Finaliza, por fin, el primer mes del año electoral y la agenda pública y económica argentina siguen demostrando transitar por una crónica de degradación que, semana a semana, parece acentuarse conforme los rasgos se tornan cada vez más alarmantes
A tal punto se ha llegado en esta degradación que sigue, como punto central del debate en este año electoral, esta intentona del Gobierno Nacional de despellejar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo porque hacen su trabajo de control de constitucionalidad.
En este marco, sobre el final de la semana, arrancó el debate en la comisión de Juicio Político con un tono bastante circense, tal como lo vinimos anticipando desde que comenzó esta embestida presidencial contra el máximo tribunal. En poco se diferencia la actitud del presidente Alberto Fernández que quiere echar a los jueces de la Corte -o hacer una a medida de su conveniencia- de la de su pintoresco par peruano, Pedro Castillo, quien pretendía cerrar el Congreso.
Este eslabón de la cadena de degradación que exhibe y vive la Argentina fue, por momentos, algo cómico. El intercambio -si podría llamárselo así- de opiniones entre los integrantes de la Comisión se dio en el marco de un clima enardecidamente bélico. Poco se discutió sobre los jueces de la Corte, sino que en medio de valoraciones, un tanto macartistas de parte de los acusadores, sobresalieron agravios y chicanas -señalamientos de "machirulo" o advertencias de "no te tengo miedo"-. Todo un espectáculo mediático para un proyecto que, además de delirante, se sabe que está destinado al fracaso en el recinto al carecer el oficialismo de los votos necesarios para la mayoría agravada.
Es justamente lo que en el oficialismo quieren. Es el acto inaugural de campaña en el que pretenden exponer públicamente a los miembros de la Corte en una suerte de juicio popular, para exhibirlos como responsables de todos los males y , sobre todo, de ser los ejecutores de la persecución, o de la proscripción, de la señora Cristina Kirchner.
En su evolución desde su aparición, el kirchnerismo pasó de ser un proyecto hegemónico a uno autocrático. Las autocracias nacen de la misma democracia; quizás, diría Aristóteles, como una forma de degeneración. Es un proceso paulatino que es muy difícil de advertir. Los fenómenos autocráticos nacen del seno de las democracias, como un cáncer, y las carcomen hasta que las matan.
El trasfondo ideológico de este mal, fue confesado en alguna oportunidad por la vicepresidente quien dijo que la división de poderes le parecía un anacronismo. Pero también hay un trasfondo político coyuntural del que surgen ideas peligrosas.
Ante la adversidad inminente que depara la derrota por paliza que, unánimemente, consultores y periodistas auguran al oficialismo en estas elecciones, el temor a la consecuente pérdida del poder -y de la invulnerabilidad que trae aparejado- genera una resistencia a perderlo y entonces se determinan a patear el tablero.
En otros países, algunos fueron por el camino de las reformas constitucionales que permitieron reelecciones indefinidas para eternizarse en el poder. Pero quienes no tuvieron esa posibilidad recurrieron a otros métodos para el mismo justificativo: asegurar que el sistema -el mismo con el que llegaron- está mal y debe ser cambiado. En Argentina fueron por el camino del golpe institucional.
Culpan al sistema y tratan de destruirlo en una cruzada que aseguran es altruista, pero que en realidad es de lo más egoísta. Y aquí se advierte una metodología discursiva bastante particular. Por ejemplo, una investigación judicial por delitos cometidos en ejercicio de las funciones, para ellos es una persecución judicial. Una sentencia desfavorable es una proscripción, o un ataque contra la democracia, o un poder del Estado que actúa fuera de sus competencias.
Lo peligroso de este pensamiento es que si efectivamente, por ejemplo, Cristina Kirchner resulta "proscripta", el resultado de la próxima elección no sería válido y no habría que reconocerlo. Algo que intentaron, a su propio modo, Donald Trump y Jair Bolsonaro no hace mucho en sus respectivos países.
La degradación también circula por los carriles económicos, conforme la moneda argentina sigue devaluándose, día a día. La devaluación del peso argentino no solamente se registra en su cotejo diario frente a la divisa norteamericana sino que, a consecuencia de ello, también lo hace frente a los productos de primera necesidad.
Un hecho que no solo marca el ritmo vertiginoso de la inflación sino que lleva de la mano a la inevitable precarización social, un triste fenómeno que con cada medición de índices de precios o costo de vida, deja a cada mes más gente fuera de la clase media. Cada mes, más gente pasa a engrosar las filas de la pobreza. Y cada vez más familias quedan por debajo de la línea de indigencia.
El contexto interno sigue siendo muy severo gracias en gran parte a ese perverso régimen de cepo cambiario, cepo exportador-importador, y controles de precios que repercute en la economía de forma descomunal provocando encarecimientos y desabastecimientos que afectan a la producción y termina por ser otro factor más en la evaporación del poder adquisitivo de los salarios.
