Diputados nacionales de diferentes bancadas de la oposición presentaron un amparo y una medida cautelar ante la Justicia para pedir que se suspendan las acciones impulsadas por la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, a través de la cual el kirchnerismo busca destituir al juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt. Desde el Gobierno justifican las medidas al sostener que el magistrado tiene más de 97 años, lo cual afectaría su idoneidad para cumplir con sus funciones.
Para los diputados firmantes, "todo lo actuado por la Comisión de Juicio Político es antirreglamentario, ilegal e inconstitucional" y "está dirigido directamente a socavar la independencia judicial". "Este accionar se vincula con la existencia de circunstancias que ponen en real, efectivo e inminente peligro el pleno y efectivo ejercicio de la independencia del Poder Judicial, que podría recibir de manera inminente también, otro embate contra otros jueces que no sean de la simpatía del gobierno de turno, y tenga una simple y circunstancial mayoría en la Comisión de Juicio Político", dijo el diputado Negri.
La comisión resolvió el martes abrir un proceso de investigación sobre el estado de salud de Fayt. Hoy, los radicales Mario Negri -presidente de bloque-, Diego Mestre, Jorge D´Agostino, Gustavo Valdez, Julio Martinez, Juan Francisco Casañas y Miguel Giubergia (UCR); los macristas Federico Pinedo -presidente de bloque- y Pablo Tonelli; los massistas Graciela Camaño y Alberto Assef; Fernando Sánchez de la Coalición Cívica y Graciela Villata, de Frente Cívico de Córdoba, firmaron el amparo ante la justicia.
"El amparo solicita la inconstitucionalidad de la apertura del proceso investigativo en contra de Fayt que promovió la Comisión de Juicio Político; y es acompañado de una medida cautelar para solicitar la suspensión de dicha embestida hasta tanto la justicia resuelva sobre el fondo de la cuestión", explicó Negri a través de un comunicado de prensa.
El escrito clama que "el expediente que dio origen a la investigación se encuentra caduco por haberse iniciado en el año parlamentario 2014". "Dicho período culminó el 28 de febrero del 2015, de modo tal que el expediente, iniciado por Aníbal Fernández con una nota presentada el 12 de diciembre de 2014, debería haberse archivado y no puede ser discutido por la Comisión de Juicio Político".
En segundo lugar, se explica que "la Comisión carece de competencia para tratar el tema porque sólo está habilitada para recibir denuncias que soliciten el juicio político de algún funcionario público pasible de él. De este modo, el procedimiento llevado a cabo por la Comisión viola su propio reglamento interno y el reglamento de la Cámara de Diputados".
En tercer lugar, se denuncia el hecho de que "la presidencia de la Comisión no permitió a los miembros de la oposición presentar los fundamentos para oponerse al accionar de la Comisión".















