Ordenó, así, denunciar a todos los que investigan a sus empresas, con el propósito de diluir la atención sobre su hotel cuestionado y generar sospechas sobre sus denunciantes, la oposición y los bancos.
"La estrategia es distraer con varias denuncias simultáneas e igualar a todos. Si hay un elefante sobre la calle, lo mejor para que no llame la atención es poner cien elefantes. La idea es tender un manto de sospechas general y politizar todo", dijo un alto funcionario a LA NACION.
La contraofensiva abrió varios frentes en pocas horas: Cristina acusó públicamente a Bonadio de no presentar balances en la IGJ de una empresa familiar, al igual que Hotesur; el senador Marcelo Fuentes (PJ) lo denunció penalmente.
Luego, la AFIP denunció al banco HSBC por 4040 cuentas secretas en Suiza; el abogado Santiago Mansilla acusó a la diputada del GEN Margarita Stolbizer, la denunciante, por enriquecimeinto ilícito. Y la diputada Andrea García (PJ) acusó de varios delitos a la testigo Silvina Martínez, ex directora del Registro de Sociedades de la IGJ.
Es la primera vez que Cristina y su familia son investigados por supuestas irregularidades de una de sus empresas, Hotesur SA, y que un juez investiga el patrimonio de ella y sus hijos para determinar si pudo incurrir en lavado de dinero.
Un ministro aseguró a LA NACION que "no existe una coordinación organizada entre las denuncias a sus denunciantes". Pero admitió que "todos los funcionarios sienten la obligación de no quedarse quietos, sin defender a la Presidenta".
Sin embargo, LA NACION pudo saber que en las acciones participan funcionarios de primer nivel que relegan otras urgencias: los secretarios de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y de Justicia, Julián Álvarez; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli; el diputado Eduardo De Pedro, y el jefe del Ejército, teniente general César Milani, que controla la Dirección de Inteligencia de la fuerza.
Todos ellos dirigen organismos clave que reúnen toda la información económica, jurídica y política en el Estado. El caso de Álvarez es emblemático: controla el Ministerio de Justicia casi a la par del ministro Julio Alak, pero está al frente de esta operación porque, además, integra el Consejo de la Magistratura junto con De Pedro, donde también denunciaron a Bonadio.
De ese cruce de información surgió la certeza de que varios jueces y fiscales se reunieron en asados, almuerzos y comidas, para conspirar contra Cristina Kirchner y activar las causas judiciales contra el Gobierno. En Balcarce 50 acusan en reserva a los jueces de presionar contra la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, que les quitará las facultades de instrucción.
Un ministro comentó, además, que el Gobierno tiene la teoría de que "el Grupo Clarín alentó la denuncia contra Hotesur SA para tapar la fragmentación de la oposición". Señaló que "Bonadio es amigo de Sergio Massa y está vinculado a Clarín" y hasta "podría ser candidato a diputado" del Frente Renovador. Otra fuente oficial comentó : "Es amigo de Massa, pero la decisión de ir contra Hotesur es de Bonadio". También el juez conoce bien al ex ministro del Interior menemista Carlos Corach, hoy muy cercano al gobernador bonaerense y candidato presidencial Daniel Scioli, y al senador Miguel Pichetto.
Según sospecha Cristina Kirchner, las investigaciones locales tienen mucho que ver con las que realizan los fondos buitre en los Estados Unidos sobre "la ruta del dinero K". De allí su advertencia pública de que no se dejará "extorsionar por caranchos judiciales". Y hasta duda ahora, por ello, de impulsar un acuerdo con los fondos buitre desde enero para no aparecer rendida ante ellos.
La ofensiva sobre Bonadio busca generar temor sobre otros jueces y potenciales denunciantes.
Sus allegados aseguran que su caso es más leve que el procesamiento del vicepresidente, Amado Boudou, porque Hotesur "sólo incurrió en una falta administrativa", como no presentar balances ante la IGJ. En lo electoral está tranquila por la fragmentación de la oposición.
LA IGJ, BAJO LA LUPA DE OLIVOS
El Gobierno evalúa que el requisito de presentar balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ), instituido en enero de 2010, es "redundante", porque ellos deben ser presentados sólo ante la AFIP. Por ahora no se revocará, pero el asunto está en análisis. La Casa Rosada dejó trascender que buscará regularizar de manera progresiva las 250.000 empresas que estarían en la misma situación que Hotesur SA, la sociedad de Cristina Kirchner y de sus hijos.
