El Congreso de España insta al Gobierno a regular el cannabis para seis tipos de dolencias. Las recomendaciones contemplan la dispensación en farmacias de barrio y el acceso a cogollos como alternativas a valorar.
Las esperadas conclusiones de la subcomisión para el estudio del cannabis medicinal ya están listas. Después de cinco meses de trabajo, hoy los grupos políticos han aprobado un único texto que reúne las conclusiones de la subcomisión y las recomendaciones para que el Gobierno elabore una próxima ley de regulación del cannabis medicinal. El texto final es, como se esperaba, la propuesta del PSOE con algunas concesiones a Unidas-Podemos y PNV.
El documento indica la necesidad de regular el cannabis medicinal y dar acceso a extractos o preparados estandarizados de la planta para los pacientes. Se incluye la elaboración de fórmulas magistrales a partir de preparados estandarizados por parte de los servicios farmacéuticos. Mientras que el acceso a cogollos y otros preparados se incluye como una opción “valorable” en el marco de “proyectos experimentales”.
La dispensación se deberá realizar preferentemente en las farmacias de los hospitales, pudiendo crearse mecanismos para facilitar el acceso de cercanía, y “explorando la alternativa” de incluir el acceso a través de farmacias de barrio. La prescripción se realizará por médicos colegiados, preferentemente por médicos especialistas. Y se creará un registro centralizado de pacientes que reciben tratamientos con cannabis medicinal, “del mismo modo que se hace en otras situaciones”.
Las recomendaciones incluyen seis dolencias distintas para las que considera que hay evidencia suficiente: esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis, dolor oncológico y el dolor crónico no oncológico (incluido el dolor neuropático). “Pudiendo ampliarse a otras indicaciones terapéuticas cuando los estudios aporten indicios consistentes”, dice el documento.
Las conclusiones establecen que la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) será el pilar central de la regulación y el órgano encargado de su gestión. Y se establece un periodo de seis meses para que la AEMPS “realice los trabajos necesarios para que las citadas recomendaciones tengan encaje en la normativa y sean viables, permitiendo la disponibilidad en el mercado farmacéutico”.
El documento final ha sido aprobado con los votos del PSOE, Unidas-Podemos, PNV, Ciudadanos y PDeCAT. En la votación se han abstenido ERC y EH-Bildu, que proponían una regulación más amplia con acceso al autocultivo, y han votado en contra Vox y el PP.
