"El monumento a la corrupción", tal como se denominó a los negociados por la construcción de la represa hidroeléctria Yacyretá en Corrientes, va a juicio oral y público: un fiscal pide que sean juzgados los privados por un perjuicio al Estado de unos 200 millones de pesos.
El pedido fue hecho por el fiscal federal Jorge Di Lello ante el juez federal Daniel Rafecas por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública, a raíz de "la gestión, tramitación y posterior cobro indebido de reembolsos impositivos del 15 por ciento en cuanto al hormigón utilizado para la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá".
Pero también es por reintegros del 25 por ciento sobre los neumáticos utilizados en la obra y que según la acusación "no contó con respaldo normativo ni documental" para ello.
La acusación es contra Guillermo Arturo Henin, quien fuera presidente de la Consultora Dictar SA; contra Robert Jacques Ortega, por su actuación en el marco de las funciones desempeñadas en la adjudicataria de la obra; y contra Ute Eridayy Gianfranco Rizzo en su carácter de responsable de Impregilo S.A, una de las principales firmas integrantes del citado consorcio contratista.
















