Lo hizo en el marco de las denuncias contra el exministro de Salud por la aplicación de las dosis de Sputnik V a un grupo de privilegiados.
El fiscal Eduardo Taiano imputó este lunes 22 de febrero al ex ministro de Salud Ginés González García y a su sobrino Lisandro Bonelli, por el escándalo del Vacunatorio VIP. La decisión de Taiano fue en el marco de la denuncia presentada por el caso por el fiscal Guillermo Marijuan, en lo que se convirtió en una de las 14 presentaciones que se hicieron durante la jornada de hoy en la Cámara Federal de Comodoro Py.
Eduardo Taiano pidió varias medidas, entre ellas allanamientos al Hospital Posadas y al Ministerio de Salud, sobre los que deberá decidir la jueza María Eugenia Capuchetti. La decisión de Taiano de imputar a Ginés González García y su sobrino fue en el marco del impulso de la investigación..
Guillermo Marijuan había presentado su denuncia en la noche del viernes, de forma virtual. Allí había solicitado que se investigue “la presunta comisión de delitos de acción pública en que habrían incurrido” González García y Horacio Verbitsky, quien dio a conocer el sistema de privilegios de vacunación de forma ilegal. Eso “sin perjuicio” de que posteriormente se pueda “identificar a otras personas”, con el devenir de la investigación.
El punto es clave respecto de los alcances que pueda tener cuando en base a eventuales medidas de pruebas y testimoniales se reconstruya quién o quiénes tenían conocimiento de lo que sucedía con las vacunas que eran aplicadas de forma discrecional.
“Se trata de un acto de inusitada gravedad institucional porque no solo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse pueda hacerlo”, sostuvo Marijuán respecto de lo sucedido.
A lo que el fiscal agregó que hubo “una clara manipulación por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de la vacuna, quienes contrariando los alances de las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo aplicaron las mismas sobre personas que no se encontraban en las listas de prioritarios, sin ningún tipo de justificación”.
De acuerdo con la presentación, el presunto delito cometido sería el previsto por el artículo 248 del Código Penal, que sostiene que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
