El organismo quiere que el nivel de gasto en este capítulo no supere los niveles de enero 2022. Si se quieren incrementar los fondos, Argentina deberá recurrir al BID o el Banco Mundial. Para el kirchnerismo, es una incomodidad.
Si el gobierno quisiera aumentar el nivel de erogaciones en planes sociales (en todas sus variantes), no podrá apelar a un incremento en el nivel de fondos destinados a este fin según lo anualizado hasta enero de 2022.
Si el Ejecutivo decidiera aumentar la cantidad de planes o los fondos que reciben los beneficiarios, deberá negociar con el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que sean nuevos créditos provenientes de ambas entidades los que financien este incremento en el gasto público.
Según este esquema, el gobierno de Alberto Fernández se compromete a no incrementar la cantidad de beneficiarios de planes sociales y a, por el contrario, avanzar en una disminución en el número de personas incluidas, acelerando en lo posible el traslado de estos a trabajos en blanco.
Este capítulo, por lejos de uno de los más polémicos del acuerdo, se negocia en las últimas horas entre el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que sean incluidos en el "Facilidades Extendidas" que, si todo sale bien, se conocerá antes del viernes y será presentado en sociedad el martes 1° de marzo por Alberto Fernández ante el Congreso Nacional.
Luego deberá ser tratado por Diputados y el Senado durante unos 20 días, para que, según los planes del oficialismo, se apruebe antes del 22 de marzo, fecha en que Argentina debería terminar de cumplir con la liquidación de un vencimiento de casi 4.000 millones de dólares para no caer en default con el FMI.
Este capítulo sobre el freno al nivel de gasto de planes sociales y su eventual financiamiento con organismos financieros internacionales, se descarta, será uno de los más difíciles de tratar en el Congreso; especialmente por las quejas que habrá desde el oficialismo. Pensar en que durante la vigencia del acuerdo con el Fondo, el Ejecutivo ya no podrá manejar más planes sociales, y que, si se incrementan, deberá negociarlo con ambos organismos internacionales, es un punto políticamente complicado.
Más teniendo en cuenta quienes son los que manejan hoy el BM y el BID. El primero está manejado por el norteamericano David Malpass. El segundo por Mauricio Claver-Carone. Curiosamente, también proveniente de los Estados Unidos. Malpass, de origen ortodoxo y pasado como primer economista del fondo Bear Stearns, casa que batalló con Argentina por el último canje de deuda de agosto de 2020.
Claver-Carone es hombre de Donald Trump y uno de los que participó desde un cargo en la secretaría del Tesoro de EEUU en los tiempos de Steven Mnuchin en las negociaciones para que se le otorgara el stand by al gobierno de Mauricio Macri. En otras palabras, a ojos del kirchnerismo, dos nombres políticamente incorrectos para negociar con la Argentina. Especialmente planes sociales.
No es el único tema que, si se aprueba el "Facilidades Extendidas", deberá tratarse con el BM y el BID. Tal como adelantó ayer MDZ, el capítulo de tarifas de los servicios públicos incluirá la negociación por la reducción de los subsidios a la energía y el transporte.
El FMI quiere que intervengan las dos entidades financieras internacionales, financiando un estudio de análisis y posterior aplicación, de un nuevo esquema que determine la manera de aplicar una eliminación, reducción o mantenimiento de los subsidios a las tarifas eléctricas y del gas en todo el país. Como la idea es que este proyecto avance de manera urgente, la intención de las partes es que ya para el ejercicio 2023 el esquema financiado por el BID o/y el BM, se aplique en el próximo ejercicio.
La intención de las dos partes es consensuar una reducción del monto anual aplicado a los subsidios de las tarifas de los servicios públicos con un esquema que respete la intención del oficialismo local de no avanzar en un tarifazo (ni este año ni el próximo), pero reconociendo el problema del monto de los subsidios para poder cumplir con las pautas fiscales que figuran en el acuerdo de "Facilidades Extendidas" que se anunciaría esta misma semana y que la próxima ingresará en el Congreso.
Sobre este punto hay otra novedad conocida ayer. La quita de subsidios a los clientes de mayor poder adquisitivo no se detendrá en la Capital Federal y algunas zonas puntuales del gran Buenos Aires. Se extenderá a otras provincias, donde los teóricos habitantes de zonas de mayor poder adquisitivos también pagarán tarifas planas.
