El jefe de Gobierno porteño y candidato presidencial por Cambiemos, Mauricio Macri, tiene 214 denuncias en su contra en la justicia. Desde que asumió en la Ciudad, en 2007 hasta hoy, acumula acusaciones como "estafa y asociación ilícita", "abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", "enriquecimiento ilícito", "falsificación de documentos públicos", "amenazas y abandono de personas", entre otras.
Esta semana, Macri fue denunciado por la legisladora por Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti por "omisión maliciosa y falsedad ideológica" en su declaración jurada patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción.Cerruti sostiene que la documentación presentada por Macri en función de su actual condición de postulante presidencial es distinta de la declaración jurada correspondiente al ejercicio 2014 de su gestión en la ciudad.
Cabe recordar que Macri continúa procesado en la causa por las escuchas ilegales en la que está acusado desde mayo del 2010 como presunto partícipe de una asociación ilícita con ese fin. Por esta red aguardan su juzgamiento desde marzo de 2014 el ex espía y ex empleado del ministerio de Educación de la Ciudad, Gerardo Ciro James; el ex ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, el comisario Palacios y su sucesor Osvaldo Chamorro.
FUNCIONARIOS IMPUTADOS
En una segunda entrega del informe sobre la corrupción de Mauricio Macri y los funcionarios del PRO, el periodista Roberto Navarro del programa Economía Política, presentó causas judiciales contra varios funcionarios y ministros del Gobierno de la Ciudad.
El conductor de C5N se refirió al caso por el cual el alcalde porteño Mauricio Macri, la vicejefa María Eugenia Vidal y el jefe de prensa del GCBA, Miguel Godoy, se encuentran denunciados ante la Justicia por los delitos de lavado de activos, peculado y falsificación de documentos privados por Carlos Valenzuela, titular del canal 4 de Posadas. El denunciante aseguró ante la Fiscalía Federal Nº 1 de Posadas que su emisora no recibió dinero por parte del Gobierno de la Ciudad, tal como surge de los documentos de la propia administración.
Por otro lado, el periodista presentó datos sobre la causa que tramita en el Juzgado de Instrucción nº 18 en la cual se investiga al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, por contrataciones por parte de la cartera que dirige con una consultora.
También, Navarro hizo referencia al ministro de Cultura de la Ciudad, Hernán Lombardi, y al Director de la Fundación Ceppa, Matteo Goretti, quienes son investigados por lavado de activos, entre otros delitos.
En tanto, la Fiscalía de Instrucción número 14 a cargo de Pablo Recchini investiga a Juan Pablo Piccardo, titular de SBASE, por los presuntos delitos de administración fraudulenta, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la compra de 86 vagones de subte al Metro de Madrid.
El conductor de Economía Política también se refirió al caso de Ramiro Tagliaferro, quien además de ser candidato a intendente de Morón por el PRO, es marido de María Eugenia Vidal y director asociado de la firma Poliarquía. Esa consultora fue contratada por el Gobierno de la Ciudad, lo que resultaría incompatible por tener en su directorio al marido de la vicejefa porteña.
Navarro también denunció el desgarrador hecho que se encuentra judicializado, sobre el recorte de más de 400 millones de pesos del presupuesto del Hospital Garrahan en los últimos seis años. Entre 2014 y 2015, la Ciudad debía desembolsar $2.225.639.656 y aportó sólo $1.759.450.282.
Asimismo, Economía Política hizo pública la denuncia del legislador Gustavo Vera quien aseguró que en el barrio de Lugano funciona en un predio del gobierno porteño un exclusivo club de golf que paga menos de 1400 pesos de alquiler por hectarea, casi la mitad de lo que se paga por rentar una pieza en el barrio.
Navarro también presentó un caso sobre la relación comercial entre la Ciudad y el Grupo Clarín en el alquiler cruzado de dos predios -uno de la empresa, el otro del gobierno porteño- a precios llamativos y que incluyen montos en dólares.
CAUSAS EMBLEMÁTICAS
CENTROS DE SALUD INEXISTENTES PARA ROGGIO
A un promedio de $2,6 millones, la Ciudad le adjudicó a una empresa el cuidado de dos CESACs que aún no se construyeron.
La Ciudad adjudicó distintos trabajos por 39 millones de pesos.
Dos de los centros de salud aún no existen ni están en construcción.
#SubteHastaTarde, la nueva campaña para extender el horario del servicio
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una sospechosa adjudicación de un contrato para una empresa del grupo Roggio. La compañía Sehos S.A., parte del holding, tiene a su cargo el mantenimiento y tratamiento de residuos hospitalarios de 15 centros de asistencia primaria, conocidos como CESAC. Sin embargo, la Ciudad acordó pagarle por dos CESACs que al día de hoy no existen.
