Entre agosto del 2020 y noviembre del mismo año, el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre inmunizaciones (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), discutió, analizó, proyectó, planificó para, finalmente, darle al mundo una hoja de ruta a seguir por cada uno de los países para la aplicación de la vacuna contra el COVID, que ya se encontraba, para algunos casos, en sus etapas de prueba y de finalización.
Como era de suponer, nada de lo que ha salido a la luz en cuanto al método paralelo de aplicación de la vacuna que implementó el gobierno de Alberto Fernández para sectores vip en vacunatorios vip, como el que funcionó en el Ministerio de Salud de la nación coordinado por quien fuera el ministro del área hasta el fin de semana, Ginés González García, fue sugerido, siquiera, por la organización internacional.
En la hoja de ruta de la OMS no se menciona a jefes de Estado ni a funcionarios de gobierno ni gobernadores, intendentes, legisladores o amigos o cercanos al poder. Se menciona a grupos de riesgo y de prioridad, como lo indica el sentido común, sugerido a ser aplicado en función de la administración de un bien escaso, como el de la provisión de la vacuna contra el COVID: un padecimiento, el de la pandemia y el del impedimento de producir al ritmo y la cantidad que se lo necesita, que ha dominado al mundo entero.
Por esas razones, por esas cuestiones que el mundo sufre, es que la inmoralidad cometida por el gobierno de Alberto Fernández con el manejo y la distribución de ese bien escaso y necesario; inmoralidad develada por fuego amigo, casi una suerte de golpe controlado para algunos o una desestabilización interna para otros y hasta, por qué no, un tiro en el pie o, mejor dicho, una bomba que estalló en la línea de flotación del mismo gobierno, ha causado tanto estupor social que llevará mucho tiempo en cicatrizar.
El daño a la confianza en el sistema de vacunación, uno de los puntales en los que el propio gobierno pensaba apoyarse para encarar el proceso de la campaña electoral que se avecina, ha sido enorme. Mucho más para quienes optaron, naturalmente o con un dejo de esfuerzo, por creer. Cómo no se iba a creer y confiar en la distribución de una vacuna, un insumo escaso, si lo que está en juego es la vida de las personas: de los trabajadores de la salud, los sanitaristas en primer lugar; de las personas que están dentro de los grupos considerados de riesgo; en el resto de las actividades económicas menos imprescindibles en un contexto de pandemia y que están en la tercera línea de prioridades y en el resto de la sociedad después.
Por todo eso, el golpe y la conmoción han sido descomunales. Y, sus consecuencias están por verse. Nadie puede asegurar de qué manera actuará la ciudadanía frente a un acto que superó todo lo imaginado. Porque, de hechos de corrupción cometidos por las anteriores versiones de kirchnerismo se conocía mucho, todo o casi todo. Y, allí está la Justicia, batallando en algunos casos para sortear las presiones y llegar a la verdad o haciendo lo imposible, vaya uno a saber, para ocultar los ilícitos y excomulgar a los acusados.
Pero, de actos inmorales se podía llegar a tener indicios, no certezas. Y, eso es lo que ha terminado por ocurrir desde que el periodista más cercano al kirchnerismo, Horacio Verbitsky, diera a conocer que fue vacunado en un contexto de absoluto privilegio.
Mientras se comienzan a hacer las evaluaciones de rigor de la magnitud del impacto, no viene mal revisar cómo estaba la imagen de la gestión nacional en Mendoza hasta el fin de semana. Y, de ahí en adelante, hacer un seguimiento para conocer si el hecho afectó o no las chances electorales de la oposición en la provincia y si afectó o no a quienes la representan, más cuando algunos de ellos puede que sean los candidatos para los cargos legislativos, nacionales y provinciales.
La consultora Martha Realle ha medido a Alberto Fernández, su imagen y su gestión y la semana pasada dio a conocer los últimos datos de lo que los mendocinos opinan. En la evolución no le ha ido bien a Fernández: en enero del 2020, el mendocino promedio avalaba en 52,7 por ciento la gestión, mientras que 44,3 por ciento la desaprobaba. En febrero del 2021, con datos de la semana pasada, antes del escandaloso caso del vacunatorio vip, los números de la percepción social se invirtieron: 43,4 por ciento aprueba, mientras que 55 por ciento lo desaprueba.
Allá por junio del año pasado, en medio de la pandemia, fue cuando el presidente había conseguido los números más alentadores de su gestión para los mendocinos. Según Realle, en ese mes, 78,8 por ciento de los mendocinos aprobaba la gestión de Alberto Fernández, mientras que 19,2 por ciento le bajaba el pulgar.
Mientras Argentina pena por el programa de vacunación y por la llegada de las dosis, en el mundo se sigue en términos generales la hoja de ruta que sugirió la OMS: en primer lugar, el personal sanitario en riesgo alto o muy alto de infectarse y transmitir el COVID en un contexto epidemiológico de transmisión comunitaria; en segundo término, los integrantes de los grupos sociodemográficos con un riesgo significativamente mayor de enfermedad grave o muerte, y, en tercero, los grupos sociales o de empleo con mayor riesgo de contraer y transmitir la infección porque no pueden distanciarse físicamente de manera efectiva.
Ayer, la dimensión del escándalo por la vacunación vip orquestada desde y por el gobierno de Fernández no tenía límites, cuando seguían trascendiendo los nombres de los privilegiados, entre ellos sobresalió el caso de Carlos Zannini, uno de los funcionarios y hombres más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, actual procurador del Tesoro. Zannini accedió a la vacuna y fue inscripto como “personal de salud”, también lo hizo su esposa, Patricia Alsúa, y Patricia Bullrich denunciaba que Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, había intercedido para que su padre y sus suegros también fuesen vacunados.
