Los escándalos en Brasil, Perú y Colombia coinciden en su manejo mediático.
DIEGO GARCÍA-SAYAN || Pesos pesados acusados y detenidos por corrupción en Brasil y Perú tras grandes escándalos no son hoy monopolio de ningún país o región. Están tan globalizados como Internet o los jeans. Y ya que la información corre más rápido que nunca, suelen convertirse en noticia internacional. Es lo que ha pasado esta semana con dos operaciones policiales ocurridas por acciones judiciales contra la corrupción, una en Brasil y la otra en Colombia y Perú.
En uno de los mayores escándalos en Brasil, destacó la detención de más de 20 altos directivos de Petrobras y de empresas constructoras a quienes se investiga por desvío de recursos públicos. En Colombia, la policía detuvo a un peruano —Rodolfo Orellana— y lo expulsó a Lima, acusado de ser la cabeza de una poderosa red de corrupción que habría penetrado la justicia, la política, la prensa y la policía en Perú. Siendo hechos muy distintos entre sí, guardan tres elementos en común que ilustran bien sobre la naturaleza, manejo mediático y repercusiones políticas de este fenómeno.
En primer lugar, son situaciones en las que la acusación —o, al menos, la materia investigada—, toca o se acerca a espacios relevantes del poder político en cada país. No incumbe al alcalde de una aldea alejada, sino a personajes de alta relevancia en el escenario político nacional. En cualquier sociedad, algo así genera impacto mediático al margen de si, al final de la historia, las acusaciones o sospechas pueden comprobarse o no.
En segundo lugar, los medios de comunicación. Algunos de los cuales, en el caso peruano, advirtieron previsoramente sobre la red Orellana desde mucho antes que el poder público se pusiera en acción. Pero, más allá de ello, destaca el efecto multiplicador que añaden los medios a la dimensión de esos asuntos que, de por sí, no es poca. Las primeras, segundas y terceras planas pasan a ser la noticia, lo que tiene algo de lógica ya que son hechos de indudable importancia y que, además, son mediáticamente atractivos. Se mezcla así el interés en noticias sobre gente que se apropia de muchos millones con algo de “morbo” por los detalles de operaciones supuestamente delictivas.
Sin embargo, hay algo más. En el manejo de titulares y de la información por algunos medios relevantes de la región no hay sólo un uso legítimo de los hechos para atraer lectores o televidentes. Estoy pensando en una “agenda” más o menos visible en ciertos titulares o líneas informativas sistemáticamente orientadas a “conectar” —a veces con algo de “gimnasia”— el escándalo con cabezas del poder público y, en especial, con las del Ejecutivo. No insinúo que allí esté “la causa” de las protestas sociales en Brasil o la mayor desafección al Gobierno de turno en Perú, pero no hay duda de que opera como elemento retroalimentador de una visible intención de golpear al poder central.
Así, las ruidosas y confrontativas manifestaciones en São Paulo y otras ciudades se alimentan y, a la vez, son la noticia en los medios hegemónicos, que parecerían escoger con cuidado ciertas consignas a ser resaltadas: las que apuntan a la presidencia. En Perú, la popularidad de Humala ha bajado esta semana. De acuerdo a la propia encuestadora, los preguntados respondieron sobre hechos atribuidos a Humala y sobre sus supuestos nexos con la red Orellana, “según publicaciones periodísticas” y no sobre información factual verificada.
El tercer aspecto a resaltar parece perderse de vista: hechos policiales y judiciales por obra de instituciones públicas que, en otros contextos históricos, difícilmente hubieran actuado con tanta energía en la operación Lava Jato en Brasil o el Grupo Orión de fiscales y policías peruanos. En medio del desasosiego de denuncias sobre grave corrupción, esto aparece como una esperanza frente a la impunidad.
Instituciones aún débiles y perfectibles, sí. Pero sea por una justicia que se vigoriza o por presión de la opinión pública, en ambos países los fiscales acaban metiéndose en temas espinosos. A los medios les corresponde la vigilancia sobre su conducta; distinto es usar hegemonías mediáticas para presentar las propias opiniones como “dato” proveniente de la opinión pública.