Se trata de los centros 46 y 47, que deberían estar localizados en Viamonte 1746 y Chile 1634, respectivamente. En su lugar se encuentra un garaje y un paredón. En promedio, el gobierno porteño acordó pagar en abril de este año 2,6 millones de pesos por cada CESAC por el tratamiento de residuos hospitalarios y "tareas menores de mantenimiento", contando ya sean los existentes y los "fantasmas". Al cierre de esta nota, desde el ministerio de Salud porteño no respondieron a las consultas de este medio en relación a este tema.
Si bien la licitación se lanzó el 28 de agosto de 2014, la adjudicación para la realización del "servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" en los CESACs ocurrió el 1 de abril de este año. Allí, se dividió los 47 CESACS (que en realidad son 45) en 3 grupos, incluyendo el Centro de Salud Mental número 3 "Florencio Ameghino".
En el denominado Grupo A se incluyeron 15 centros y el gobierno porteño acordó abonar por estas tareas 38,9 millones de pesos. El Grupo B, que abarca 32 de ellos, costará al erario público de la Ciudad $ 84,3 millones. El C, que involucra solo al mencionado centro de Salud Mental, alcanza los $ 10,8 millones. Todo esto está descripto en el decreto 114 del gobierno de la Ciudad y cuenta con las firmas de Mauricio Macri, Héctor Grindetti, Horacio Rodríguez Larreta y Graciela Reybaud. En ninguno de los casos se detalla el costo preciso de cada uno de los CESACs.
Sin embargo, Sehos S.A. cobraría por limpiar y mantener 15 centros cuando en realidad tiene 13 bajo su responsabilidad. En el contrato que ganó por licitación pública tasó un servicio por dos establecimientos inexistentes, algo que El Destape corroboró acercándose a las respectivas direcciones. En Viamonte 1746, casi Callao, debería hallarse el centro 46 (que en el decreto citado aparece con el número 45) pero se encuentra un garaje que lejos está de cerrar sus puertas para dejar su lugar a un centro de salud. En frente se halla una construcción abandonada y tampoco da indicios de una pronta inauguración que justifique haber licitado y adjudicado ahora el mantenimiento.
En Chile 1634 (CESAC 46 según el decreto 114), en cambio, hay un gran paredón entre una escuela y un jardín de infantes. Nuevamente, el CESAC que demanda "servicio de gestión, operación y mantenimiento" está ausente.
La empresa Sehos S.A. es propiedad del Grupo Roggio, según confirmó el legislador porteño Rafael Gentilli en un informe que hizo en base a datos provistos por la Bolsa de Comercio. Benito Roggio e Hijos S.A. es la compañía del holding que es propietaria del 95% de la empresa adjudicada y también de Metrovías, concesionaria del subte. Si bien la investigación data de 2012, El Destape pudo confirmar que Sehos no ha cambiado su composición accionaria al menos hasta el 30 de junio de 2014.
Hasta el cierre de la nota, desde el Gobierno porteño no han respondido a las consultas sobre este tema. El Destape intentó conseguir una respuesta de parte del ministerio de Salud porteño para obtener su versión de los acontecimientos y poder acceder a los pliegos de especificaciones técnicas, anexos y planos, que complementan los pliegos de condiciones generales que sí fueron publicados en el Boletín Oficial. Por el momento, no ha sido posible.
RECORTES AL GARRAHAN
Los más de 400 millones de pesos que adeuda la Ciudad afectan a las 10 mil cirugías y 131 trasplantes que se realizan el hospital
Los sucesivos recortes presupuestarios que aplicó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires al Hospital Garrahan ponen en peligro a los servicios básicos. Los 426 millones de pesos que adeuda la administración de Mauricio Macri pone en riesgo la calidad en la atención del hospital que realiza la mitad de las cirugías cardíacas complejas, y que atiende a un tercio de los pacientes pediátricos con cáncer del país.
El auditor General de la Ciudad, Adriano Jaichenco, precisó que en 2014 se recortaron 113 millones de pesos, en 2015 fueron 226 millones de pesos y en agosto se enviaron 114 millones menos de la partida de salarios. "Con la reducción de esos $426 millones el hospital tiene que paralizar obras previstas. La preocupación es mayúscula y a partir de este recorte estamos viviendo una crisis muy fuerte", afirmó Jaichenco.
El recorte afecta principalmente a la puesta en marcha del nuevo Centro de Atención Oncológica que permitirá atender por año a más de 400 nuevos pacientes con enfermedades oncológicas. "Para mantener el nivel de calidad atención necesitamos el espacio porque estamos haciendo malabarismos", contó a El Destape el jefe de Hemato-Oncología, Pedro Zubizarreta.
Otras obras que necesitan la habilitación son la ampliación de la sala de trasplante de médula ósea; la construcción de tres nuevos quirófanos; el equipamiento médico de alta complejidad para terapia intensiva y quirófanos.
Por esto, los jefes de servicios del Garrahan emitieron un comunicado en el que reclamaron "la inmediata solución al problema presupuestario", y advirtieron que "esta situación pone en riesgo la calidad de la atención de nuestros pacientes".
