajada de Argentina en Venezuela permanece bajo la protección de Brasil, después de la expulsión de los diplomáticos argentinos. Además, allí residen seis dirigentes del equipo de la líder opositora Corina Machado que están recibiendo asilo porque pesa sobre ellos una polémica orden de detención. Las personas que están refugiadas son Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola y Magalí Meda.
El jueves, Argentina, Estados Unidos, Chile y otros diez países presentaron en la OEA una declaración conjunta para exigir “la concesión inmediata” de los salvoconductos para los seis opositores asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas con el objetivo de que puedan salir del país sin ser detenidos.
Cancillería denunció otro detenido
Horas después de que el gobierno de Javier Milei pidiera la liberación de Gallo, la Cancillería Argentina denunció otro arresto. Por medio de un comunicado, informaron que se encuentra preso “un empleado local de la representación diplomática argentina en la República Bolivariana de Venezuela”.
El Gobierno argentino condenó este viernes con firmeza la detención “arbitraria e injustificada” de un empleado local de su representación diplomática en la República Bolivariana de Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. La Cancillería calificó esta acción como una “violación flagrante e inaceptable de las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección de su personal, incluidos aquellos que desempeñan funciones esenciales”.
A su vez, se denunció que la detención no consiste en “un hecho aislado, sino parte de una campaña sostenida de hostigamiento, intimidación y violencia psicológica contra los asilados y empleados de la misión argentina”.
En ese marco, se planteó que también “se suma la presencia de francotiradores apostados frente a la sede y la ocupación ilegal de las viviendas vecinas, configurando un cerco de facto con el claro objetivo de ejercer presión y generar un clima de terror sobre quienes se encuentran en el interior de la representación diplomática”.
Por tal motivo, el Gobierno argentino exigió “de forma categórica la liberación inmediata del empleado local y la entrega de los salvoconductos para las personas asiladas en la sede diplomática”, indica el comunicado publicado en las redes sociales.
