Se empieza a ir el primer mes del año electoral con una nutrida agenda política y económica nacional que, con los acontecimientos de los últimos días y lo que sucederá a partir de este martes, viene fuertemente marcada por la agenda regional internacional.
En la faz económica de nuestro análisis semanal, tras el anuncio del Ministerio de Economía sobre la re-compra de bonos de deuda argentina con el objetivo de despejar la incertidumbre cambiaria, se han producido una serie de derivaciones y consecuencias que tuvieron efecto no solo sobre la agenda económica financiera sino también sobre la política, según veremos en el desarrollo.
Luego del anuncio de Sergio Massa, entonces, la semana económica cerró con el foco puesto en la cotización de los bonos argentinos. En la previa, durante la primera quincena de enero se venía registrando una fuerte devaluación del peso con respecto al precio real del dólar en el mercado libre. Esa devaluación, que se pudo apreciar en una ronde de consecutivas alzas de la moneda estadounidense, se detuvo momentáneamente luego de este anuncio tras establecer un nuevo récord histórico.
La metodología no fue nada innovadora sino que, como siempre, se trató de una intervención estatal, en este caso en el mercado de bonos a través de la compra -con reservas del BCRA- de títulos de deuda nominados en dólares. Algo que se vino haciendo siempre. La única diferencia es que la intervención en el mercado cambiario fue indirecta, ya que se trata de una recompra de títulos con los que luego se tratará de influir en el precio de los dólares financieros que venían algo rezagados con respecto a la cotización blue.
Esta intervención estatal, en un marco de cepo cambiario y controles de precios, ha generado mucha polémica. Si bien es una medida que podría considerarse normal en un mercado libre, en un mercado intervenido como el argentino resulta algo sospechosa. Lógicamente este tipo de intervenciones, en un mercado tan controlado, con el Estado tan metido en el mercado de cambios, evidentemente ha beneficiado a los que se anticiparon y compraron bonos.
En los días y horas previas al anuncio, unos cuantos privilegiados -con información privilegiada- hicieron “clin caja”. Hubo una suba muy violenta de los bonos que iban a ser intervenidos por el gobierno y en los últimos dos días se registró una tremenda toma de ganancias. Esos mismos bonos que habían subido un 12% en un día, en un día también volvieron a caer. Con esta jugada el Riesgo País, que había caído por debajo de los 1800 puntos, terminó disparándose y superando, una vez más, los 1900 puntos.
Como siempre, jugadores de póker con cartas marcadas, cazadores de zoológico y pescadores de piletín se hicieron un festín. Algo prácticamente indemostrable que el gobierno negará terminantemente. Pero todos sabemos cómo es.
Como consecuencia lógica, por un lado los importadores se quejaron de que no les dan dólares para producir y sin embargo parece que si hubo dólares para el sector financiero. Los exportadores, que son los que ponen los dólares, se sienten prácticamente estafados porque el gobierno les estatiza la mitad del valor los dólares a un precio irrisorio, para después repartirlos en el circuito financiero y a los exportadores amigos.
Lo importante ahora, tanto para el Gobierno como para doña Rosa, es si la maniobra dará el resultado esperado y se estabiliza un poco el mercado de cambios, si el tipo de cambio se amortigua, aunque sea por un tiempo, y con ello se hace más llevadera la pronunciada devaluación del peso argentino que, con una inflación del orden del 5 al 6% mensual, resulta imparable.
Los economistas anticipan que la inflación de enero, a pesar de que se esperaba una inflación más cerca de 6 que de 5, viene algo condicionada por el impacto de las primeras semanas del mes. Y con ello ahora se entiende la lógica de algunas medidas, como pedirle a las petroleras que los aumentos pautados de combustibles se operen recién a partir de las segundas quincenas de mes. De esta manera impactan menos en las mediciones de índices de precios al consumidor. Y así se podrá seguir festejando inflaciones de 5% en un escenario muy complicado en el que quienes ponen los dólares son los exportadores agropecuarios.
Justamente, el sector agropecuario viene muy castigado por una sequía de características bíblicas; 175 millones de hectáreas afectadas. Las regiones más fértiles y ricas de la Argentina han perdido la cosecha de trigo, y están por perder la de soja y maíz que es de dónde tendrían que salir los dólares a partir de abril.
Muchos productores no están en condiciones de pagar los anticipos impositivos; se proyecta que la cosecha de este año será peor que la anterior, y el cálculo de los anticipos se hace sobre la anterior. Se han quedado sin caja. Y ya comenzaron las intimaciones de la AFIP que va por la tajada con la que se queda el Gobierno que parece que solo es socio en las ganancias, mientras que en las pérdidas se convierte en acreedor.
Este tema estuvo entre las peticiones de la Mesa de Enlace al Ministerio de Economía, como también una nueva edición del dólar soja que es la clara evidencia de lo injusto y perverso que es el control de cambio con el que el gobierno se apropia de la mitad del producto del campo y de todo lo que se exporta.
Todo esto afecta no solo a los dueños de los campos, sino a quienes arriendan campos para producir, y a la Argentina rural, a la cadena tradicional de intercambio que constituye la columna vertebral de las economías regionales de la Argentina profunda que comienza con los productores. Y genera la preocupación de quienes se anticipan y no quieren quedarse con pesos en la mano. Para que ahorristas e inversores no corran a refugiarse al dólar, el Ministerio de Economía ha subido brutalmente las tasas de interés.
