El canciller Héctor Timerman denunció una operación contra el Gobierno "interferir en el proceso electoral". Para el canciller, la reunión convocada hoy en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar la situación del Poder Judicial en nuestro país fue una "operación político-mediática".
"El Gobierno argentino denuncia que dicha audiencia fue una burda operación político-mediática para interferir en el proceso electoral argentino orquestada por sectores vinculados a la oposición y al Grupo Clarín", dijo Timerman.
Hoy, en un gesto inédito, la Cancillería que lidera Timerman intentó, sin éxito, impedir una reunión convocada en la CIDH para analizar la situación de la Justicia en Argentina. La audiencia que molestó al Gobierno fue convocada por organizaciones no gubernamentales y fue incluida en el calendario habitual de sesiones periódicas del organismo.
El Estado fue convocado como parte pero decidió no concurrir. Luego, la Cancillería pidió que "se cancele" la audiencia sobre la hora.
"La Argentina ha rechazado la referida convocatoria a esa audiencia por considerarla inaceptable, inadmisible e improcedente. La Comisión tiene la obligación de evaluar la seriedad tanto de la denuncia como de los denunciantes y no simplemente, como ocurre en este caso, deslindar la responsabilidad de rechazar una causa a todas luces inexistente", dijo Timerman.
"Hace más de un mes la Embajadora ante la OEA Nilda Garré se comunicó con el Secretario General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para explicarle las implicancias negativas que la OEA trate un tema que forma parte del debate electoral a 48 horas de las elecciones nacionales.", agregó.
Vínculos con la oposición
Luego, Timerman repasó los supuestos vínculos de las ONG organizadoras con diferentes partidos de la oposición. "Todos los solicitantes de la referida audiencia actúan como voceros de operadores políticos con intereses concretos en la elección del domingo 25. En efecto, las asociaciones que requieren esta audiencia no están ajenas al referido proceso electoral, toda vez que han funcionado en los últimos años como espacios políticos de y para quienes ejercen o ejercieron sus cargos ejecutivos", dijo.
En este sentido, Timerman destacó los vínculos políticos de Poder Ciudadano, Asociación por los Derechos Civiles, Unidos por la Justicia y CIPPEC, que organizaron el debate: "La diputada nacional por el PRO, Laura Alonso , fue Directora Ejecutiva de Poder Ciudadano inmediatamente antes de postularse como candidata; Unidos por la Justicia tiene como director académico a Germán Garavano, ex Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires y referente del mismo partido político y Álvaro Herrero asesor del candidato opositor Sergio Massa y miembro de Poder Ciudadano; Alejandro Carrió, abogado del grupo mediático opositor Clarín, es el vicepresidente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); y Nicolás Ducoté, Subsecretario de Asuntos Públicos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la actual gestión del candidato presidencial Mauricio Macri (PRO), es referente y miembro del Consejo de Fundadores de CIPPEC".
"Como resultado de todo este proceso y esta reflexión es penoso y lamentable concluir que la Comisión, que tanto ha hecho en su función principal de promover la defensa de los derechos humanos durante las dictaduras cívico-militares que asolaron el continente, hoy no acompaña con la misma sabiduría, convicción y criterio los procesos democráticos en América", concluyó.
La respuesta de Poder Ciudadano
Según Poder Ciudadano, en la audiencia se solicitó que se inste al Estado argentino a disponer las medidas necesarias para garantizar la independencia de los jueces y juezas, especialmente "aquellos/as que tienen a cargo investigaciones por supuestos hechos de corrupción, evitando interferencias por parte del propio Estado".
La ONG indicó que "desde la CIDH se decidió por unanimidad no dar lugar al reclamo" del Gobierno de suspender la audiencia.
