Mientras argentinos y uruguayos vivían tensos momentos de conmoción por la desaparición de la turista argentina Lola Chomnalez en las playas de Valizas, desconociendo aun el trágico final, Cristina no tuvo mejor idea que presentar, vía Twitter y Facebook, a su perrita Lolita.
Lo hizo una y otra vez hasta, inclusive, en la noche del último brindis del 2014. "Vi en la red una foto hermosísima de Evita con una mascota que parece la mamá o abuela de Lolita", escribió, como si fuera una adolescente más compartiendo innecesarios y banales detalles de su vida por las redes sociales para sus seguidores, intentando una vez más parangonarse con Eva Perón.
¿Cinismo, sadismo, demencia senil, efectos de sustancias analgésicas, falta de buenos asesores, o simplemente una desgraciada coincidencia? se preguntarán. Lo dejo a criterio de mis queridos lectores, pero no puedo dejar de deplorar la falta de congoja presidencial por el trágico destino de Lola, la humana, en cuanto se conoció; no pudo haber haberle pasado desapercibido; especialmente porque el tema de la coincidencia nominal entre la mascota presidencial y la joven turista argentina asesinada en Uruguay desató una batalla virtual entre críticos y los incondicionales seguidores y adulones que hubieran machacado a Macri o a Massa si estos hubieran sido los autores de los inoportunos tuits.
Alguien debería quitarle el aparatito a la presidente, y decirle que se ponga a gobernar en vivo y en directo, solucionando problemas, gestionando, mejorando la vida de los argentinos, y sin aparecer tanto en cadena nacional o en las redes sociales porque cada vez que lo hace parece que no puede evitar el palelón.
HERENCIA PARA EL SUCESOR: UN CAMPO MINADO Y LA QUINTA COLUMNA
Dicen que la situación que enfrentará el sucesor de Cristina, después de octubre de 2015, será similar a la que enfrentó Fernando De La Rúa cuando sucedió a Carlos Ménem. Un Congreso fragmentado que no responderá, como lo hace hoy debido a su composición, a los designios de un Ejecutivo que quedará tan menguado como el recorte de poder que sufrirán los jueces con el nuevo Código Procesal Penal, y una herencia que el poder saliente se está encargando muy bien de exacerbar.
Entre los principales desafíos comunes a ambas transiciones a que se enfrentará quien se siente en el Sillón de Rivadavia estarán la pronunciada recesión económica, el galopante desempleo, y el atraso cambiario.
Sin embargo la transición Cristina - Sergio, o Cristina - Mauricio, tendrá características propias que, al parecer, la gestión K se está encargando de dejar al sucesor como si fuera un campo minado de bombas de tiempo -y sensibles- por donde habrá que transitar con mucho cuidado.
El creciente y descontrolado desequilibrio fiscal, el peso ya insoportable de los subsidios, sobre todo los que se destinan a servicios públicos y transporte, la desbocada inflación que amenaza en convertirse en hiperinflación, y el vergonzante enfrentamiento con los holdouts son los principales dilemas con que se ha minado el futuro de la administración que suceda a CFK.
A esto hay que sumarle la, para nada menos importante, quinta columna de militantes K que quedarán en la administración pública en general y en el Poder Judicial en particular. La quinta columna de militantes que se pondrá a las órdenes de un poder en las sombras estará presente en todas las estructuras del Estado.
Para graficar la situación con cifras que no puedan ser objetadas como un invento o una exageración, nos remitiremos a lo consignado por el propio, y muy cuestionado, INDEC que desde la llegada de los Kirchner al poder, en 2003, registró 266.165 empleados de la administración central, mientras que al promediar el 2014 registraba casi 377.500 empleados del Estado.
Este incremento de poco más de 111.000 dependientes representa nada manos que un incremento de un 41% de la plantilla de empleados del Estado, a costa y cuenta de los contribuyentes que también sostienen el entramado de asistidos sociales y demás precarizados que también creció exponencialmente durante la "década ganada".
Si bien en nuestro país es una mala costumbre, muy arraigada en la clase política sin distinción de banderas, premiar a la militancia con la estabilidad laboral del empleo público y dejar una pesada mochila al sucesor, hay una clara intencionalidad con esta estrategia cuyo punto más sensible es la colonización del Poder Judicial, colonización de la que la ProCURRADORA General, Alejandra Gils Carbó, es la principal adelantada.
La colonización del Poder Judicial no ha pasado desapercibida a la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal que salió a denunciar, con un extenso documento que se parece a la descripción de hechos que antecede a una denuncia penal, los peligros de las insólitas designaciones, traslados, tejes y manejes, de la procuradora.
El texto está firmado por su presidente, Carlos Donoso Castex, los vicepresidentes Ricardo Toranzos y Marcelo Munilla Lacasa, y la secretaria Susana Pernas, pone de relieve muchas irregularidades entre las que cabe destacar, el "exorbitante aumento" en la cantidad de empleados y funcionarios designados en la Procuración, en forma directa, sin requisito, sin concurso ni evaluación; que se tomó juramento a fiscales designados para ocupar cargos en Formosa, Santiago del Estero, Posadas, Goya, Corrientes y General Pico, que en lugar de ejercer los cargos donde fueron designados "han actuado como oportunistas" y fueron trasladados a Comodoro Py 2002, "lo que constituye una burla al sistema de designaciones y al Senado", hecho por que la procuradora fue denunciada penalmente; el intento de destituir al fiscal José María Campagnoli y el desplazamiento del fiscal Carlos Ernst; lossumarios contra fiscales para presionarlos; los atrasos en los concursos viejos y los concursos exprés de ésta gestión donde "casualmente" los elegidos trabajaban en la Procuración o habían sido designados como subrogantes por Gils Carbó; la "peligrosa" designación de fiscales subrogantes "sin necesidad o urgencia" que lo justifique, ya que no se dictaron las leyes necesarias para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, considera que con las designaciones, a todas luces motivadas políticamente, "se menoscaba e ignora a fiscales con años de carrera" que demostraron independencia para dar "enormes atribuciones" a fiscales sin experiencia, recién designados cuyos méritos en muchos casos parecen ser la afinidad de ideas políticas y no la capacidad profesional". Asimismo, la asociación considera que "existe una politización en el Ministerio Público".
La colonización del Poder Judicial, tampoco ha pasado desapercibida para Usina de Justicia, un foro recientemente creado, que envió una carta de respaldo a la Asociación de Magistrados para apoyar a los "hostigados por la arbitrariedad" de Alejandra Gils Carbó". El foro sostuvo en ella que la procuradora "avanza a través de la ocupación de cargos clave en el Ministerio Público Fiscal con miembros del colectivo oficialista Justicia Legítima pretendiendo la impunidad en las investigaciones por corrupción". Integran la entidad Diana Cohen Agrest, Daniel Sabsay, María Zaldívar, Alejandro Fargosi, Daniel Roggero, Santiago Kovadloff y Patricia Terán, entre otros.
La fractura de la sociedad, ostensible no solo en la política, sino también extendida a los círculos académicos e intelectuales, las universidades, el mundo artístico, los medios, y todo ámbito que a uno se le pueda ocurrir, ha llegado a la Justicia, y no en nombre de un sano disenso o confrontación de ideas, sino para blindar al kirchnerismo ante el inminente control judicial de la gestión, para autogarantizarse inmunidad e impunidad, poniendo de manifiesto que en la lógica kirchnerista el fin justifica los medios.
