Si bien las profesionales recibieron el acuerdo de la Legislatura para desempeñar dichos cargos, desde la segunda minoría de la Cámara se hizo notar la necesidad de someter a concurso todos los cargos vacantes del Poder Judicial “para transparentar el sistema”, trámite que en este caso se pasó por alto.
Durante la segunda sesión especial cumplida días pasados, la Legislatura prestó los acuerdos para cubrir ambos cargos, aunque en esta ocasión las designaciones fueron solicitadas directamente por el Poder Ejecutivo, obviando el sistema de selección de jueces y funcionarios inaugurado recientemente con la designación del Defensor Público ante la Cámara de Casación Penal, obtenido a través de una evaluación de oposición y antecedentes por Mario Orlando Contreras.
“Tal como lo venimos expresando desde la creación de los ministerios públicos de la Defensa y de la Acusación, a través de sus respectivas leyes, consideramos que es necesario modificar la Constitución para la creación de los cargos correspondientes y poner en funcionamiento los mencionados institutos”, advirtió el jefe del Bloque Justicialista, Javier Hinojo, quien aclaró que su bancada no objetaba las facetas personales y técnicas de las propuestas, de quienes ponderó sus conocimientos y capacidades profesionales para ejercer los cargos.
“Queremos hacer esta aclaración puntual para ser coherentes con lo que venimos diciendo desde que el actual gobierno inició la reforma del Poder Judicial. Por ello sostenemos que es preciso modificar la Constitución”, reiteró.
Cabe mencionar que el justicialismo acompañó con todos sus escaños las propuestas y designaciones enviadas a la Legislatura por el gobernador Gerardo Morales, para darle el tratamiento constitucional que requiere este tipo de instancias, donde se precisan los acuerdos legislativos pertinentes.
Ya en el acuerdo que se le diera hace un par de semanas a la designación de Contreras, que fue la primera designación surgida de un concurso, el PJ realizó esta observación y celebró que los concursos fueran la garantía para cubrir cargos de jueces y funcionarios en la Justicia provincial. En aquel momento, el legislador Alberto Matuk, integrante de la Comisión Evaluadora conformada por Ley, había sostenido la necesidad de reformar nuestra Carta Magna.-
