Los exfuncionarios Julio De Vido y José López, quienes estuvieron al frente de la obra pública durante el kirchnerismo, podrían recibir este lunes una nueva condena en el juicio por el caso Skanska. La fiscalía solicitó cinco años de prisión para ambos y el proceso también involucra a otros 11 acusados.
El caso Skanska, la primera gran causa de corrupción que estalló durante el kirchnerismo, llegará este lunes a una instancia decisiva, cuando el Tribunal Oral Federal N° 4 a cargo del juicio oral comunique su veredicto.El caso Skanska, la primera gran causa de corrupción que estalló durante el kirchnerismo, llegará este lunes a una instancia decisiva, cuando el Tribunal Oral Federal N° 4 a cargo del juicio oral comunique su veredicto.
El caso Skanska, la primera gran causa de corrupción que estalló durante el kirchnerismo, llegará este lunes a una instancia decisiva, cuando el Tribunal Oral Federal N° 4 a cargo del juicio oral comunique su veredicto.
Desde el banquillo de los acusados lo escucharán una treintena de empresarios y exfuncionarios, entre ellos Julio De Vido y José López, máximos responsables de la obra pública en el período, para quienes la fiscalía pidió cinco años de prisión por cohecho y fraude al Estado.
El fiscal Abel Córdoba los ubicó como parte de un gran esquema de corrupción destinado a direccionar contrataciones para la ampliación de dos gasoductos. Según la acusación, la maniobra incluyó el pago de coimas a funcionarios, facturas truchas para justiciar salidas de dinero y sobreprecios en las obras, adjudicadas a la empresa sueca Skanska.
A las 9.30, la última audiencia abrirá un momento para que los imputados que aún no lo hicieron puedan decir sus últimas palabras, y luego, los jueces del TOF, Jorge Gorini, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez, darán a conocer la sentencia en un juicio iniciado hace poco más de dos años, pero que se corresponde con una trama que nació hace casi dos décadas, de la mano de una denuncia de la Coalición Cívica y una nota del diario Perfil.
En ella se relataban las sospechas que sobrevolaban en la Justicia tributaria acerca de la existencia de una red de empresas fantasma utilizada por Skanska para evadir impuestos o pagar coimas a funcionarios.
Las obras que comenzaron a ser revisadas por la Justicia contemplaban la ampliación de los gasoductos Norte y Sur. El trabajo −una respuesta a la renovada demanda de energía tras la crisis de 2001− consistió en la instalación de nuevas cañerías, la extensión de otras y la incorporación de compresores de gas.
Sin embargo, la marcha de la causa se frenaría en seco en 2011 por decisión de la Cámara Federal, que sobreseyó y revocó los procesamientos de las personas investigadas.
López y De Vido no se encontraban por entonces en ese grupo, pero sí muchos de los que ahora enfrentan la acusación en el juicio, como Néstor Ulloa, el funcionario a cargo de la administración del fideicomiso que financió las obras de ampliación de los gasoductos.
Las empresas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora del Gas del Sur fueron la licenciatarias y la firma Skanska, en tanto, fue contratada para ejecutar las obras. En una, como adjudicataria directa; en la otra, como subcontratada por la empresa Odebrecht, protagonista de la megacausa de corrupción que se extendió por toda la región.
Después del fallo de la Cámara, el expediente Skanksa permaneció casi clausurado hasta la revalidación judicial de un material que reactivó todo el caso.
Era un audio que la Justicia recuperó al inicio del proceso en un allanamiento. En él, un alto directivo de Skanska, Javier Azcárate, admite ante un auditor de la empresa, Claudio Corizzo, haber pagado sobornos para quedarse con la adjudicación de obras públicas en el país. Reconoce a su vez el uso de facturas truchas para justificar el desembolso de sobornos a funcionarios del Enargas y Nación Fideicomisos. Es decir, la hipótesis inicial del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart.
“Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos”, señala Azcárate en la grabación. “Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares”, dice en otro de los tramos, y también: “Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación”.
El audio había sido desestimado en un principio por la Cámara por no haber haber nacido de una orden judicial, sino de una investigación interna de la empresa. El argumento fue que Azcárate había sido engañado en aquella conversación, grabada de manera subrepticia.
Pero, en 2015, la Corte Suprema reabrió la posibilidad de validarlo y la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, terminó de incorporarlo a la causa. “En la sociedad, además del infractor y el Estado, existen las víctimas y los no infractores, y ellos también tienen derechos”, marcó Gemignani.
Con la grabación de Azcarate recuperada, el fiscal Carlos Stornelli pidió la nulidad de los sobreseimientos y la causa volvió a cobrar fuerza.
En el juicio, el fiscal Córdoba mantuvo la acusación para ocho exdirectivos y gerentes de Skanska, y para ellos pidió cuatro años y seis meses de prisión. Además de Azcarate, que era gerente comercial, figuran el máximo responsable de la empresa en la región, Mario Piantoni, y el presidente de la empresa en el país, Gustavo Vago, y los directivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba.
En cambio, para los otros 17 enjuiciados pidió la absolución.
De Vido y López
De Vido se expone este lunes a sumar una nueva condena a su historia en la Justicia. Arrastra cuatro condenas, de las cuales está firme solo una, la de la tragedia de Once, por la que cumple prisión domiciliaria en una quinta de un barrio cerrado de Zárate.
El exministro de Planificación también está siendo juzgado en Sueños Compartidos, el juicio donde se revisa el programa de viviendas sociales que manejó la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de los hermanos Schoklender. El fiscal Diego Velazco pidió seis años de cárcel para el exfuncionario, la máxima por fraude al Estado.
En ese proceso López también está bajo la misma acusación fiscal y se expone a sumar seis años de prisión a la pena unificada de 13 años de prisión por Vialidad y la causa por los bolsos en el convento.
Con infomacion de La Nación
