El oficialismo tomó las recomendaciones del PRO, la UCR y HCF respecto a la fórmula de movilidad jubilatoria, privatizaciones y retenciones a las economías regionales, entre otras cuestiones. Trabajarán durante el fin de semana sobre la redacción final de cada artículo. La sesión sería el próximo jueves.
Tras varios días de negociaciones sobre eventuales reformas a la Ley Ómnibus, el Gobierno envió a la Cámara de Diputados a funcionarios de primera línea para acercar posiciones con la oposición dialoguista y quedó cerca de alcanzar un acuerdo.
Los primeros en entrar al despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fueron el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el principal estratega del Gobierno, Santiago Caputo, fueron los encargados de informar las modificaciones que Javier Milei estaba dispuesto a aceptar.
Desde el PRO señalaron que el oficialismo está tomando “muchas sugerencias” y que ya se modificaron cerca de 100 artículos. Sin embargo, remarcaron que todavía hay algunos puntos que todavía falta discutir.
“Estoy seguro que nos encaminamos para que la semana que viene tenga media sanción la ley que estamos debatiendo”, dijo Ritondo tras la reunión. El acuerdo con el PRO llega al 95%, según explicaron a este medio.
Tras este primer encuentro con el PRO, los representantes del Gobierno recibieron en el despacho de Presidencia a Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de la UCR. Luego ingresaron los representantes del bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto.
Rodrigo de Loredo explicó que Francos y Caputo llegaron con un borrador con un punteo “a trazo grueso” de todos los cambios que el Gobierno aceptó.
Entre los puntos que generaban más diferencias, los libertarios habrían propuesto eliminar la fórmula actual de movilidad jubilatoria para reemplazarla por una actualización en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior. Es decir, si la ley se aprueba en febrero, se actualizarán los haberes por el IPC de enero, y así sucesivamente.
En cuanto a las retenciones, quedarían en 0 las que afectan a las economías regionales y dejaron abierta la negociación sobre el gravamen a las exportaciones industriales.
El capítulo que incluye la reforma electoral, que por ejemplo propone adoptar un sistema de circunscripción uninominal y actualizar la cantidad de diputados nacionales, quedará fuera de la ley. Sin embargo, todavía no se definió qué pasará con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que aún podrían ser eliminadas como pretenden los libertarios.
Por otro lado, el Gobierno aceptó acortar el listado de emergencias y reducir al plazo de un año las facultades delegadas que pedía el Poder Ejecutivo para poder saltearse al Congreso.
Respecto a las privatizaciones, los libertarios pidieron mantener el listado que incluya a 40 empresas estatales que podría enajenar. Solo sacarían, a pedido de la oposición, a YPF. Además, la redacción final incluiría una cláusula que obligue al Ejecutivo a enviar al Congreso los pliegos para la privatización. Esto permitiría que la oposición tenga la potestad de frenar el proceso en algún caso particular.
Si bien no se trabajaron los artículos en particular, había cambios sustanciales en los capítulos de Cultura, Ambiente, Educación, Salud, Seguridad y Justicia. “Tenemos que ir viendo el texto final”, señalaron desde el radicalismo.
En tanto, el capítulo relacionado con la explotación de hidrocarburos también sufrió cambios “drásticos” a raíz de los planteos de los gobernadores de provincias petroleras.
Finalmente, el artículo que incluía la ratificación del mega DNU dentro de la ley Ómnibus será eliminado, para que el decreto sea debatido en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.
Al término de su reunión, Miguel Ángel Pichetto y el resto de los representantes de Hacemos Coalición Federal coincidieron en el Gobierno comenzó a mostrar buena predisposición para aceptar las propuestas opositoras y señalaron que todo se encamina a lograr un dictamen a principios de la semana que viene para sesionar este jueves.
En términos generales, los reclamos de este espacio coincidían con los planteos del radicalismo. Solo mostraron diferencias marcadas respecto a las privatizaciones: HCF adelantó que no está de acuerdo con la privatización de seis empresas (entre las que se destacan YPF, ARSAT, Nucleoeléctrica, Banco Nación e YMAD) y propone un esquema de privatizaciones parciales reteniendo el control estatal.
Al igual que los radicales, adelantaron que esperan la redacción final del texto pero se mostraron optimistas de que la ley será tratada la semana que viene.