El jefe de área de Terapia Intensiva del Garrahan, Aldo Haimovich, comentó a El Destape que el recorte "no solo afecta a la cantidad de gente que se puede atender sino a la calidad del servicio que se presta a los que ahora se atienden". Pese al reclamo, Haimovich aseguró que "no se realizará un paro porque el principal perjudicado es el paciente".
UN CLUB DE GOLF EN PREDIOS PÚBLICOS
A metros de la Villa 20, en un predio del gobierno porteño, funciona un exclusivo club de golf que paga menos de 1400 pesos de alquiler por hectarea, casi la mitad de lo que se paga por rentar una pieza en el barrio.
De este lado de la reja, las viviendas faltan, la precariedad sobra y el Estado porteño, cuando no brilla por su ausencia, aparece para desalojar a los vecinos que ocupan terrenos por desesperación. Mientras tanto, del otro lado, la elite de la sociedad se divierte jugando al golf en el exclusivo club privado José Jurado, de 46 hectáreas, ubicado en un terreno público que pertenece al gobierno porteño, y cuya concesión venció en 2011.
Es decir, sobre terrenos tan usurpados como los que fueron ocupados por los vecinos de la villa 20 hace un año, de no ser por la habilitación de uso de precario que, desde el gobierno porteño, le otorgaron para que los negocios continuaran.
Hoy, esos curiosos negociados, lejos de desaparecer, tienden a seguir su curso: de cara a las olimpíadas juveniles del año 2018, es probable que una de las sedes sea la del Club de Golf José Jurado, pese a que la administración construyó edificación en un espacio público, a operar con un permiso vencido hace ya 4 años, y a pesar también de las graves denuncias que pesan en su contra: según constató la Fundación Alameda, el club José Jurado tiene juicios por emplear en negro, acumula una deuda superior a los $100.000 ante la ANSES y construyó y subalquiló sobre un terreno público un estacionamiento, un bar y un local de accesorios para practicar el deporte.
La presentación judicial realizada por el legislador Gustavo Vera, de Bien Común y representante de la Alameda, carga contra la ex directora de Concesiones, Silvia Imas, y todos los funcionarios competentes en el proceso, acusados del delito de defraudación a la administración pública y defraudación a terceros: "Por haber aceptado la privatización de un parque que además viola el Código de Planeamiento Urbano por la construcción de dos locales en una zonificación que figura como Urbanización Parque (UP), y una ordenanza", especifica la denuncia, que ya fue aceptada y ratificada por el juzgado de instrucción 48, a cargo de la Jueza Alicia Mercedes Iermini, y que actualmente se encuentra en el proceso de recolección de pruebas, según contaron fuentes judiciales allegadas a El Destape.
Los insólitos precios que el club José Jurado le paga al gobierno porteño:
Para acceder como socio permanente al club, es necesario pagar una membresía que ronda los $12.000, y realizar un aporte mensual de $1570. Además, la empresa subalquila en forma ilegal la confitería, el restaurant y, hasta hace unos meses, una tienda de accesorios deportivos. Pese al enorme negocio, el canon que la empresa le pagó al gobierno porteño por la explotación del lugar en los últimos años resultan insólitos: por el ejercicio 2011, la empresa pagó al GCBA $60.000 de canon, pero cobró por el uso de la confitería y la tienda de accesorios $142.500. En 2012, en cambio, pagó $180.000 de canon y cobró de los subalquileres $160.800. Es decir, que le restó pagar de "su bolsillo" $20.800. Por último, en el ejercicio 2013, le otorgó al GCBA $54.000.
"Pese a figurar como una asociación sin fines de lucro, la empresa cobra 12 mil pesos para asociarse al club, lucra con la entrada, el estacionamiento, el bar y el local de accesorios, que fueron construidos a pesar de que violaba el Código de Planeamiento Urbano", afirmó Lucas Schaerer, vocero de la organización La Alameda, quien se mostró preocupado por las nuevas licitaciones: "Resulta insólito que, con todas irregularidades que pesan en su contra, con la denuncia presentada y ratificada en el juzgado contra este negocio, se siga habilitando a la construcción ilegal de comercios dentro del predio", detalló.
Las amenazas del PRO para aprobar la concesión del club de golf:
El año pasado y tras la denuncia presentada por Vera, el PRO realizó un intento por regularizar y "blanquear" el enorme negociado: un proyecto de ley en la Legislatura porteña, que proponía otorgarle la concesión para explotar el espacio al Club José Jurado por, ni más ni menos, que por 20 años. Mientras que, la oposición, propuso que las tierras vayan a los vecinos de la zona de Lugano, que cuentan con serios problemas habitacionales, y que el año pasado fueron desalojados del predio contiguo al club para fundar el asentamiento Papa Francisco.
Aquel proyecto terminó en una sesión escandalosa y vergonzosa: el legislador Ramal fue amenazado de muerte por parte del legislador Quattromano, luego de denunciar que el proyecto para la explotación de los terrenos era una maniobra ilegal y fraudulenta para favorecer a empresarios amigos. Tras ello, el PRO propuso guardar el proyecto en Secretaría para ser tratado en otra ocasión y pidió levantar la sesión.
