La resolución fue firmada por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.
El juez federal de Dolores e integrante de la agrupación judicial kirchnerista Justicia Legítima, Alejo Ramos Padilla, declaró inconstitucional la designación por decreto y "en comisión" de los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia. El magistrado, cercano al kirchnerismo, aplicó una medida cautelar para detener la asunción de ambos juristas, y también le advierte a la propia Corte que no podrá tomarles juramento, pero reconoce que en cuanto los dos candidatos propuestos reciban acuerdo por parte del Senado automáticamente el fallo cesará en sus efectos.
Hace dos semanas, Ramos Padilla había renunciado como subrogante en el juzgado federal de Bahía Blanca, justamente porque la Corte había declarado inconstitucional la ley de subrogancias con la que el kirchnerismo designó arbitrariamente magistrados en decenas de juzgados.
"Si el mecanismo de designación de los jueces del máximo tribunal no es válido, si ello no surge del texto ni del espíritu de la Constitución, si con ello se afecta la división de poderes, la independencia de los jueces, la garantía del juez natural, las facultades del Congreso, la participación y control ciudadano, resulta necesario que los mecanismos constitucionales se pongan en funcionamiento cuanto antes para frenar esa ilegalidad que afecta principios básicos sobre los que se asienta la República", sostiene la resolución de Ramos Padilla, que ya fue difundida en la página web de Justicia Legítima.
La acción de amparo fue planteada por el ciudadano Mariano José Orbaiceta, con el patrocinio letrado de la abogada Lorena Herrera, reclamando "la nulidad del Decreto número 83/2015 publicado en el Boletín Oficial el 15 de diciembre pasado, mediante el cual se designó como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los Doctores Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti en los términos del artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional".
Según la acción judicial, “a través de estas designaciones se han lesionado derechos y garantías constitucionales, la división de poderes, la independencia judicial y la seguridad jurídica, y adelantan que todas las decisiones que podría tomar el más alto tribunal de la nación estarían viciadas de nulidad absoluta”.
MACRI DISPUESTO A CORREGIR TODO, MENOS LOS NOMBRES
Aunque las circunstancias y los motivos son distintos, Mauricio Macri arrancó su mandato con la mirada puesta en la Corte Suprema, al igual que Néstor Kirchner. El actual presidente apeló a un jugada riesgosa para imponer sus candidatos y recibió la primera ola de críticas, incluso de figuras del Derecho que lo habían apoyado durante la campaña. “Fue un golpe de autoridad en la mesa, ahora negociamos con los nombres puestos”, graficó uno de los asesores que conoce los detalles de la elección de los dos candidatos: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
En el Gobierno destacan la “independencia” de Macri para elegir, al margen de las presiones que llegaban de la Corte y el Senado. Las críticas, según ese razonamiento, fueron un mal menor. ¿Autocrítica? Poca. “Quizás no estuvo bien comunicada la propuesta”, dijo ayer un funcionario.
El anuncio del lunes pasado comenzó a gestarse antes de la asunción. Durante varios días estuvo en carpeta Domingo Sesín, uno de los dos candidatos elegidos por Cristina, confirmaron a Clarín tres fuentes que asesoraron a Macri en el tema. Su cercanía al titular de la Corte Ricardo Lorenzetti y los cuestionamientos de Elisa Carrió fueron demasiado. Justamente la diputada fue una de las que puso en la mesa el nombre de Rosatti, quien dijo públicamente que votó a Daniel Scioli, aunque la fórmula estaba integrada por Carlos Zannini, uno de los enemigos que dejó en su paso por el kirchnerismo. El otro es el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.
El constitucionalista estuvo toda la semana en Buenos Aires y el viernes regresó a Santa Fe. A partir de hoy estará monitoreando, a la distancia, las adhesiones que se presentarán a su favor en el Ministerio de Justicia. Aún no sale de su asombro por la elección de Macri, a quien no conoce. El que se comunicó para darle la buena noticia fue el ministro de Justicia, Germán Garavano. Rosatti pidió unas horas para analizar la propuesta y el decreto. No encontró objeciones.
El diseño jurídico de la primera jugada fuerte del gobierno de Macri estuvo comandado por Fabián Rodríguez Simon, un abogado que probó como funcionario en la Ciudad (diseñó el primer plan para reordenar la Villa 31) y hace varios años asesora a Macri desde la sombras. “Pepin”, como lo conocen en el PRO, integra el ala de José Torello. De su puño y letra salió el paper con la estrategia. Pero no manejó los tiempos políticos del decreto. De hecho, mientras se anunciaba la noticia estaba bajando del Buquebus que lo llevó hasta Montevideo para jurar como legislador del Parlasur. Tras el anuncio, le explotó el teléfono. Está acostumbrado al agite. Igualmente este fin de semana decidió tomarse vacaciones.
En el Gobierno dicen que el primer objetivo está cumplido: instalar los nombres. “Estoy abierto a corregir lo que haya que corregir”, dijo Macri. Le faltó agregar: “Menos los nombres”. Ahora viene la etapa más difícil, la negociación política, donde será clave el bloque de senadores que comanda Miguel Pichetto, uno que aspiraba a integrar la Corte. “Nunca tuvo chances con nosotros”, advirtió un hombre que participó de la maniobra. “Si nos va bien en lo económico, todo va a ser más fácil”, concluyó la misma fuente.















