En los más de 500 mil metros cuadrados que Lázaro Báez adquirió en Santa Cruz, se allanaron 50 propiedades en una semana. Sin embargo, quedaron afuera de los operativos judiciales cinco inmuebles que son claves en la investigación conocida como “la Ruta del Dinero K”, que no se incluyeron en la lista con la que el fiscal Guillermo Marijuán llegó a Río Gallegos. Se trata del chalet de la calle 25 de Mayo que Néstor Kirchner vendió al empresario K, las oficinas de dos empresas Austral Agro (utilizada para la compra de estancias), Kank & Costilla, la casa de Luciana la mayor de las hijas de Báez y la estancia Alquinta denunciada por Elisa Carrió de ser el destino del dinero que presuntamente se retiró de la bóveda de la chacra en 2013.
Casas, departamentos, chacras, terrenos, estancias, oficinas comerciales, el imperio inmobiliario de Báez se expandió a lo largo y a lo ancho del suelo santacruceño. La Justicia se encuentra tasando 50 de 150 propiedades que están a nombre del empresario K o vinculadas a él por medio de sus empresas. Pero cinco propiedades no fueron incluidas en esta primera etapa de allanamientos. Llamativamente, se tratan de direcciones importantes en la investigación por lavado de dinero en el marco de la cual, Lázaro Báez lleva detenido tres semanas.
Es una esquina emblemática, símbolo de los negocios inmobiliarios entre la familia Kirchner y su socio favorito. En la calle 25 de mayo y Maipú en Río Gallegos, se observa el gran chalet de 625 mt 2, con ladrillos a la vista y rejas negras. La vivienda perteneció a la familia Gotti –titular de la constructora que terminó absorbiendo Austral Construcciones- y después integró el patrimonio de Néstor Kirchner hasta que en 2008 se la vendió a Báez, quien la adquirió por medio de una empresa que le pertenecía, Epelco S.A.
El matrimonio Kirchner declaró percibir $ 3.170.000 por la casa; la operación, sin embargo, se había concretado en unos 700 mil pesos, según se desprende de las porcentajes pagados en concepto de escrituración.
Al igual que otras casas del empresario K, nunca se habitó y en la última semana se observaron vehículos custodiando la propiedad que permanece día y noche con sus persianas bajas.
Recorriendo la Ruta 3, pavimentada por Austral Construcciones, al norte de la capital santacruceña, se encuentra la estancia Alquinta. Fue denunciada por la diputada Carrió como el lugar donde se ocultó dinero, documentación y armas que se habrían retirado una bóveda instalada en el sótano de la chacra 39, ubicada en Río Gallegos.
Este importante campo escriturado a nombre de Austral y adquirida en 2008, cuenta con siete tranqueras y un camino completamente de ripio. Fuentes judiciales argumentaron a Clarín que debían librarse órdenes de allanamientos por cada acceso que se debía atravesar para acceder al casco de la sospechada estancia. Se especuló que sería uno de los primeros lugares donde irían los efectivos federales, pero esto no ocurrió.
Esta estancia fue allanada en 2013 junto a la chacra 38 y el galpón de la calle Güer Aiker, pero solo estos dos últimos volvieron a ser inspeccionados por la Justicia.
Sorprendió, incluso a la propia familia Báez, que el operativo judicial nunca llegó a Alcorta 741. Se trata de la casa de Luciana, la hija mayor del empresario K y responsable de Austral desde que su padre quedó detenido. La propiedad a nombre de la constructora quedó al margen de los allanamientos realizados en las viviendas familiares: En una tarde se allanaron las casas de sus tres hermanos Martín, Leandro y Melina, incluso la de su madre Norma Calismonte.
Vinculada a la compra de estancias, está Austral Agro, manejada por Leandro Báez, según indicó Leonardo Fariña en la ampliación de su declaración. Esta empresa manejó millones de dólares y a su nombre se escrituraron una docena de campos. Dichas oficinas ubicadas en la capital santacruceña y en el edificio de Pasaje Carabelas en Buenos Aires, no fueron allanadas, pero a que una de las búsquedas más intensas se realizaron en las héctareas que compró Lázaro estos doce años.
Kank & Costilla, empresa inquilina de inmuebles de Los Sauces S.A. propiedad de Cristina Kirchner, tiene su principal domicilio sobre la avenida Gregores en Río Gallegos. Manejó millonarias licitaciones del Gobierno nacional, se encuentra entre las empresas del Grupo denunciadas por el manejo discrecional de fondos y obras inconclusas. El domicilio no integró el listado de los operativos judiciales.
La oposición no compra el acuerdo de Macri con los empresarios
El compromiso firmado por el Gobierno y los empresarios para suspender los despidos por 90 días no conformó a la oposición, que encolumnada detrás del kirchnerismo cuestionó el anuncio del Presidente e insistió en avanzar con la ley del cepo laboral en el Congreso.
"El anuncio es medio engañoso, porque una cosa es no reducir la plantilla y otra cosa sería reemplazar a los viejos por los nuevos", opinó Héctor Recalde, titular del bloque de Diputados del Frente para la Victoria.
"Quiero saber si el Estado también se comprometió a no cesantear", se preguntó Recalde en diálogo con C5N, y planteó continuar con el proyecto antidespidos que ya tiene media sanción del Senado.
En tanto, el titular del PJ y vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja, afirmó que
"una vez más el país asiste a un acuerdo entre el Gobierno y las empresas para evitar despidos cuando en el Parlamento avanza un proyecto para darles estabilidad a los trabajadores con fuerza de ley".
"Así como el Gobierno les pide a las empresas que se comprometan a no despedir personal, el Estado también debería firmar un compromiso para no despedir empleados públicos, eso no lo va a hacer porque pretenden seguir echando gente a discreción, por eso es necesaria una ley", agregó Gioja.
En la misma línea que Recalde, el ex gobernador de San Juan concluyó: "Macri pretende cambiar la fuerza de una ley por la firma de un papel".
Por su parte, Diego Bossio, del Bloque Justicialista, opinó que "escuchar y reconocer los problemas está bien, pero los trabajadores necesitan soluciones concretas, no compromisos". Más allá de los elogios, el ex titular de la Anses sentó la posición de su bloque: "Vamos a seguir insistiendo en la ley".
Desde el massismo también insistieron en que el debate debe darse en el Congreso y advirtieron sobre la real aplicación del acuerdo compromiso. Al respecto, el diputado nacional del Frente Renovador Facundo Moyano sostuvo que el acuerdo con los empresarios rubricado por el Gobierno es como "poner al lobo a cuidar el rebaño"
"En el documento que firmaron se comprometen a no reducir sus planteles de empleados, que no es lo mismo que no despedir", remarcó Moyano. "Pedirles a los empresarios que no despidan gente parece más bien una táctica política en función del debate que se está dando en la Cámara", concluyó.
La izquierda también cargó contra el acuerdo. El diputado del Partido Obrero Néstor Pitrola aseveró que Macri "ha salido contra el parlamento, demostrando que 'su' ley es la de Triaca, subsidiar empleo barato para despedir a los más antiguos".
Y agregó: "La presencia de las CGT en el acta trucha de Macri con empresarios demuestra que la burocracia sindical es socia del ajuste".
El Frente para la Victoria consideró "engañoso" el acuerdo anunciado por el Gobierno. "Macri pretende cambiar la fuerza de una ley por la firma de un papel", afirmaron desde el PJ. Críticas del massismo
















