Diputados avanzaron con dictamen para poder allanarle el domicilio. El ex ministro de Infraestructura es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, pero tiene fueros por ser diputado. En otra causa que enfrenta el ex ministro, Bonadío ordenó embargarle el sueldo
La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el dictamen para que la Cámara vote el proyecto que autoriza al juez federal Luis Rodríguez a realizar el postergado allanamiento al departamento de Julio De Vido, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.
El mes pasado, el juez federal había ordenado allanar el domicilio del ex ministro de Planificación pero el luego tuvo que suspender el procedimiento porque la defensa del acusado le advirtió que el mismo posee fueros por su condición de diputado nacional.
A raíz de eso, diputados de Pro presentaron un proyecto de resolución para que se vote una autorización que le permita a Rodríguez llevar a cabo el operativo judicial. Esa iniciativa obtuvo recientemente dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales con 15 firmas a favor de Cambiemos y el Frente Renovador, mientras que el FPV lo rechazo con 10 votos y Margarita Stolbizer se abstuvo.
BONADÍO ORDENÓ EMBARGARLE EL SUELDO
El juez Claudio Bonadio ordenó embargarle el sueldo de diputado nacional a Julio de Vido, en el marco de la causa en la que lo investiga por la tragedia de Once.
La medida fue tomada por el juez federal luego de que días atrás la requiriera la Oficina Anticorrupción, organismo al que Bonadio aceptó como querellante.
Fuentes judiciales explicaron que se congelará el 20% del sueldo (es el máximo posible que se puede embargar de un salario) y también la mitad de un plazo fijo de $ 500.000 (la otra mitad está a nombre de la esposa del ex ministro).
El juez había procesado al ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo el pasado 10 de mayo, acusándolo de "descarrilamiento agravado" y "administración fraudulenta contra el Estado", por la tragedia que sucedió el 22 de febrero de 2012 y en la que murieron 51 personas (incluyendo una embarazada) y más de 700 terminaron heridas.
En el juicio por esa causa ya fueron condenados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex dueño de la concesionaria TBA Sergio Cirigliano, y otros ex funcionarios y ex directivos de la empresa, además del maquinista Marcos Córdoba.
Pero en su fallo el Tribunal Oral Federal N°2 también ordenó que se investigara a De Vido, porque los jueces entendieron que "difícilmente se puede alegar un desconocimiento de las circunstancias" probadas en el juicio, dado el cargo que ocupaba el ex ministro kirchnerista.
Siguiendo esa lógica, el juez Bonadio, que en la etapa de instrucción del primer juicio no había involucrado a De Vido, ahora sí decidió procesarlo, ya que entendió que "el imputado tuvo efectivo conocimiento del deficiente estado del material rodante de la concesionaria, como así también del sostenido decaimiento de los bienes dados en concesión para la prestación del servicio", y también que "durante su gestión como máxima autoridad del Ministerio de Planificación Federal se posibilitó a ciertas empresas concesionarias el manejo discrecional de los fondos transferidos por el Estado".
En el mismo acto en que lo procesó, Bonadio embargó a De Vido por $ 600 millones. Como el ex ministro presentó un escrito diciendo que no tenía propiedades ni dinero por ese monto, ahora el juez federal ordenó congelarle parte de sus ingresos.
















