La Corte falló a favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis, que reclamaban la devolución del 15% de recursos coparticipables detraídos por la Nación. La Presidente lo extendió a todas las provincias
El reciente DNU firmado por Cristina Kirchner (2625/2015), que generaliza la devolución de la detracción del 15% para todas las provincias sobre los impuestos coparticipables, ampliará a unos $80.000 millones los fondos que resignará en 2016 la administración nacional en favor de las provincias. No obstante, este cambio en la distribución de fondos no afectará el financiamiento de la próxima administración.
La decisión de la Presidente saliente se produjo luego del fallo de la Corte Suprema de la semana pasada, que exige al gobierno nacional a devolver el 15% de esos fondos coparticipables a Santa Fe, Córdoba y San Luis, las provincias que decidieron iniciar acciones judiciales contra el Estado nacional por este reclamo histórico.
Según datos privados, por la sentencia que benefició a esas tres provincias, éstas recibirán en 2016 10 mil millones de pesos por el cese de la detracción del 15 por ciento. Cifra que, según los analistas, de ninguna manera podría desfinanciar al gobierno nacional ni al sistema de seguridad social. Incluso el fallo de la Corte Suprema ordenó la devolución de fondos descontados desde 2006, una deuda que puede ser negociada por el gobierno de Mauricio Macri, ya que el Estado nacional mantiene activos créditos con dichas provincias.
Por qué no habrá desfinanciamiento
La Presidente saliente decidió por decreto extender esta eliminación de la detracción a los 25 distritos que contempla esta distribución de recursos: las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional. Una lectura correcta sería señalar que se trató de una medida política, que excede ampliamente las consecuencias del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional esa deducción de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la ANSES.
Por el DNU de Cristina Kirchner, el gobierno nacional resignará $80.000 millones de coparticipación en beneficio de los 24 distritos más la Nación. Sin embargo, el 40% de esos fondos (unos $30.000 millones) continuarán bajo administración nacional por la devolución de la detracción que también corresponde a la Nación como distrito.
A los restantes $50.000 millones el Gobierno los compensa, pues obras públicas y otras transferencias que antes realizaba la Nación serán ahora asumidas por los gobernadores provinciales, que dispondrán de la misma masa de dinero que no aumenta en términos absolutos.
Aunque no significará un desfinanciamiento del próximo gobierno de Mauricio Macri, la determinación de Cristina Kirchner tiene una clara lectura política. Pone en igualdad de condiciones a los Estados locales que reclamaron por sus derechos a través de la vía judicial con aquellos que no lo hicieron, muchos de los cuales se vieron beneficiados por las transferencias discrecionales según el color político decididas en los despachos de la Casa Rosada y los ministerios de Economía, Planificación e Interior por más de 12 años. A la vez, pone en el mismo plano a los gobernadores que se endeudaron con los que administraron prudentemente sus recursos.
El decreto de la Presidente reconoce expresamente que el fallo de la Corte se aplica sólo a tres provincias, aunque la probabilidad de una oleada de demandas del resto de los distritos es improbable: la mayoría de las provincias sellaron acuerdos –homologados por la Corte– de desistimiento de juicios, lo que desecha cualquier tipo de gravedad institucional derivada del fallo del máximo tribunal.
En este contexto, cabe recordar que la situación general de las provincias cambió sustancialmente cuando, en el año 2009, se suspendió la ley de responsabilidad fiscal que había regido durante el gobierno de Néstor Kirchner. A partir de ese momento, la mayoría de los gobernadores tomaron créditos con el Estado nacional, aunque algunos fueron beneficiados y esas deudas fueron renegociadas por el Gobierno.
Ese beneficio no corrió para Santa Fe, Córdoba y San Luis, provincias que fueron excluidas. Esa discriminación motivó las acciones legales fundadas en la desigualdad.
