
La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, que preside Daniel Lipovetzky (PRO), logró quórum este miércoles, pasadas las 14, para avanzar en el dictamen del proyecto de ley de alquileres, que propone reducir los costos que deben enfrentar los inquilinos para ingresar a una vivienda y establecer una fórmula para la actualización de los precios.
En caso de ser aprobada, pasará a tratarse en la Cámara Baja el próximo 30 de noviembre.
Se trata de uno de los proyectos que figura en la agenda del actual gobierno y en la del presidente electo, Alberto Fernández, que viene postergándose desde hace tres años en el Congreso.
En el temario de la reunión se incluyen también las iniciativas presentadas por el jefe del bloque FpV-PJ, Agustín Rossi; y el titular del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá.
La reunión fue convocada para las 13.30 y el objetivo será conseguir el dictamen y luego que el oficialismo y la oposición lleguen a un acuerdo y haya sesiones ordinarias el 30 de noviembre, antes del cambio de gobierno.
Hay 7 puntos que buscarán sacar en un solo proyecto de Ley de Alquileres'> Alquileres:
1) Regulación del precio de los alquileres por el promedio entre el índice de precios y el Ripte (salarios).
2) actualización anual sin tope.
3) extensión del plazo de contrato de alquiler a 3 años. Hoy el plazo es de 2 años.
4) registro de contratos en AFIP.
5) 90 días previos del fin de un contrato para iniciar la negociación de las condiciones de renovación del próximo contrato. En la actualidad se requiere 60 días.
6) un mes de depósito (en lugar de dos) por los 3 años que se devuelve actualizado.
7) subsidio para jubilados inquilinos.
El debate por una nueva ley ya es un viejo tema conocido en el Congreso ya que en noviembre de 2016, el Senado había dado media sanción por unanimidad a una iniciativa de la kirchnerista Silvina García Larraburu (PJ-FpV), proyecto que no logró consensos para avanzar en Diputados durante 2017.
En tanto, en 2018 la Cámara baja retomó el debate y finalmente en octubre logró dictamen de comisiones a partir de un texto consensuado, que, sin embargo, no llegó al recinto y tampoco fue incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias de ese año, con lo cual perdió estado parlamentario.















