La designación de 18 fiscales por parte de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sigue levantando críticas. El martes fue la Asociación de Magistrados la que advirtió sobre esa serie de nombramientos que habilitó un anexo del nuevo Código de Procedimientos Penales y hoy se agregó la asociación de abogados Será Justicia, quienes denunciaron que con esos nombramientos se podría "encubrir la intención de controlar investigaciones penales".
En uno de los tramos más duros del comunicado, Será Justicia denuncia "la pretensión de convertir a los fiscales nombrados en un obstáculo -cuando no en un ejercicio de encubrimiento- para la investigación de delitos, especialmente, los referidos a hechos de corrupción donde se involucre a altos funcionarios".
"Bajo la modalidad de subrogantes, se reasignó en diferentes funciones a fiscales que contaban con acuerdo del Senado para otras jurisdicciones, haciendo abuso de las facultades del Anexo II del Código Procesal Penal, recientemente sancionado pero que carece de las leyes complementarias indispensables para su plena y legítima operatividad", denuncia la asociación acerca del accionar de la Procuradora, alineada con las posturas del Gobierno.
