Cristina Kirchner negó el cobro de coimas, dijo que es perseguida y atribuyó el caso de los cuadernos a la caída de imagen del Gobierno

La ex presidente Cristina Kirchner presentó tres escritos en su visita al juzgado de Claudio Bonadio, el juez que la investiga como jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas de los empresarios de la construcción.

Como parte de su estrategia judicial, CFK pidió la nulidad del caso y recusó al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadio.

La presentación principal, que lleva su firma, niega la acusación, repasa -según considera ella- una persecución judicial desde la asunción de Mauricio Macri, e ironiza sobre los alcances de la denuncia surgida a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

"Niego de manera terminante los cargos"

"Como puede apreciarse, desde que el Ing. Mauricio Macri asumió la Presidencia de la Nación se han dictado en mi contra cinco procesamientos e, increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido la jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015".

"A partir del 1º de agosto del corriente año, los argentinos nos enteramos de la existencia de una nueva causa penal en la que eran detenidas decenas de personas y se realizaban una multiplicidad de allanamientos".

"Todo ello se había iniciado, según nos contaron, a raíz de la información que aparecía en unos supuestos cuadernos que habría confeccionado de manera harto llamativa Oscar Centeno, un ex militar que supuestamente venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le habría entregado este material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal Argentina, entre cuyas cualidades se destaca no solo tener un odio acérrimo hacia el peronismo, sino también la justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar".

"Según se relata, Bacigalupo, en un "acto de patriotismo" se habría apropiado de los cuadernos y se los habría entregado a un periodista del diario La Nación, a saber, Diego Cabot, quien por lo que se informa y no fue desmentido tendría estrechas relaciones con la alianza gobernante".

"Dos meses más tarde, ante el reclamo efectuado por Bacigalupo, Cabot le habría devuelto los cuadernos (a Centeno), habiendo obtenido previamente fotocopias del material".

"Después de haber devuelto los cuadernos originales y contando ahora sólo con sus fotocopias, Cabot tomó la decisión de informar el hecho a la justicia. Sin embargo, ello ocurrió de una manera bastante particular, ya que en lugar de presentar una denuncia como hace cualquier ciudadano se contactó, no sabemos bien cómo, con el fiscal Carlos Stornelli, quien se mostró extraordinariamente interesado en el caso, requiriéndole que el material sólo se lo dieran a él".

"El fiscal, ya con las fotocopias de los cuadernos en su poder, tampoco cumplió con el procedimiento legal correspondiente, a saber, hacer la denuncia para que se sorteara el juez competente que debía intervenir en el hecho".

"Por el contrario, en forma discrecional eligió a Bonadio bajo el pretexto de que ya existía una causa judicial que habilitaba su trabajo en común".

"Elegidos a dedo el juez y el fiscal, estos decidieron armar una nueva causa y auto colocarse como competentes para manejarla y sacarla a la luz, como parece ser una costumbre en el fuero federal, cuando las circunstancias políticas resultaran apropiadas".

"En este sentido, la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante, en particular, la de una de sus figuras emblemáticas por haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta".

"Los hechos que sobrevinieron ya fueron anticipados: allanamientos y detenciones, a los que se sucedieron la presentación voluntaria de empresarios entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra, primo hermano del Presidente de la Nación, quien resultó privilegiado con una de las sortijas que parece estar entregando el fiscal a aquellos arrepentidos que avalan la hipótesis delictiva de la asociación ilícita".

"En síntesis, pareciera ser que además de desempeñarme como jefa del Poder Ejecutivo por el voto popular durante ocho años, habría tenido el tiempo suficiente para liderar todos los emprendimientos criminales de los que ahora se me acusa".

"Semejante disparate, construido de una manera totalmente ajena al marco constitucional y legal vigente resultó posible habida cuenta de las interferencias que sobre la justicia viene desarrollando el Poder Ejecutivo de la Nación y en virtud de la protección mediática que todas estas operaciones han recibido en los últimos dos años y medio".

"Para que se entienda, estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo, actor principal del lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI".

"A diferencia de las últimas dictaduras que asolaron la región en la segunda parte del siglo XX y que se manifestaban eliminando físicamente a sus adversarios, en un novedoso y aceitado engranaje mediático-judicial se recurre ahora a la estigmatización, al juzgamiento de los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política".