Cinco jóvenes murieron en las últimas horas en Venezuela, en medio de la crisis extrema que se recrudeció aun más el martes cuando el presidente Nicolás Maduro advirtió estar dispuesto a utilizar las armas para defender la revolución chavista y luego un supuesto grupo de militares rebeldes atacó desde un helicóptero robado al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio del Interior sin causar heridos.
"Yo se lo digo al mundo, escuchen esto, y aspiro a que el mundo escuche después de 90 días de violencia, de destrucción y de muerte: si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos, y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas", afirmó Maduro el martes en el Encuentro Nacional de Constituyentes de Caracas.
Ayer, durante el "Trancazo" que se realizó en el país, protesta que incluyó la paralización total de las calles de cada uno de los estados para insistir en demostrar el descontento de la sociedad ante la situación actual, la represión de las fuerzas de seguridad del gobierno continuó con la violencia.
Se confirmaron cinco muertos. Algunos de ellos estaban en las distintas marchas, otros sólo fueron interceptados por los policías porque pasaban cerca del lugar y fueron agredidos sin mediar palabras.
En los tres meses que va de protestas, alrededor de 80 personas murieron en Venezuela. En su mayoría, se trata de jóvenes.
Más castigos a la oposición
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, una veterana chavista que sacudió al país al volverse férrea opositora del presidente Nicolás Maduro, está acorralada: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidirá el próximos martes si la somete a juicio.
Como medida cautelar, le prohibió salir del país y le congeló sus cuentas y bienes, según precisó el miércoles la corte en un comunicado.
La decisión se produce luego de que la fiscal emprendiera una lucha judicial contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro y contra los propios magistrados del TSJ, a quienes solicitó remover afirmando que ella nunca aprobó su designación, como exige la ley, en diciembre de 2015, cuando el chavismo controlaba el Parlamento.
