La hermana Gabriela Burgos, referente del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Protección y Asistencia a las Víctimas, fue invitada por la comisión de Igualdad e Género de la Legislatura de Jujuy, para trabajar una iniciativa sobre el tema.
Burgos afirmó que la trata de personas es uno de los delitos mas graves y de mayor rentabilidad económica en el mundo ya que una persona puede ser "vendida" en varias oportunidades. "En Jujuy al tener fronteras con Chile y Bolivia las víctimas son sacadas con rapidez, este año rescatamos víctimas en la provincia que son de Brasil y de Buenos Aires, victimas rescatadas en Bolivia, las fronteras son permeables en todo el mundo, pero hay formas de prevenir y cuando se rescata hacer un abordaje integral para esas personas".
Por otra parte indicó que actualmente no se cuenta con refugios en todo el noroeste para personas que fueron víctima de trata de personas y ahora se proyecta la construcción de cuatro refugios, uno de los cuales va a ser en Santiago del Estero. "El gobernador de Santiago del Estero ha provisto de viviendas a dos personas rescatadas de la trata de personas".
La delegada señaló que hay distintas modalidades de trata de personas y que las mas habituales son con fines de explotación sexual y laboral. "El año que viene vamos a trabajar focalizados en organizaciones coercitivas también conocidas como sectas, aprovechando que Jujuy tiene un Ministerio de culto".
Proyectos Legislativos
El proyecto 59-DP-22 presentado por el diputado Juan Cardozo, apunta a la salida laboral de personas que fueron víctimas de trata, establece un incentivo económico para aquellas personas o empresas que contraten a estas personas. Consiste en el reintegro por parte de la provincia de las cargas sociales que le corresponden ingresar al empleador.
Propone pasantías laborales con preferencia para aquellas personas que tengan hijos, consistente en becas totales o parciales de trabajo con instituciones privadas que duraran un año o dos como máximo donde el salario que reciban será equivalente a un salario mínimo vital y móvil.
Se destaca que desde la sanción de la ley Nacional 26.364 (año 2008) de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, ni el gobierno nacional ni los provinciales habían creado políticas claras y sustentables en el tiempo para la asistencia de las personas rescatadas.
El primero en dar este puntapié inicial fue la Provincia de Catamarca, de donde se toma el antecedente, creyendo en la importancia de la implementación de este beneficio para personas vulnerables. Tiene como objetivo que decenas de víctimas puedan acceder en el corto plazo a un trabajo digno en el ámbito privado o público, recibiendo una asignación no remunerativa mensual equivalente al salario mínimo por un año mientras dura el entrenamiento en oficios.
