Los datos surgieron de la transcripción de una audiencia de ayer en Nueva York. Allí la jueza Loretta Preska le pidió al Estado chats, mails y documentos de los últimos dos ministros de Economía del país.
Son 72 páginas de trascripción textual y hay fragmentos donde quedó plasmada la obvia tensión entre las partes y también cierto fastidio de la jueza Loretta Preska con este caso y la postura del país en un juicio que lleva una década cursándose en su estrado.
Se trata de la audiencia de ayer en el juzgado donde se lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF, donde ya se condenó en primera instancia al país a pagar más de USD 16.000 millones.
En el encuentro de entre la jueza y los abogados de los estudios que representan a Burford Capital y otros querellantes –Levine Lee, King y Spalding y Kellogg, Hansen, Todd, Figel y Frederick– y el de Argentina –Sullivan & Cromwell– se decidió pedir emails, WhatsApps y otros mensajes de los últimos dos ministros de Economía de Argentina, Sergio Massa y Luis Caputo, quieren demostrar que el Estado y la empresa son lo mismo (la figura del alter ego) y de esa manera poder embargar los activos no sólo de la petrolera sino también de otras empresas y hasta el Banco Central.
Justamente, en este punto volvió un tema que ya había sobrevolado este juicio que lleva 10 años: los querellantes quieren saber dónde está el oro que el Banco Central envió al exterior desde el país el año pasado para, eventualmente, embargarlo. Para eso exigieron conocer la documentación del ministro Caputo quien, aseguran, habló públicamente del tema y, por lo tanto, sabe dónde quedaron depositados esos activos del Estado.
Si bien los defensores aseguraron que el BCRA no está dentro del caso, la jueza aseguró que no acepta esa excusa y que Caputo debería figurar como fuente de información. Cuando los defensores dijeron que se buscó documentación para encontrarlo y no encontró nada, la jueza fue contundente: “Porque no buscaron en el banco”.
Preska aceptó que el Gobierno debe dar datos sobre el oro y que Caputo podría tener la información. Cuando la defensa argumentó que son dos temas separados, BCRA y gobierno, ella dijo que el ministro igual debe informar y, que si no lo hiciera, parece dispuesta a analizar un llamado a declaración.
Seth Levine, abogado de Levine Lee, uno de los estudios que representan a Burford –un litigation funder que cotiza en Londres y Wall Street y compró los derechos a litigar en este caso hace varios años–, lo dijo claro: “Todavía no pudimos obtener ni un solo documento ni una sola pieza de información sobre cómo el oro salió de Argentina. Esto es una búsqueda del tesoro. Tienen el mapa del tesoro y ni siquiera nos dejan encontrar el oro. Es ridículo. Quiero saber quién sabe sobre el oro. Ya dije quién es. Es Luis Caputo, porque habló sobre el oro en los medios".
“Déjenme tener a quien más sepa, y llegaremos al fondo de esto. Literalmente, sobre dónde está el oro”, agregó.
Y citó al ministro cuando dijo “creo que tomamos una gran decisión sobre el oro”. O sea, según su razonamiento, no puede decir eso y no saber dónde está.
Este es un fragmento del diálogo entre Levine y Giuffra (representante del estudio que defiende a Argentina). Allí, entre otras cosas, se debate la independencia, o no, del Banco Central.
- Levine: Revisemos sus WhatsApps [los de Caputo], porque ahí está toda la información que el Gobierno no tiene en su sistema oficial; ni siquiera es un sistema de correo electrónico. Ya es hora de que termine esta tontería en la que tenemos que adivinar dónde está la información. Tengo a una persona que sabe. Si él quiere decirme que no sabe, si el señor Giuffra quiere refutar el conocimiento del ministro, genial. Hagámoslo aquí y que él lo refute.
- Giuffra: Bien. A ver, por lo que estoy escuchando ahora —y aquí es donde nos metemos en un problema que quizás tengamos que escalar— él quiere tomar la declaración del ministro de Finanzas de Argentina sobre el oro, cuando en realidad, como creo que él sabe, el BCRA controla el oro. Las declaraciones que hizo Caputo vinieron después de declaraciones del BCRA sobre dónde estaba el oro. Así que él solo estaba informando sobre lo que ya se sabía públicamente sobre la ubicación del oro. Él no está moviendo el oro, porque el oro es controlado por el BCRA, una entidad separada. Si quiere mantener una conversación más a fondo sobre el oro, estamos dispuestos a hacerlo. Pero creo que en cuanto empiece a avanzar por ese camino de tomar declaración a altos funcionarios de Argentina, ya estamos pisando temas de soberanía, y creemos que gran parte de este descubrimiento no es relevante porque no conducirá a activos ejecutables.
- Levine: Le pedí que identifique a alguien que sepa sobre el oro. Se niegan a hacerlo. Yo tengo a una persona que, según sé, parece saber. Ahora bien, no sé cuál es la base de la oferta del señor Giuffra. El hecho de que un ministerio —o un banco, con el que ya litigamos con usted en términos de alter ego— que ellos sean quienes físicamente lo movieron, no sugiere que los políticos de alto nivel no sepan la respuesta. Y aquí no hay ninguna propuesta sobre lo que sabe o no sabe. El problema es que no podemos adivinar. Así que lo que hemos hecho es revisar material disponible públicamente y encontramos a alguien que dice: “Creo que tomamos una gran decisión sobre el oro”.
Otros temas
De la transcripción también se desprende, por caso, que la jueza no aceptó que la información que entregue Argentina sobre chats, mensajería y otros documentos de actuales y anteriores funcionarios sea secreta y que las partes deben explicar por qué quieren que lo sea. No fijó umbrales económicos para búsqueda de activos argentinos en el exterior (primero quiere identificar las fuentes centralizadas de datos) y exigió que las partes acuerden cómo excluir información de defensa o inteligencia sin impedir el seguimiento de fondos que los demandantes quieren conseguir.
Además, se piden detalles de cuentas bancarias y relaciones con China, fideicomisos del Estado y privatizaciones planeadas. Todo parece ser objeto “embargable”. Eso reclaman los demandantes y eso parece interpretar la jueza, que como no se cumple su fallo condenatorio, está dispuesta a accionar para que los ganadores cobren, o el Estado negocie con ellos. Vale recordar que esa causa “madre”, el fallo en primera instancia, está apelada ante la corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, tribunal en el que recién para fines de octubre se citó a las partes para que presenten argumentos orales.
