Finalmente, a pesar de los cuestionamientos que desde distintos sectores del justicialismo disidente se hizo, el Partido Justicialista local tuvo su Congreso Provincial. El mismo estuvo ceñido en duros cuestionamientos en cuanto a la corrupción de estado, nepotismo y prebendas señaladas al fellnerismo, escollos que las autoridades partidarias debieron sortear para encaminar el Congreso, con el argumento que las reformas anunciadas buscan erradicar los vicios en que derivan los cargos a perpetuidad y la falta de mecanismos de renovación.
Presidió tan magno evento el vicegobernador de la provincia, presidente del Congreso del PJ, Dr. Guillermo Jenefes.
En la ocasión, a la que asistieron los congresales provinciales y numerosos dirigentes de toda la provincia, se aprobó la amnistía general para que se reincorporen a todos aquellos afiliados que encontraban suspendidos. También se procedió al lanzamiento de la campaña de afiliación y se trazó un análisis de la situación política actual.
También se sentaron bases de debate para la reforma política y el régimen electoral vigente. En este sentido el vicegobernador anuncio que desde hoy, en la sede del partido, se va a constituir una comisión que analizará la modificación del Código Electoral y una eventual reforma constitucional.
Por supuesto que no pudo faltar un documento de apoyo a la actual gestión del gobernador Eduardo Fellner tanto al frente de la provincia como al frente del Partido Nacional Justicialista.
Jenefes explicó que la comisión que estudiará la reforma política, donde se estudiará la modificación del Código Electoral y una posible reforma constitucional que “contemple la creación del Consejo de la Magistratura para la designación y remoción de los jueces” y la limitación de todos los cargos políticos a un solo mandato, estará integrada por legisladores nacionales y provinciales; intendentes; concejales; el sindicalismo; militantes y miembros del Poder Ejecutivo.
El vicegobernador Jenefes ratificó su posición de ir a las elecciones PASO a nivel provincial donde tendrán participación todos los intendentes; comisionados municipales y concejales, y podrán evaluar “las realidades que tienen en cada uno de sus lugares”, lo que va a permitir una “mayor participación y transparencia a la elección de cada uno de los candidatos”.
A su vez, remarcó que los tiempos sobre el debate de la reforma constitucional los va a fijar el Partido Justicialista en consenso con las otras fuerzas partidarias de la provincia.
Para finalizar el Vicegobernador se refirió a la aprobación de la amnistía para aquellos que se encontraban suspendidos en el PJ, aproximadamente 800 afiliados, aclarando que “quienes forman parte de una fuerza política distinta al justicialismo, es decir se afiliaron a otro partido político, automáticamente ya no pertenecen al PJ y no estarán incluidos en la amnistía”.
Todos estos anuncios realizados por el vicegobernador confirman lo adelantado a NOTINOR.COM por un congresal nacional del partido que es también partidario de la adhesión a la ley nacional electoral.
Aparentemente con estos anuncios se pone un feliz fin a los rumores de una posible implementación tramposa de una pseudo ley de lemas que iba a terminar por distorsionar aun más la caja de resonancia de la representación que es la legislatura.
Se espera que en los acuerdos que anunció Jenefes que se buscará con todas las fuerzas políticas se incluya también a las fuerzas políticas que no lograron representación parlamantaria debido al inconstitucional piso que exige la constitución provincial, con el que más de 90 mil jujeños se quedaron sin una voz en la Legislatura.
Este reclamo de los jujeños fue captado por el dirigente renovador Enrique Roca, quien en la semana que pasó expuso un listado de aspectos que una buena reforma política no debería excluir, en una entrevista periodística. El tema del piso electoral, las limitaciones en las reelecciones, las limitaciones al nepotismo, la recuperación de industrias, entre otras cosas que el dirigente massista sindicó como los males que han hecho que Jujuy desemboque en el actual pantano de inviabilidad.
Claro que Roca, fiel a su estilo directo y honesto, no dejó de expresar sus dudas respecto a la oportunidad en que el Partido Justicialista aparece tan apresurado a formular cambios en las reglas del juego. De todos modos se puso a disposición de ese acuerdo de partidos para la eventual reforma.
DEBATES: UNA DEUDA PENDIENTE A NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL
Y mientras se mueven las fichas en el tablero nacional y provincial, a los electores, la contracara de los principales actores de este apasionante partido de la campaña que ya comenzó, no les volverá a quedar mejor lugar que el de simples espectadores de estas jugadas.
