El Gobierno argentino apelará la decisión del juez Thomas Griesa, que finalmente le dio la razón a aquellos acreedores que se sumaron a la demanda ya ganada por fondos buitre y obliga a la Argentina a pagar U$S5400 millones.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió un comunicado en el que sostiene que estos demandantes son los mismos fondos buitre que ya obtuvieron una orden similar en el pasado, pero que ahora se disfrazan en nuevas causas como "me too", con el objetivo de generar más presión y la pretensión de multiplicar la estratosférica ganancia que les ofrece el Juez Griesa.
De acuerdo con reportes de agencias internacionales, Griesa sostuvo que la Argentina deberá desembolsar ese monto en cumplimiento del criterio de "me too" (yo también) que obliga a un tratamiento en igualdad de condiciones a los acreedores que se sumen a la demanda y así lo reclamen.
Según el Gobierno, "queda claro así que la presión para que la República pagara 1600 millones de dólares a los fondos buitres no constituía una solución, sino que abría la puerta a nuevos y mayores reclamos".
"El reclamo de los fondos buitre excede enormemente los 1.600 millones de dólares y por eso no dudan en utilizar todos los medios necesarios para continuar intentando extorsionar a la República. Para ello utilizan su enorme capacidad financiera y de lobby, y apoyados en el aval de la justicia de los Estados Unidos, actúan en desmedro de la gran mayoría de los acreedores de nuestro país", agregó.
El comunicado de prensa concluye con la idea principal de la Argentina tras el fallo: presentar ante el ante el Segundo Circuito una apelación contra esta nueva decisión ilegal del Juez Griesa, y reiterar su voluntad de acordar con el 100% de sus acreedores en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables..