El drama de la degradación económica es más que evidente en la diaria hemorragia de reservas del Banco Central, que pierde alrededor de U$D 50 millones por día. En otros países, la cifra no sería alarmante, pero en un caso como el nuestro el régimen de cepo cambiario, en combinación con otras delirantes políticas monetarias, terminó por agotar las reservas.
Frente a este cuadro, el gobierno no ha aportado ni un grano de sensatez ni de voluntad en darle solución, sino que insiste en aferrarse a supersticiones económicas fracasadas como el control de precios. Algunos han llegado a pensar que la idea es justamente empeorar las cosas.
El modelo económico de la inflación y el déficit fiscal, que tanto gusta a la clase política, ha hecho -y sigue haciendo- estragos en entramado social. Con toda razón el papa Francisco comparó a aquella Argentina de la década del 50 que tenía apenas un 5% de pobreza, con la actual en la que se supera el 50%.
"Mala administración", resumió el pontífice, aunque nada dijo de los delirios ideológicos, que se enquistaron en el pensamiento político argentino desde aquel entonces, y que son la principal causa de esta pauperización de la que hablamos, y de nuestro tristísimo subdesarrollo. Malas políticas y al mismo tiempo mala implementación, podría resumirse.
Alberto Fernández explicó que la inflación es un fenómeno “autoconstruido”, como si la devaluación de la moneda y los aumentos de precios fueran un fenómeno psicológico en el que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Alguien debería recordarle al presidente que desde su Ministerio de Economía, se ha pautado, con los principales sectores de la economía, una suba escalonada de precios a un ritmo del 4% para los próximos meses; es lo que hoy conocemos como Precios Justos; también ha pautado un aumento escalonado de combustibles con las petroleras. Así, que hay un porcentaje importante de la inflación en cuya “construcción” interviene el gobierno.
Para empeorarla, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, intentó explicar esta nueva definición del presidente, pero terminó metiéndose en una especie de berenjenal metafísico. Según la funcionaria, la inflación es provocada por los formadores de precios. De manera que termina contradiciendo el delirio presidencial ya que si hay personajes que de alguna manera influyen en el establecimiento de los precios, entonces no sería algo "autopercibido" o "autoconstruido", sino que efectivamente hay alguien que influye o construye este fenómeno.
Más allá de si es justo o no, lo cierto es que nadie que produce algo lo hará por altruismo y a pérdida. Los precios suben de la manera exponencial que vivimos a diario porque el poder adquisitivo del peso se esfuma. Lógicamente, quien produce o distribuye tiene que ajustar sus ecuaciones a la realidad.
En la calle, la convulsionada agenda política está en boca de todos pero el tema de preocupación central del argentino de a pie, según todos los relevamientos habidos y por haber, es la inflación que lo obliga, mes a mes, a replantear presupuestos, cambiar de marcas, y dejar de consumir determinados productos.
En la calle, la sensación que más se percibe es la de un hartazgo generalizado con este perverso sistema que solo ha beneficiado a políticos y a amigos de los políticos, los que tienen acceso a los dólares baratos o a los regímenes de promoción industrial. Pero ese hartazgo se debe mucho a este tipo de explicaciones absurdas que parecen una tomada de pelo.
En la calle ya se dieron cuenta de cómo viene la mano: la inflación, la devaluación y el déficit y responden a un modelo político económico o de administración que pagamos entre todos con el ajuste permanente. Es el precio del "Estado Presente".
La gente ya se dio cuenta de que para justificar este modelo se elaboran y reiteran risibles letanías, como las que con frecuencia pronuncia el presidente para responsabilizar a otros por las malas consecuencias o efectos, que parecen una tomada de pelo.
La culpa siempre es de otros: los medios hegemónicos, de los formadores de precios, de las multinacionales, de otros países. No solo se trata de señalar constantemente la paja en el ojo ajeno, sino más bien de disimular la viga en el propio y de negar su existencia.
Echarle la culpa a otro por la propia ineptitud llegó, justamente, a su máxima expresión en la Comisión de Juicio Político. Entre los delirios esgrimidos por el oficialismo destaca uno que asegura que, de alguna manera, la Corte Suprema es responsable por la inflación.
No es algo nuevo sino que alguna vez ya lo había dicho Cristina Kirchner en un acto al señalar al máximo tribunal por permitir un aumento del precio de internet que había congelado el gobierno. Lo que no dicen es que el precio congelado fue puesto para fundir a un grupo empresarial. Algo que lleva a uno a dudar sobre el verdadero propósito del cepo cambiario y del control de cambios.
He ahí otra explicación a este empecinamiento con el juicio a la Corte. Pero cuidado, que por más que sea un proyecto destinado al fracaso, tiene una razón de ser con consecuencias más que peligrosas. La única solución o antídoto es el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Y la gente se está dando cuenta.