Un último dato que se conoció en la semana que pasó, que grafica de manera descarnada la decadencia argentina, es el del trabajo informal en la economía. Hay alrededor de 5.300.000 trabajadores en la economía informal, es decir en negro o haciendo changas. Es una tragedia que debiera interpelar al propio peronismo que es el partido que actualmente gobierna; el partido que se ha jactado durante los últimos 70 años, de ser el partido de los trabajadores y del ascenso social. Los números constituyen una tragedia para la Argentina ya que se trata, más o menos, de casi la misma cantidad de trabajadores registrados. Insólitamente el presidente, Alberto Fernández, se jacta de esto, como si fuera un mérito y no un defecto, de que en el último año "se crearon" 1 millón de puestos de trabajo informales.
La agenda política nacional esta semana estará muy vinculada a la agenda internacional regional por la Cumbre de la CELAC a celebrarse en nuestro país. Una cumbre internacional que se viene a dar justo cuando en distintos escenarios de Latinoamérica, casi de manera simultánea, se produjo una serie de hechos destacables en Argentina, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Brasil, México y Perú. Destacables, aunque no en el buen sentido de la palabra sino por lo que implican para las democracias y las instituciones republicanas.
En los últimos días, en este conjunto de países se han registrado eventos que demuestran que las autocracias se vienen consolidando en la región. Hay protestas y disturbios muy graves en Perú; afirmaciones algo extraviadas del presidente de México que ahora defiende a narcotraficantes; Lula Da Silva realiza en Brasil una purga de militares vinculados a Jair Bolsonaro bajo el argumento de un supuesto golpismo; en Nicaragua, Ortega ahora ordena el encarcelamiento de obispos; en Venezuela, para variar, se encarcelan opositores; en Bolivia prácticamente secuestraron a un gobernador opositor; y en nuestro país sigue la embestida presidencial contra la Corte Suprema porque al Gobierno no le gustan sus sentencias.
Con este contexto es que esta semana tendrá lugar en nuestro país la Cumbre de la CELAC, que no es otra cosa que una especie de OEA sin EEUU y Canadá, pero con Cuba; un foro internacional creado por las autocracias socialistas latinoamericanas como contracumbre. Hubo idas y vueltas con la participación, o no, de algunos mandatarios, como el de Ecuador por el tema del asilo político en la Embajada Argentina de Quito de una ex ministra de Hacienda condenada por corrupción; y la no participación del mexicano Andrés Manuel López Obrador por las rispideces que se generaron entre ambos gobiernos por la elección de un director del BID.
Pero la participación que más expectativa y repercusión genera es la de Nicolás Maduro, sobre quien pesa una alerta internacional con recompensa de 15 millones de dólares por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos que lo acusa de narcoterrorista.
La visita del dictador caribeño ha generado mucho rechazo y críticas desde diversos sectores de la sociedad, sobre todo del arco político opositor. Patricia Bullrich incluso sugirió que Maduro debería ser detenido apenas llegue a nuestro país, tal como ocurrió con Augusto Pinochet en Londres.
Claro que lo que dice la señora Bullrich es lo que se esperaría que ocurra en un país y una región normal. Pero en un país y una región como la nuestra, corre más riesgo de ir presa ella que el sucesor de Hugo Chávez, si es que tomamos en cuenta lo que sucede por estos lares.
Pasando más a lo netamente nacional, es cada vez más visible el aislamiento del presidente Alberto Fernández y la complicada relación con los socios políticos del Frente de Todos. Son cada día más explícitos los vacíos que le hacen en los actos oficiales. Los referentes del kirchnerismo, que antes lo ninguneaban públicamente, ahora han comenzado una especie de éxodo de funcionarios a través de una serie de renuncias, mientras que los que quedaron integrando los equipos de gobierno están generalmente ausentes de los actos del presidente que, según como vienen las cosas, pasaron de ser oficiales a electorales.
El gobierno avanza en su embestida contra la Corte Suprema, a pesar de las advertencias no solo desde el arco político, sino también del empresarial, académico, y hasta internacional; si hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció sobre el ataque sin precedentes del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial.
Aquí, el kirchnerismo radicalizado parece acompañar al presidente aunque lo presionan para una ruptura más frontal con la institucionalidad constitucional. Gobernadores ultrakirchneristas lo alientan a profundizar el desacato a los fallos de la Corte, mientras que algunos van más allá y sugieren que se reforme el máximo tribunal y el Consejo de la Magistratura por DNU.
Decíamos la semana pasada que Sergio Massa tiene una cita con el destino en el partido que se jugará en la Comisión de Juicio Político, donde el kirchnerismo pretende montar un circo mediático en el que prácticamente van a despellejar a los miembros del máximo tribunal. La iniciativa -todos sabemos- no tiene chances en el recinto donde se requiere una mayoría agravada. Pero en la Comisión pueden hacer una especie de juicio, instancia que anticipadamente va adquiriendo una importante mediatización. Y esto es lo que quiere el Gobierno.
Allí, los tres diputados que responden al massismo dentro de ese cuerpo podrían ser la llave para detener la locura que pretende el Gobierno, ya que estos votos el kirchnerismo y el albertismo los dan por contabilizados a favor de la iniciativa. Por eso es que si esos diputados votarían con conciencia republicana, se podría poner freno a la embestida presidencial contra la Corte. Lamentablemente, al cierre de la semana se supo que la diputada massista Vanesa Massetani se fue de la Comisión siendo reemplazada por el ultrakirchnerista riojano Ricardo Herrera. En este punto aún no se sabe si esto representa un renunciamiento o una contribución de Massa a la arremetida del peronismo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
