La ampliación fue presentada ante el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, a pesar del anuncio de Alberto Fernández de abonar los fondos correspondientes a CABA a través de bonos
Elisa Carrió y un grupo de dirigentes de la Coalición Cívica (CC) ampliaron la denuncia contra el presidente Alberto Fernández por el hecho de haber anunciado, en un principio, que no que se iba a cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el porcentaje de Coparticipación que el gobierno nacional debe devolverle a la Ciudad de Buenos Aires.
En la ampliación presentada ante el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, a pesar del anuncio de Alberto Fernández de abonar los fondos correspondientes a CABA a través de bonos, pidieron que se sume a los investigados al Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, quien en nombre del Gobierno nacional hizo presentaciones en el expediente que está en la Corte Suprema de Justicia. La investigación fue delegada por Rafecas en la fiscalía a cargo de Ramiro González.
La semana pasada Carrió y la Coalición Cívica habían denunciado por el incumplimiento de la sentencia al Presidente; los ministros Sergio Massa (Economía) y Eduardo De Pedro (Interior); el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. La denuncia les imputaba los delitos de desobediencia, alzamiento, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La ampliación de la denuncia -para apuntar también a Zannini- lleva las firmas de Carrió, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el jefe del bloque de diputados nacionales Juan Manuel López; las diputadas nacionales por la Ciudad Mariana Zuvic y Paula Oliveto; los legisladores porteños Hernán Reyes, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero y Lucía Romano; y el presidente de la CC ARI porteña, Claudio Cingolani.
El martes pasado el gobierno nacional había pedido, mediante escritos presentador por Zannini que se suspenda los efectos de su propio fallo en donde se le ordenó al Estado Nacional, a través de una medida cautelar, que entregue el 2,95% de los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. En las presentaciones hechas por el Procurador del Tesoro, el presidente Fernández había recusado a los ministros de la Corte Suprema y planteado la revocatoria del fallo dictado la semana pasada, con efecto suspensivo y que, “oportunamente”, se deje sin efecto la resolución que había favorecido al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. En aquella presentación se señaló que el fallo del máximo tribunal fue “arbitrario, injusto y parcial”.
En la ampliación de la denuncia de Carrió y la CC se explica que: “Las dos presentaciones judiciales efectuadas por el Procurador del Tesoro de la Nación evidencian una notoria ignorancia del derecho vigente y un alzamiento de manera flagrante y directa contra la cabeza de uno de los poderes del gobierno federal. Consiguientemente, resulta necesario que dichas presentaciones se pongan en conocimiento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a fin de que aquel evalué la conducta de los doctores Carlos Alberto Zannini —Procurador del Tesoro de la Nación— y Horacio Pedro Diez —Subprocurador del Tesoro de la Nación”.
Y agregan que: “El Procurador del Tesoro de la Nación solicitó a los miembros del tribunal que se excusen de continuar interviniendo en la causa, planteando en subsidio su recusación; y, además, interpuso una revocatoria a fin de que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el pasado 21 de diciembre. A nuestro juicio, dichas presentaciones judiciales terminan de demostrar, reiteramos, que estamos frente a un plan organizado por el Presidente de la Nación y los ministros referidos para alzarse contra la Corte Suprema y, así atentar contra la división de poderes —que, como es sabido, es el pilar esencial sobre el cual se construye el sistema republicano de gobierno— y el orden constitucional”.
La denuncia remarca que las presentaciones judiciales realizadas por Zannini :”Carecen de una debida fundamentación dado que se limitan a manifestar que los ministros de la Corte Suprema ‘prejuzgaron’ por el simple hecho de dictar una medida cautelar en favor de la Ciudad de Buenos Aires”.
“El dictado de una medida cautelar en ningún caso puede implicar per se un prejuzgamiento, tal como erróneamente pretende afirmar el Procurador del Tesoro. Por lo tanto, no es cierto que la sentencia anticipe definiciones sobre el fondo del debate planteado. Es por ello que, insistimos, dichas presentaciones judiciales tienen como único objetivo desobedecer un fallo de la Corte Suprema, planteando un conflicto entre dos poderes del sistema republicano, a fin de perjudicar a la Ciudad de Buenos Aires”, concluyeron.
En la ampliación de la denuncia los dirigentes opositores pidieron medidas de prueba: que se certifiquen los escritos presentados por Zannini y que se sumen al expediente las declaraciones de los denunciados en los medios de comunicación.