Es inconcebible que, siendo los electores los verdaderos actores de este juego porque son los depositarios de la voluntad popular que se expresa cada cuatro años entronizando a conciudadanos para que rijan sus destinos o los representen por los próximos cuatro años, no exista en nuestro país la posibilidad de presenciar un debate entre candidatos, ni como costumbre republicana, ni como un requisito legal.
Existieron varias propuestas de ley para hacer de esta saludable práctica democrática una obligación, pero hasta ahora permanecen cajoneados en el Congreso y legislaturas. Es hora de que los ciudadanos tomemos la iniciativa y exijamos a los candidatos cumplir con esta materia pendiente.
En Estados Unidos, a pesar de que en 1987 una ley los instituyó como obligatorios, los debates entre presidenciables se vienen realizando religiosamente desde la época de Kennedy.
En éste año electoral, en Brasil ya se han llevado a cabo nueve debates. Otro tanto puede afirmarse de Uruguay.
Si bien en latinoamérica en general no existen leyes que obliguen a los candidatos a pararse en la palestra y debatir con sus adversarios, en países de la región como Chile, Perú, Colombia y Paraguay, ya son casi una instancia obligada.
Tanto en Estados Unidos, como en los países donde los debates se han convertido en una prácatica obligada del sistema, estos eventos han adquirido tanta importancia que son muy esperados, hay toda una logística en su preparación, y el público los sigue con mucho interés, aun por quienes aun no tienen la edad para emitir el sufragio.
En nuestro país existe en algunas provincias la práctica del debate de candidatos a gobernador o intendentes. Córdoba y Santa Fe, parecen tener prácticas democráticas más avanzadas al resto del país y que la Nación misma. De hecho, eliminaron las listas sábana. En abril de este año, Chaco Chaco dio el primer avance y sancionó una ley que obliga a los candidatos a gobernador y a diputados provinciales a someterse a un debate previo a los comicios.
¿Por qué una práctica tan saludable para la democracia como un debate presidencial nunca pudo realizarse en Argentina, menos en Jujuy en el cargo a gobernador?
Los especialistas señalan que un debate obligaría a los aspirantes presidenciales a plantear soluciones concretas a los problemas del país. Los candidatos (sobre todo los de la oposición) tienen una tendencia a compartir objetivos loables (combatir la inflación, frenar la inseguridad), pero que no interpelan a la sociedad por lo vago de esas formulaciones.
Por otro lado admiten que quien va ganando cree que es una especie de ‘concesión’ al resto de los candidatos y que no tendrían por qué "ponerse al nivel" de los que "están abajo". Hay una falsa idea de que el debate implica asumir un riesgo innecesario para el que va ganando. Pareciera que ‘se baja de categoría’ sentándose con los candidatos que tienen menor intención de voto.
"Conceder", "ponerse al nivel de los que vienen atrás en las encuestas", "asumir riesgos", y "bajar de categoría", son solo excusas que solo demuestran temor y falta de sólidas convicciones democráticas. Los únicos que salen perdiendo son los electores que no tienen la oportunidad de escuchar a sus candidatos defender sus plataformas al ser confrontados por quienes proponen algo diferente.
No hay suficiente valoración del debate, porque ni los políticos quieren darlos, ni los partidarios se lo exigen a sus candidatos.
Hay que construir una demanda social al respecto. En otros países, el hecho de que no haya debates no es tolerable por parte de la sociedad. La misma sociedad lo exige y de algún modo penaliza a los candidatos si no lo hacen. Una vez que esto se instale, el propio hecho de no debatir se volverá un riesgo para los candidatos.
Hay un círculo vicioso que degrada la institucionalidad: la sociedad no reclama el debate y los políticos no lo dan porque si están bien en las encuestas creen que pueden ganar igual. Los votantes podrían escuchar no sólo las propuestas propias de los candidatos, sino ver cómo se comportan cuando son hostigados por el otro. De ésta manera tendrían la oportunidad de conocer más a aquel a quienes estarían dispuestos a confiarles el destino del país.
Es lamentable que hoy los candidatos analicen estas cuestiones con sus jefes de campaña o sus consultores y nos nieguen esta oportunidad. Se olvidan que el debate no es para ellos, sino para los electores, y lo resuelven por interés propio.
