El soterramiento del tren Sarmiento, una obra multimillonaria que todavía permanece inconclusa, quedó ayer formalmente sospechado por el pago de sobornos. El exministro Julio De Vido , el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y dos decenas de funcionarios de esa área deberán defenderse desde junio en los tribunales, acusados de haber recibido coimas a cambio de entregarles el contrato de US$3000 millones a la empresa Odebrecht y a sus socios.
Aunque involucra a exfuncionarios kirchneristas, el caso encendió una luz amarilla en la Casa Rosada. El juez Marcelo Martínez de Giorgi también citó a declarar como acusados de haber sido parte del circuito que permitió el pago de sobornos a 25 empresarios, entre ellos, a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, que era titular de la constructora Iecsa, socia local de Odebrecht. Pruebas como correos electrónicos y registros de pagos involucran a empleados de la constructora en el circuito que facilitó las maniobras.
El juez Martínez de Giorgi entendió que 49 personas, entre exfuncionarios del área de Transporte, intermediarios y empresarios deberán dar explicaciones ante las distintas pruebas aportadas por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.
El magistrado apunta al pago de sobornos, en primer lugar, para lograr la adjudicación del contrato, pero tiene elementos para sospechar que ese mecanismo se repitió entre 2011 y 2014 para "liberar" las órdenes de pago de una obra que apenas había comenzado cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada.
El circuito de los sobornos para el soterramiento del Sarmiento pasó por la compleja estructura que había armado Odebrecht para el Lava Jato, el caso de corrupción que se inició en Brasil pero que tuvo repercusiones en todo el continente. Esa estructura incluye un entramado de sociedades offshore y cuentas bancarias en paraísos fiscales.
Pero en este caso, además, se apoyó en intermediarios locales para encuadrar la maniobra. Manuel Vázquez y Jorge "Corcho" Rodríguez también deberán declarar ante la Justicia, señalados como los personajes clave para que el dinero de los empresarios llegue a destino.
Vázquez, testaferro de Jaime (entonces secretario de Transporte), facilitó una sociedad para cobrar una falsa consultoría que habría canalizado los sobornos, según se desprende del pedido de indagatoria realizado por el fiscal Picardi. Más tarde -entendió la Justicia- Corcho Rodríguez también daba las indicaciones necesarias para que los pagos llegaran (a través de una sociedad uruguaya) hasta Roberto Baratta, la mano derecha de De Vido.
¿Cuáles son las pruebas? Correos electrónicos, transferencias bancarias y registro de cheques. La Justicia enumeró 21 irregularidades en la licitación, que debían controlar en la Secretaría de Transporte, y que le permitió a Odebrecht y sus socios hacerse con el contrato.
Las pruebas involucran directamente a los ejecutivos de Iecsa como quienes llevaron adelante la negociación para ejecutar el pago de sobornos. "Se destaca que en dichos correos electrónicos quedaba asentado que Javier Sánchez Caballero, gerente de Iecsa, mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas. En uno de ellos, del 9 junio de 2010, se habría citado a una reunión para debatir el pago de un soborno con Sánchez Caballero. Que las sumas mencionadas en el intercambio de correos excederían US$20 millones", escribió el juez.
Las indagatorias comenzarán el 6 de junio con De Vido y continuarán con Baratta, José López, Jaime y Juan Pablo Schiavi. Calcaterra fue citado para el 15 de agosto y otros seis empleados de Iecsa (incluido Sánchez Caballero) tendrán que defenderse de las acusaciones hasta fines de agosto.
Los empresarios brasileños, encabezados por Marcelo Odebrecht, también fueron citados a indagatoria, aunque su situación judicial estará condicionada por el acuerdo firmado entre la empresa y las autoridades de su país en el marco de la operación Lava Jato.
El juez estudia ahora si la indagatoria puede hacerse a través de exhortos, es decir, que sea ejecutado por las autoridades brasileñas, indicaron fuentes judiciales.
Lejos de generar sorpresa, tanto en la Casa Rosada como los empresarios involucrados sabían que la resolución del juez era inminente.
"Muchos decían que este gobierno protegía a los empresarios en este caso y ahora quedó demostrado que no era así. La Justicia es para todos. No vamos a proteger a nadie, aunque se llame Calcaterra", dijo una alta fuente oficial, que tampoco se asombró por la resolución.
"De hecho, nosotros contribuimos para que esta causa avance de verdad", dijo otro operador del oficialismo al recordar que buena parte de los datos incorporados por el juez fueron aportados por la Justicia de Estados Unidos en un viaje gestionado por la Casa Rosada.
Aunque primero hizo gestiones para obtener la información del Lava Jato que estaba en Brasil, el Gobierno después presionó a Odebrecht para que prácticamente mantuviera todas sus obras en el país, entre ellas la del soterramiento del tren Sarmiento, que es la de mayor envergadura.
Los empresarios citados ayer a indagatoria tampoco fueron sorprendidos ante la citación: Benito Roggio y Carlos Wagner ya declararon como acusados en otra causa de Odebretch.
Pero los empresarios ahora quedaron expectantes. En especial, los ejecutivos de la empresa italiana Ghella, que actualmente es la única compañía que está a cargo de la obra del soterramiento del Sarmiento. Ellos también tendrán que dar explicaciones ante la Justicia.
