Luego de la intimación del Presidente Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pesce, por la que se prohíbe al Banco de Desarrollo de Jujuy seguir funcionando bajo esa denominación al no ser reconocida como entidad financiera, al Gobierno de la Provincia de Jujuy no le quedó otra salida dar cumplimiento a lo exigido.
Para ello, y para hacer las cosas prolija e institucionalmente, el gobierno provincial debió iniciar un proceso de cierre a través de una ley, cuyo proyecto fue remitido oportunamente a la Legislatura donde quedó sancionado como Ley N° 6.233 de Disolución y Liquidación del Banco de Desarrollo Sociedad del Estado; adicionalmente, se aprobó la Ley N° 6.234, de Creación del Instituto Provincial de Juegos de Azar (InProJuy), por el que, de alguna manera, se da continuidad a la institución y se resguardan los puestos laborales, aunque fuera del régimen bancario con el que había sido concebida hace 49 años.
Curiosamente, la oposición intenta capitalizar políticamente este palo en la rueda puesto por orden el Gobierno Nacional, cuando en más de 30 años de sucesivos y consecutivos gobiernos justicialistas jamás se gestionó la autorización correspondiente ante la autoridad financiera nacional para que el entonces Banco de Acción Social funcione debidamente tal cual fue concebido en 1972. No fue hasta el 2016, cuando se intentó la transformación de la entidad bajo la denominación Banco de Desarrollo de Jujuy, que se iniciaron las gestiones para obtener la dicha autorización. Hoy, al sueño de un agente financiero propio, que además de encargarse del manejo de todo lo relacionado a los juegos de azar funcione como motor del desarrollo y la economía local, se le puso un amargo final con la dura advertencia de la aplicación de las sanciones previstas en Artículo 41 de la Ley 21.526 de Entidades Financieras.
Desde su creación, el Banco de Acción Social, el célebre “Banco de la Gente”, concebido para otorgar préstamos blandos a productores y emprendedores locales, jamás funcionó como una entidad bancaria o financiera; sin embargo, su personal, hoy caballito de batalla de los que con una inocultable intencionalidad política intentan aprovechar este revés para pegarle al gobernador Gerardo Morales, gozó, durante más de 40 años, de los privilegios y beneficios de estar encuadrados como trabajadores bancarios; es decir, percibiendo los abultados sueldos y jugosos premios del convenio laboral bancario a costa de los contribuyentes, pero trabajando en una repartición de la administración pública, casi a puertas cerradas.
Para graficar dicha prerrogativa, solo basta cotejar la abismal brecha monetaria entre los sueldos de un gerente, que trabaja cómodamente en una oficina con la ligera carga horaria de los bancarios ($604.642 por mes), con el de un jefe de guardia de hospital, que trabaja largas horas arriesgando la salud y la vida ($280.000); o el sueldo de un empleado recién ingresado a una entidad bancaria que no atiende al público ($113.438), con el de un agente de policía, o una enfermera, ($53.000 y $43.000, respectivamente) que deben atender a todo un universo de personas con horarios sobrecargados.
Una de las principales voceras de la oposición que hoy se rasga las vestiduras por la liquidación provocada por la intimación del Gobierno Nacional, una legisladora provincial que hace 20 años figura como empleada de la entidad en cuestión que venía cobrando elevadísimos sueldos, se pasó toda su “carrera bancaria" adscripta a distintas reparticiones del Estado Provincial… habría que ver si efectivamente prestó alguna vez algún servicio a la Administración Pública Provincial a la que en realidad, en la práctica, pertenece.
Situaciones como esta, que no son precisamente casos aislados, demuestran los privilegios históricos de un minúsculo grupo de personas, y desnuda, quizás, los verdaderos motivos que hay detrás del fanático fervor con el que levantan el dedito acusador.
A pesar de todo, el gobernador Gerardo Morales garantizó la fuente laboral de todos los empleados del ex banco, hoy Instituto Provincial de Juegos de Azar, al anunciar el pase a planta permanente en la Administración Pública. Eventualmente surgirán reclamos por los desfasajes en los montos remuneratorios, de los que seguramente se intentará sacar algún rédito político o alguna tajada judicial ya que, tal como se ha indicado, existe una amplia diferencia entre el salario de los empleados públicos y el de los bancarios.
Por lo pronto, es destacable y encomiable la actitud del gobernador de velar por la continuidad laboral de unos 140 empleados que tendrán que adecuarse a la nueva realidad en un contexto de escasez de recursos provocados por la constante obstaculización dirigida desde un Gobierno Nacional que busca perjudicar, de antemano, a un eventual competidor por la presidencia en el 2023.
Ya habrá tiempo de volver a diagramar, con tranquilidad y esmero, ese soñado agente financiero provincial que cumpla, no solo con los requisitos formales de las entidades bancarias, sino que se desempeñe efectivamente en ese rol para el que fue pensado inicialmente: ser el impulsor del desarrollo, del progreso, generador de recursos genuinos, y columna vertebral de la economía de Jujuy.
QUIEN FIRMA ESTE FALACIA O INTENTO DE DEFENSA DEL GOBERNADOR ?