El diplomático Gabriel Fuks fue convocado por la Cancillería. “Rechazamos cualquier intento de poner plazos a un tema que requiere un meticuloso análisis”, aseguró la administración de Guillermo Lasso
La tensión entre los gobiernos de Argentina y Ecuador va en aumento, después de que el gobierno de Alberto Fernández solicitase a principios de este mes el asilo político de María de los Angeles Duarte Pesantes, la ex ministra de Rafael Correa que fue condenada a 8 años de prisión por corrupción. La ex funcionaria permanece refugiada en la embajada argentina en Quito desde agosto de 2020.
La cancillería ecuatoriana citó este martes 13 al embajador argentino en la capital ecuatoriana, Gabriel Fuks, para que explique las razones por las cuales el gobierno que encabeza Alberto Fernández sigue presionando para conseguir el salvoconducto para la exfuncionaria que le permitiría viajar rumbo a Buenos Aires.
Mediante un comunicado, el canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, rechazó así la carta que le envió su par argentino, Santiago Cafiero, en la que le solicitó este lunes 12 que en las próximas 48 horas se decidiera la situación. “Ecuador rechaza cualquier intento de poner plazos o condiciones a un tema que requiere un meticuloso análisis jurídico”, expresa ese comunicado en su segundo párrafo.
Cafiero le había enviado este lunes una carta de una carilla de extensión a Holguín, en la que le reiteró la decisión del gobierno de Argentina de otorgarle asilo diplomático a María de los Ángeles Duarte Pesantes y a su hijo de 11 años, de padre argentino. Fue ante la falta de respuesta por parte del gobierno de Ecuador para realizar el lunes 12 de diciembre una reunión técnica-jurídica entre ambos equipos para definir las condiciones del salvoconducto para Duarte Pasantes, que hace más de dos años permanece junto a su hijo en la residencia de la Embajada de nuestro país en Quito.
En el comienzo del comunicado, la cancillería ecuatoriana sostiene que convocó a Fuks “para pedirle explicaciones sobre el contenido de distintas notas de prensa que refieren que el gobierno argentino habría dado un ‘ultimátum’ al Ecuador para contestar la decisión argentina sobre la señora María Duarte”.
Ecuador aún no respondió a la solicitud de Argentina de realizar una reunión técnica “en el lugar y hora a fijarse a conveniencia del gobierno ecuatoriano” como se explicó en otra carta del 1 de diciembre enviada por el canciller Cafiero.
Argentina pidió en la última nota enviada que, conforme lo previsto en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 a la que los dos países se encuentran adheridos, se decida “otorgar antes del 14 de diciembre del corriente el salvoconducto y las garantías que prevé el artículo V de la citada Convención para la salida del país de Duarte Pesantes y su hijo”.
El gobierno argentino mantuvo una reunión de trabajo la semana pasada con la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, que se realizó en Washington y de la que participaron la jefa de gabinete de la Cancillería, Luciana Tito; el consejero legal Holger Federico Martinsen y el embajador ante la OEA Carlos Raimundi. Allí se dieron a conocer los fundamentos y la preocupación por el deterioro psíquico debido a la prolongación de la grave situación de Duarte Pesantes y su hijo –de padre argentino- que permanecen hace más de dos años en la residencia argentina en Quito.
El gobierno argentino reiteró por ello en la carta diplomática que le enviaron a las autoridades de la cancillería ecuatoriana que se “busca de forma urgente conseguir una salida a esta situación sin deteriorar las relaciones bilaterales con Ecuador”.
Duarte Pesantes integraba el gabinete del expresidente Rafael Correa -también condenado por corrupción en la misma causa y quien logró asilo diplomático en Bélgica en abril de 2022-, y se encuentra refugiada en la embajada argentina en Quito. Guillermo Lasso, mandatario ecuatoriano, resiste el pedido de asilo solicitado por la Cancillería alegando que no existe ese beneficio legal para condenados por corrupción.
Por eso se lo hizo saber al gobierno argentino a través de un comunicado oficial el mismo día, 2 de diciembre, en el que se hizo el pedido de asilo político para la ex funcionaria correísta. “Las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes”, expresa.
A la ex ministra se le probó su participación directa en el caso Sobornos 2012-2016. Esta investigación judicial reveló una trama de financiamiento irregular del movimiento Alianza País, la coalición política que encabezó Correa y que tuvo como una de sus principales protagonistas a la entonces titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas.
Una asesora de Correa -llamada Pamela Martínez- llevaba un cuaderno de contabilidad que registraba los aportes ilegales de empresas privadas al aparato político del ex presidente. Entre esas compañías se encontraba la constructora brasileña Odebrecht, que enfrentó casos de corrupción en toda América Latina.
El Gobierno argentino considera que Duarte es una presa política y merece su asilo en nuestro país, una posición institucional que es rechazada por Ecuador. Para la administración de Lasso, la ex ministra de Correa es una delincuente común que busca fugar de la justicia de su país apelando a un tratado internacional que no la protegería por los hechos de corrupción cometidos.
