El cargo de jefe de los fiscales se elige con mayoría simple y tiene un mandato de cinco años. La política tendrá mayoría en el Tribunal de Enjuiciamiento y se mantienen los dos tercios para destituir a un fiscal
El oficialismo le dio ayer media sanción en el Senado de la Nación a un proyecto que reforma la ley del Ministerio Público Fiscal. Los cambios más importantes, que fueron rechazados por la oposición, son respecto al modo en el que se designa al Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales nacionales y federales, y en el que se le hace juicio político a los fiscales.
Con 42 votos a favor y 27 en contra, el Frente de Todos aprobó el proyecto, que ahora pasará a la Cámara de Diputados. Se da en el medio de la discusión por las acusaciones del oficialismo contra el Procurador interino Eduardo Casal y la propuesta del presidente Alberto Fernández para que el juez federal Daniel Rafecas sea el nuevo jefe de los fiscales, que está desde marzo en el Senado y hasta ahora no fue tratrada.
El dictamen aprobado tiene algunos cambios respecto del que salió hace una semana de la Comisión de Justicia. El más importante de todos es que se mantienen los dos tercios de los votos para destituir a un fiscal por presunto mal desempeño de sus funciones. El de comisión establecía una mayoría simple de cuatro votos. Ahora continúan cinco sobre los siete integrantes del Jurado.
La mayor polémica se dio con el Procurador. La actual ley dice que su designación es por una mayoría agravada de dos tercios de los votos del Senado y con un mandato vitalicio. Se asemeja al nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El proyecto aprobado establece ahora que para su nombramiento se necesitará mayoría simple de votos. Se trata de 37 senadores, un número al que el oficialismo llega por sí solo. La mayoría agravada le requería contar con una parte de la oposición. Otro cambio es que el mandato del Procurador pasa a ser de cinco años con la posibilidad de un nuevo nombramiento consecutivo del mismo período. También se estableció que la designación no puede ser en un año de elecciones presidenciales.
Respecto del nombramiento, el Senado fijó que en caso que el cargo esté vacante -como ocurre ahora porque Casal es interino- la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación podrá designar a un Procurador momentáneo entre todos los fiscales hasta que se designe al titular.
También hubo cambios sobre las acusaciones contra el Procurador por mal desempeño. El juicio político solo lo puede iniciar el Poder Ejecutivo o un integrante de la Cámara de Diputados. Se hace ante esa Cámara, que para aprobarlo necesita mayoría simple de votos. Hoy se requiere los dos tercios de los votos. Si se aprueba, el juicio político pasa al Senado. El proyecto agrega que el Senado puede suspender en sus funciones al Procurador mientras se hace el juicio. Eso se aprueba con mayoría simple de votos.
La iniciativa que ahora pasará a Diputados también modifica el sistema de juzgamiento a los fiscales inferiores. Mantiene el número de siete integrantes para el Tribunal de Enjuiciamiento pero modifica su integración. Actualmente es de un representante del Poder Ejecutivo, uno del Senado, uno de las universidades nacionales, dos abogados y dos fiscales. El proyecto con media sanción pasa a un representante del Poder Ejecutivo, tres de la Comisión Bicameral (dos de la mayoría y uno de la minoría), uno de las universidades nacionales, un abogado y un fiscal. Y sus mandatos se reducen de tres a dos años. Así, los representantes de la política se multiplican de dos a cuatro, de los cuales tres son del oficialismo.
Se mantiene el requisito de dos tercios de los votos del Tribunal -cinco- para destituir a un fiscal. El dictamen de la comisión lo reducía a cuatro.
El presidente del Tribunal pasa a tener un poder especial. El proyecto le da la facultad de convocar al Tribunal para un juicio -y ya no al Procurador General-, desempata en las decisiones divididas y solo ocupará ese cargo uno de los integrantes de la Comisión Bicameral que será elegido por la mayoría. Por lo que siempre será un legislador del oficialismo. Así la elección de presidente del Tribunal ya no será por sorteo ni se rotará cada seis meses como ocurre ahora. Además, la iniciativa dice que el Tribunal podrá sesionar con la mayoría de sus miembros y no con la obligatoriedad de que estén todos.
