Durante el año pasado, 27.000 venezolanos presentaron solicitudes de asilo en el mundo entero, una cifra que ha ascendido hasta los 52.000 de enero a junio de este año.
Los principales países de destinos son Estados Unidos (18.300), Brasil (12.960), Argentina (11.735), España (4.300), Uruguay (2.072) y México (1.044).
"Estos datos representan solo una fracción del total de venezolanos que pueden necesitar protección internacional, dado que muchos no se registran como solicitantes de asilo, a pesar de que huyeron a causa de la violencia y la inseguridad, así como su incapacidad de poder sobrevivir", afirmó en conferencia de prensa William Spindler, portavoz del ACNUR.
Gracias a una larga tradición de solidaridad" en los países latinoamericanos, los ciudadanos venezolanos pueden residir en los países limítrofes bajo distintos tipos de residencia temporal, explicó en declaraciones que reproduce la agencia EFE.
Aunque alertó de que "a causa de obstáculos burocráticos, de periodos de espera muy largos, y del alto precio de las tasas, muchos venezolanos optan por quedarse en una situación irregular en lugar de usar los procedimientos de asilo o migratorios para regularizar sus situación".
Según ACNUR, muchos de los 300.000 venezolanos que residen en Colombia, de los 40.000 en Trinidad y Tobago, y de los 30.000 de Brasil "pueden estar en esa situación".
Por otro parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al Gobierno venezolano que no use la Justicia militar para juzgar a civiles, una práctica a la que han sido sometidos casi medio centenar de personas y a la que el Gobierno no parece querer renunciar.
"Urgimos al Gobierno a que inmediatamente deje de usar la Justicia militar para juzgar a civiles, algo que es contrario a la ley internacional de derechos humanos, particularmente con respecto al debido proceso y a la garantías", afirmó Elizabeth Throssell, portavoz de la Oficina.
El vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, advirtió ayer de que la Justicia militar encarcelará a aquellos que obstaculicen la elección de la Asamblea Constituyente, proceso que tendrá lugar el próximo 30 de julio y a la que se opone la oposición
