El empresario acumuló más de $ 2200 millones en planes especiales, desde 2013, para evitar la acusación formal de evasión fiscal que debía iniciarle el propio organismo; el dueño del Grupo Indalo recibió un tratamiento especial
Desde mediados de 2013, el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray , puso el organismo a disposición de Cristóbal López para que acumulara más de $ 2200 millones en planes especialísimos de pago y evitara, de este modo, la acusación por evasión fiscal que debía iniciarle el ente recaudador. Así surge de documentos internos de la AFIP que reflejan el tratamiento diferencial que recibieron López y su socio, Fabián de Sousa.
Todo ello ocurrió mientras el Grupo Indalo acumulaba un rojo fiscal que terminó por superar, entre capital e intereses, más de $ 8000 millones por la retención indebida del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC).
¿Cómo se plasmó ese tratamiento especial? Desde recibir escritos a López y De Sousa fuera del horario de atención al público y en oficinas inusualeshasta acumular resoluciones de funcionarios del más alto nivel de la DGI y la AFIP en plazos consecutivos de 24 horas o concederle planes de pagos por montos varias veces superiores a los aprobados por los técnicos y funcionarios de carrera del organismo.
López y De Sousa se encuentran detenidos desde el 19 de diciembre, procesados como partícipes necesarios de una multimillonaria administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado nacional, mientras que Echegaray fue procesado como el protagonista máximo de ese presunto delito, pero continúa en libertad.
Al igual que en el caso Ciccone, Echegaray basó su defensa en descargar toda la responsabilidad administrativa y penal en "la línea técnica" del organismo que lideraba. Argumentó que se había limitado a rubricar aquellos expedientes que habían sido antes analizados y refrendados o aprobados por el escalafón.
Sin embargo, el juez federal que lo procesó junto a López y De Sousa, Julián Ercolini, rechazó ese argumento. Concluyó que les había otorgado planes especiales de pagos a los dueños del Grupo Indalo "de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo", incluso "a sabiendas de que no correspondía hacerlo".
En esa línea, los documentos internos de la AFIP muestran cómo Echegaray y sus colaboradores favorecieron a López y De Sousa para aprobarles los planes de pagos que ellos quisieron, por los montos que ellos mismos fijaron y por los períodos fiscales que también ellos determinaron, con prescindencia de los análisis desarrollados por los niveles inferiores del organismo.
Más montos y más meses
Conocidos como los planes "del artículo 32", la ley 11.683 habilita al titular de la AFIP a otorgar planes especiales de pagos para regularizar deudas a aquellos contribuyentes "que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan" cumplir con sus obligaciones fiscales. Pero tan discrecional es esa opción que Alberto Abad, tanto en su anterior gestión como en la actual, se negó a utilizar esa herramienta y no concedió ningún plan. Echegaray, por el contrario, sí, por miles de millones de pesos. Dos de ellos, para el Grupo Indalo, de López y De Sousa.
El primer plan "del artículo 32" que solicitaron los empresarios patagónicos fue en julio de 2013, cuando pidieron incluir $ 349,9 millones de deuda por la retención del ITC que acumularon entre mayo y junio de ese año.
Un mes después, los responsables de la Regional Palermo de la AFIP dieron su visto bueno, por ese monto y esos dos meses. Pero cuatro meses después, y sin que mediara ningún control o análisis adicional de factibilidad, el 9 de diciembre se aprobó el plan por $ 980,6 millones y por los meses de mayo a noviembre. Es decir, casi tres veces el monto y un período tres veces mayor que el requerido y el aprobado por "la línea" técnica.
El trámite del segundo plan "del artículo 32" que benefició al Grupo Indalo fue aún más singular. De Sousa presentó el pedido el 13 de marzo de 2014, a las 19, en la Secretaría General de la AFIP. Es decir, fuera del horario de atención al público y en un área del edificio central del organismo por demás inusual para recibir solicitudes de planes de facilidades de pago.
Un mes después, el 14 de mayo, el titular de la DGI, Ángel Toninelli, remitió el pedido de Indalo a la Subdirección General de Recaudación de la AFIP, cuyo titular, José Bianchi, tardó menos de 24 horas en merituar la capacidad de pago de las empresas y convalidar el pedido.
El expediente retornó a la Secretaría General de la AFIP y, otra vez en menos de 24 horas, se completó el análisis integral y obtuvo la aprobación del entonces subdirector general de Coordinación Técnico-Institucional y mano derecha de Echegaray, Guillermo Michel.
Tras ese raid, sin embargo, el visado final de Echegaray y la notificación a De Sousa se demoraron cuatro semanas. Estuvieron el 12 de junio y beneficiaron al Grupo Indalo. ¿Por qué? Porque una resolución de 2012 de la DGI le permitió así incluir las deudas fiscales acumuladas hasta el último día del mes anterior al de la notificación del otorgamiento del plan. Así, mientras que en el escrito que presentó a las 19 del 13 de marzo López y De Sousa pidieron regularizar deudas por $ 344,8 millones contraídas entre diciembre de 2013 y enero de 2014, Echegaray concedió otro plan de pagos por $ 1235,4 millones que abarcó de diciembre de 2013 a mayo de 2014. Es decir, 3,5 veces más dinero y un período tres veces mayor de lo que había analizado y convalidado "la línea" de la AFIP.
Llamativas facilidades
Testimonio
Durante la gestión de Ricardo Echegaray, la AFIP dio curso al plan de facilidades que el Grupo Indalo, encabezado por Cristóbal López, solicitó en un escrito firmado por su vicepresidente, Fabián de Sousa, para sostener la actividad de sus empresas. Los documentos llevan la firma de Echegaray, De Sousa y el abogado y contador Guillermo Michel, mano derecha del ex jefe de la AFIP
Facilidades
Ricardo Echegaray otorgó planes irregulares por más de $ 2200 millones al grupo empresario liderado por Cristóbal López, que acumuló un rojo fiscal que superó los $ 8000 millones, por la retención indebida del impuesto a la transferencia de combustibles
