Militantes de organizaciones sociales y de trabajadores informales cumplieron este miércoles una nueva jornada de protesta con cortes en los accesos a la Capital Federal y ollas populares en varios puntos del país en rechazo a medidas económicas del Gobierno y para exigir la implementación de la ley de emergencia social.
Los manifestantes cortaron desde temprano el Puente Pueyrredón, que conecta la Capital Federal con la localidad bonaerense de Avellaneda; la Autopistas Panamericana y la Autopista Buenos Aires-La Plata, por lo que el tránsito en horario pico fue un caos.
La protesta fue organizada por el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entre otras agrupaciones, que vienen negociando con el Gobierno de Mauricio Macri el plan de emergencia social destinado a los sectores más vulnerables de la población.
En torno a las movilizaciones, efectivos policiales realizaron operativos preventivos de seguridad, aunque los manifestantes no fueron desalojados: "Con nosotros no van a poder, si cortan una vía nacional se despeja", había advertido sin embargo desde temprano la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones radiales.
La jornada de reclamos comenzó cerca de las 7:00, con una marcha en la intersección las avenidas Corrientes y Callao, llevada adelante por el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Nacional, la Agrupación Barrial Víctor Choque, Izquierda Latinoamericana Socialista y la Corriente Surcos.
Más tarde, los cortes siguieron en Acceso Oeste a la altura de Castelar y en la autopista Ricchieri a la altura del Mercado Central, mientras que además hubo otro piquete sobre la autopista Panamericana y la ruta 197, mano a Capital, donde también instalaron ollas populares hasta las 14:00.
En el interior, medidas de fuerza similares se produjeron en las provincias de Chaco, Salta, Tucumán, Jujuy, Formosa, San Luis y Córdoba: entre otras cosas, los manifestantes reclaman por una pronta aplicación de la ley de emergencia social que, según denunciaron en un comunicado, "al día de la fecha sigue sin implementarse".
Además, exigen "un piso mínimo equivalente a la Canasta Básica Alimentaria (6.300 pesos) para todos los programas de empleo con contraprestación laboral".
