La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que crea un “Régimen de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios UVA y UVI”, que se propone como una solución para las familias que contrajeron créditos años atrás y que llevan desde hace años una lucha para encontrar un sistema que les permita afrontar los pagos sin ver comprometidos sus ingresos, en medio de un escenario de alta inflación que aumenta las cuotas.
La iniciativa establece que la cuota a pagar no podrá exceder el 30% de los ingresos acreditados por los deudores. En el recinto, fue aprobada por 134 votos positivos, 40 negativos y 18 abstenciones minutos antes de la medianoche.
En tanto, para los créditos ya otorgados, el cómputo del 30% será retroactivo al 1° de enero de 2023. A su vez, se fija que aquellos deudores que estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos.
El proyecto revalúa los criterios de adecuación de las cuotas. El valor de la cuota a pagar por el deudor será determinado en función de la actualización mensual del saldo de capital por el índice actualizable por remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (IAR) determinado en el proyecto, u otra variante que se establezca en función de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).
La iniciativa prevé la creación de un Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH), a partir del sistema bancario. En caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.
En el recinto, la legisladora oficialista Alicia Aparicio, presidenta de la Comisión de Finanzas, defendió el proyecto y habló de un sistema de compensaciones. “La diferencia contemporánea entre la cuota pagada por el deudor y la que debiera percibir la entidad financiera según las condiciones originales del crédito dará lugar a una compensación monetaria que será cubierta por el Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)”, consignó.
El proyecto establece, además, la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.
